Colocados en la transición hacia un nuevo periodo de la Presidencia de la República, que iniciará el 1 de diciembre, cuando ya se ha instalado el nuevo Congreso de la Unión y el presidente electo, Enrique Peña Nieto, ha comenzado, por medio de las bancadas de su partido, a dar forma a sus proyectos de gobierno, de manera indirecta, pero clara, se muestran signos de una visión centralista que pretende alterar el actual equilibrio entre el gobierno central y los estados de la República.
La forma de gobierno del Estado mexicano, como República representativa y democrática, con división de poderes, es también federal, un principio organizativo que prevé la existencia de dos órdenes normativos e institucionales de competencias diferenciadas, por un lado los poderes federales, y por el otro las entidades federativas y municipios, que si bien no es rígido y puede cambiarse, alcanzan actualmente un balance de facultades y poderes, al que el proyecto de Peña Nieto se propone modificar, en detrimento de los estados de la República.
Este equilibrio del pacto federal, que ya es desventajoso a los estados y municipios en diversos aspectos, como por ejemplo el fiscal, sabido que el gobierno central se lleva el grueso de la tributación y concede participaciones precarias a las entidades federativas, en desarrollo social, donde el presupuesto federal de combate a la pobreza supera infinitamente el que disponen los estados, entre otros, en vez de revertirse en una mayor descentralización del poder y los recursos, en sus primeros proyectos Peña Nieto se ha definido por el centralismo.
Sin objetar los propósitos de transparencia gubernamental y las acciones anticorrupción de sus primeras iniciativas –o de la regulación de publicidad oficial que anticipó–, ni la necesidad de mejorar los resultados en dichas áreas, los medios elegidos por Peña Nieto y su equipo promueven el centralismo con la dotación de facultades a entes públicos nacionales sobre los estados de la República. Por ello, el procedimiento seleccionado ha sido la reforma constitucional. Con ella, se otorgarían al Congreso de la Unión las facultades para legislar en dichas materias y las atribuciones a los órganos centrales creados, que aunque se le conceda el estatus de autónomos, igual tendrían competencia jerárquica sobre los estados de la República y municipios.
No se puede ocultar el endeudamiento de los estados de la República ni su debilidad fiscal, o en seguridad pública y combate a la pobreza, tampoco la corrupción y oscuridad en sus cuentas, pero tampoco parece ser la solución subordinar a estos poderes a nuevos órganos centrales o alguno de los ya existentes.
LÍmites al poder
El centralismo ha sido históricamente una fuerza de cohesión del estado nacional, la cual en su evolución se plasmó en el viejo régimen político, que como es sabido, la fachada federal estaba sometida al Presidente de la República. El pluralismo de la sociedad mexicana, como en toda democracia, requiere de fijar límites a la centralización del poder, a fin de que no derive en tiranías; el reconocimiento de autonomías en los gobiernos locales, propio del esquema federal, junto con la división de poderes y la Constitución y los derechos fundamentales, son precisamente la arquitectura de esos frenos y contrapesos.
Los 20 gobiernos estatales emanados del PRI enfrentan una situación delicada. Los gobiernos estatales ganaron autonomía política con la alternancia del PAN en la Presidencia de la República, al perder el viejo régimen el núcleo del sistema de dominación, aunque padecieron desde la presidencia de oposición restricciones económicas y vulneración de autoridad. No pocos gobernadores del PRI (y del PRD) abusaron de las finanzas públicas y consolidaron cacicazgos o feudos, camarillas políticas locales para la transmisión del poder regional. Ahora que el PRI está de regreso en la Presidencia de la República, el presidente electo manda señales de querer fortalecer al gobierno central (pese al discurso de presidencia democrática) y no podrán de frente ni con sus legisladores federales oponerse a la tendencia centralista que se abre paso en el nuevo gobierno. ¿Habrá propuestas de descentralización administrativa o de nuevo federalismo?
Paradójicamente, la defensa del federalismo podría venir de la oposición, ya que las reformas constitucionales planteadas necesitan del consenso en el Congreso para poder ser aprobadas.
Por otro lado, sin desconocer su importancia, resulta de poco alcance en los problemas nacionales de crecimiento económico, empleo, pobreza, seguridad o educación, arrancar iniciativas de nuevo gobierno con temas de transparencia y combate a la corrupción.
