En el auge de novedosas o refriteadas iniciativas de ley y su proceso legislativo, motivado por la instalación de un nuevo Congreso de la Unión y el principio de la transición del Poder Ejecutivo federal, ayer el grupo legislativo del PRI en el Senado presentó su propuesta de reformas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, las difundidas hace unos días por el presidente electo Enrique Peña Nieto, que ya han levantado comentarios controvertidos.
La formulación de la iniciativa de reforma a 10 artículos de la Constitución de la República tiene al menos la ventaja de que permite hacer un análisis de un texto formal, pues ya no se trata de opinar sobre una conferencia o de un comunicado de prensa, sino de una propuesta legal.
Un balance general de sus planteamientos lleva a reconocer aspectos positivos, junto a riesgos y dificultades de aplicación. Desde una perspectiva ciudadana, sin duda que debe considerarse conveniente el fortalecimiento del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), en particular su redefinición como órgano constitucional autónomo, con presupuesto y patrimonio propio, y la extensión de sujetos obligados a la apertura informativa (sólo se excluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación); así como la regulación normativa estandarizada, en el marco constitucional y en una legislación federal secundaria, que obligue tanto a las entidades federales como a los gobiernos estatales sobre la materia. Sin embargo, se observan al menos dos situaciones problemáticas. Una es que se mantiene el actual esquema de nombramiento de los consejeros del IFAI (que aumentarían de 5 a 7), según el cual, es facultad del Presidente de la República hacerlo, y puede oponerse el Senado, por mayoría. Dejar esta forma de nombramiento, se señala, restaría independencia al llamado «organismo garante» del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Más polémica es la competencia planteada sobre los órganos estatales de acceso a la información. Además de que se trata de un diseño centralista que constituiría una estructura de supra a subordinación que restaría a autonomía a los estados, no se sabe si los autores del proyecto han calculado la sobrecarga de trabajo y demanda presupuestal que generarían en el IFAI recargado y con «dientes». La iniciativa confiere al IFAI competencia para conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, lo que significa abrir una segunda instancia revisora, con implicaciones no sólo de jerarquía nacional, sino de demoras resolutivas y sobre todo de volumen de actividad para el IFAI.
Un dato del centro de investigación Fundar revela el tamaño del problema. En 2011 todos los órganos garantes de la transparencia y acceso a la información en los estados resolvieron en total 17 mil recursos de revisión. Considerando esa cifra como trámites promedio, si bajo el nuevo esquema propuesto una parte de éstos impugnara en segunda instancia ante el IFAI, ¿de qué dimensiones tendría que ser su burocracia y la asignación de presupuesto para atenderla?
Ya veremos cómo le va a esta iniciativa en el proceso legislativo, y si hay alguna respuesta a estos cuestionamientos.
Primeras piedras
Además de verse como politiquería lambiscona del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, haber escogido a la ciudad de Córdoba, no por otra cosa, sino por ser el suelo adoptivo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, para realizar un «palacio de justicia» del que pusieron la primera piedra, no pocos en el Poder Judicial advierten sobre el nuevo negocio del magistrado Sosa.
El presidente municipal declaró que el ayuntamiento donó al Poder Judicial el terreno, y que sería construido con recursos de ese poder, la cifra que se maneja es de 23 millones de pesos y un tiempo de construcción de 8 meses.
Se ha puesto la primera piedra para la foto del edificio de cuatro niveles proyectado para alojar en esa ciudad un juzgado menor, 2 juzgados de primera instancia y el centro de mediación regional, pero no se sabe de convocatoria alguna para su construcción.
Si el Poder Judicial realizará la obra, habrá que estar pendiente del procedimiento para adjudicarla y el costo, dados los antecedentes truculentos de la sosa nostra en la Judicatura. De las obras para este poder inauguradas, el magistrado Sosa y su banda sólo le han podido meter la mano directa a la asignación a una de ellas. No adjudicó su administración la construcción de las oficinas en Cosamaloapan ni la recién estrenada de Veracruz. Es conocida la historia del edificio judicial en construcción en Xalapa, la que dejó un tufo a chanchullo. Se entregó esta obra a una constructora sin experiencia, bajo sospecha de favoritismo y a precio inflado. Contrataron aquí, se recuerda, a un monto de 181.9 millones de pesos, un sobreprecio de más de 24 millones sobre otras ofertas presentadas en ese concurso; además superior entre 50 y 60 millones de pesos sobre el proyecto original elaborado por el anterior Consejo de la Judicatura.
Ni quien discuta la necesidad de mejorar las instalaciones para el Poder Judicial, pero no de una buena obra, hecha con recursos públicos, debe salir para la jubilación dorada del magistrado Sosa.
Comisiones legislativas para iniciativas preferentes
Comienzan a aparecer los legisladores veracruzanos en las comisiones especiales del Congreso que dictaminarán las dos iniciativas preferentes enviadas por el presidente Felipe Calderón.
Participa el senador del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, en la comisión plural de 31 senadores que analizará las reformas a la ley de contabilidad gubernamental, que entre otros aspectos busca hacer más transparente la rendición de cuentas y controlar la gestión financiera de estados y municipios.
Y en la comisión de 30 diputados que estudiará la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hay dos veracruzanos, aunque uno de ellos, el priista Luis Ricardo Aldana, en realidad no tiene arraigo en el estado y es una posición del sindicato petrolero. El otro es el diputado del PAN, Juan Bueno Torio, quien como representante de su partido y la Presidencia remará contra la corriente del bloque sindical, que ya ha levantado un dique para la reforma laboral de Calderón.
