Si en algo estaríamos de acuerdo los mexicanos y veracruzanos es que entre los males, no únicos, pero sí graves y muy arraigados, que aquejan a nuestra sociedad y gobiernos, se encuentra la opacidad en el manejo de los recursos públicos y en los actos ilícitos que se cometen impunemente, desviando fondos de sus fines sociales en beneficio particular indebido. En una palabra, en la persistencia de la oscuridad en la rendición de cuentas y la corrupción desde el poder, que hacen del régimen político una democracia precaria, de simulación y enriquecimiento de funcionarios públicos y particulares cómplices, no obstante los avances tenidos en los últimos años en el marco legal de la fiscalización de cuentas, apertura de la información gubernamental y el combate a la corrupción.
Desde las campañas electorales fueron temas de todos los candidatos y lo son aún más, ahora que se ha instalado el nuevo congreso federal y se aproxima el relevo en la Presidencia de la República. En el escenario de la transición gubernamental, en vísperas de un nuevo gobierno, los actores políticos, junto con ciudadanos, coinciden en la percepción de la necesidad de mejorar la legislación, crear o hacer más eficaces los órganos existentes de transparencia y acceso a la información, contralorías internas, auditoría gubernamental e investigación de delitos cometidos por servidores públicos.
Está abierto el debate con el objeto de darle un nuevo impulso a la transparencia y el acceso a la información, a la rendición de cuentas y a la eficacia y honestidad del sector público; ya hay una gran variedad de iniciativas de reformas, unas presentadas, entre ellas la preferente del presidente Felipe Calderón a la Ley de Contabilidad Gubernamental, para transparentar información financiera de estados y municipios; las anunciadas por el presidente electo Enrique Peña Nieto para fortalecer el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), por cierto, uno de los pocos logros democráticos del gobierno panista de Fox; y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, además de otras en vías de hacerse, anticipadas por los demás partidos políticos. Sin embargo, ante la división de fuerzas en el Congreso federal, el problema será alcanzar los acuerdos para definir los alcances y diseño institucional que deben tener las reformas, y sobre todo, que las propuestas sean viables y eficaces, y no sirvan únicamente de banderas políticas de coyuntura para ganar legitimidad de corto plazo. Se oyen los ecos de la renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid y su campaña a la presidencia en 1982.
lAS INICIATIVAS DE peña nieto
La dificultad de entrada que presentan las iniciativas del presidente electo, las que serán presentadas por los grupos legislativos del PRI en el Congreso de la Unión, ya que Peña Nieto aún no tiene facultades legales para hacerlo, es que se plantean como reformas a la Constitución de la República. Tanto la elevación del IFAI como órgano constitucional autónomo, como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción por los alcances que pretenden, requieren de la aprobación por mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados y la posterior aprobación de los congresos en la mayoría de las entidades federativas, un proceso que podría no ser tan rápido, como el equipo de transición prevé en exceso de optimismo, y, por ello, no hay que descartar que llegado el próximo 1 de diciembre, Peña Nieto asuma la Presidencia de la República sin haberse aprobado tales reformas a la Constitución.
Aparte de la forma, el contenido será polémico en algunos aspectos. En cuanto a la reforma en materia de transparencia, no tanto la autonomía constitucional del IFAI, ni aumentar de 5 a 7 el número de consejeros, tampoco conceder la facultad de nombramiento al Senado (ahora la tiene el Presidente de la República), o eliminar temas reservados, sino la regulación e injerencia que este órgano autónomo tendrá sobre las entidades federativas. Una facultad ya anunciada es que será una segunda instancia para conocer de las resoluciones de los organismos autónomos estatales sobre acceso a la información, pero se ha enunciado que se pretende ampliar su competencia a todos los gobiernos del país.
Más controvertida podría ser la Comisión Nacional Anticorrupción. Este organismo formado por cinco comisionados reemplazaría a la Secretaría de la Función Pública, dejando los órganos internos de control en las dependencias gubernamentales, pero absorbería a las fiscalías especializadas en delitos cometidos por servidores públicos. No hay aún precedentes en el país de la facultad que se le quiere dar sobre ejercicio de la acción penal. La Comisión tendría facultades de investigación ministerial, de ejercicio de acción penal y consignación de presuntos responsables ante el juez, atribución hasta ahora reservada al ministerio público. Al igual que la antes mencionada reforma en materia de transparencia, se pretende también que esta comisión tenga jurisdicción en los tres órdenes de gobierno.
En ambos proyectos se observa una tendencia centralista que hay que evaluar con detenimiento y prudencia, ya que podría ser excesiva y chocar con la autonomía de los gobiernos estatales y municipales y ser extraña a los principios de un régimen federal.
Aspirantes al Orfis
A la mitad del camino en la ronda de entrevistas a los 26 aspirantes, sólo quedan dos días más, hoy y mañana, para que la Comisión de Vigilancia cierre esta etapa de evaluación, ayer modificaron el orden programado y adelantaron, no se sabe por qué, las entrevistas de Lorenzo Antonio Portilla, el Director de Control y Evaluación de la Contraloría del Estado, y Clara Luz Prieto, ex contralora del estado y actual funcionaria del Congreso, y cambiaron el turno a Arturo Acosta y a Antonio Gómez Pelegrín.
Lorenzo Antonio Portilla, uno de los profesionales de la auditoría pública más solventes, considerado por ello entre los que llegarán a la final, con muchas posibilidades de ser designado, comentó que en su exposición se centró en los temas básicos de técnica contable, la transparencia y la rendición de cuentas, destacando el marco legal del Órgano de Fiscalización Superior, la ejecución de las auditorías y en el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Después del miércoles, en los tres días hábiles siguientes, la Comisión de Vigilancia deberá depurar la lista y formular una terna, indicando en ésta un orden de prelación, misma que propondrá al Congreso para votación. La sesión extraordinaria sería a principios de la próxima semana, posiblemente el martes 18. Será nombrado Auditor General para los siguientes siete años el primero de esta terna que alcance la mayoría calificada de los diputados presentes. Se agota el proceso selectivo.
