ASUNTOS PÚBLICOS: Protección a defensores de derechos humanos y periodistas

Reconocido el problema nacional de las crecientes agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas en el entorno de violencia e impunidad que prevalece en el país, debido, entre otros, al combate que libra el Estado Mexicano contra la delincuencia organizada, tanto el Gobierno Federal como el estatal vienen planteando diversas medidas para la protección de estas personas en condición vulnerable por su actividad social.

Mientras que en el Estado, a iniciativa del gobernador Duarte, está en vías de creación un organismo constitucional autónomo para la protección de periodistas, que como se sabe ya ha sido aprobado en primera vuelta, a nivel federal ya existe una ley la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue aprobada el pasado mes de junio por el Congreso de la Unión.

En esa coincidencia de propósitos y en el marco de la citada ley, hoy el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, firmará con la Secretaría de Gobernación un convenio para coordinar acciones.

Esta ley, por definición de orden público, interés social y de observancia general en toda la república, incorpora a los gobiernos estatales con la Federación en la responsabilidad de implementar y operar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Esquema centralista del mecanismo

La mencionada ley, como la reciente reforma al artículo 73 de la Constitución federal, mediante la cual se concede a la PGR facultades de atracción sobre delitos cometidos contra periodistas, sigue la tendencia al centralismo. En la integración y operación del llamado «mecanismo para la protección», prevalece la estructura del Gobierno Federal, domina en la junta de gobierno y el consejo consultivo, apenas atenuados por la representación de periodistas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de ONGs, pero tienen el control completo del órgano sustantivo, la Coordinación Ejecutiva Nacional, a cargo de la Secretaría de Gobernación. Es secundaria la participación de los estados. Precaria en la junta de gobierno, a través de un representante de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), con derecho únicamente a voz, y sólo un poco más amplia, a través de convenios de cooperación como el que hoy se firmará, con la Coordinación Ejecutiva, representada por la Omeheira López Reyna, quien se desempeñaba como titular de la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Segob.

Más allá de la estructura burocratizada y centralista del diseño –la junta de gobierno y el consejo consultivo–, que podrá servir como foro de discusión y adopción de políticas, queda en la actividad sustantiva. Por un lado, la Coordinación Ejecutiva, integrada por tres unidades, la de recepción de casos y reacción inmediata, evaluación de riesgos y de prevención, seguimiento y análisis, áreas burocráticas donde se tramitarán y concederán las solicitudes de protección a las personas y sus familias que se consideren bajo riesgo. Asimismo, el grupo de medidas de protección financiadas con un fondo federal especial y los riesgos a los que pretende responder, estos derivados de la actividad específica, la defensa de derechos humanos y el periodismo.

Las medidas urgentes de protección se tramitan en procedimiento extraordinario y deben resolverse en un mínimo de 3 horas; incluyen: evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados y protección de inmuebles. Las medidas de protección no urgentes incluyen entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras y otras medidas de seguridad en las instalaciones, chalecos anti balas y autos blindados. Y las preventivas tales como instructivos, manuales, cursos de auto protección y acompañamiento de observadores.

Medidas de prevención y convenios de cooperación

De acuerdo con la Ley, los gobiernos estatales, en el ámbito de sus competencias, están obligados a desarrollar e implementar medidas de prevención, entre otras, recopilar y analizar información para evitar agresiones potenciales y diseñar «sistemas de alerta temprana y planes de contingencia» para evitar agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. También promoverán el reconocimiento público y social de la actividad de la defensa de derechos humanos y periodistas, y no sólo condenarán, sino investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.

En cuanto a los convenios de cooperación, tendrán por objeto hacer efectivas las medidas previstas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Las acciones conjuntas comprenderán: designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el objeto de la ley, intercambio de información y de experiencias técnicas y capacitación, y el seguimiento de las medidas previstas.

Habrá que ver cuál es el contenido concreto de la cooperación que hoy se formaliza entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación.

De lo que no hay duda es de que los ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos son reflejo del contexto de la violencia e impunidad que agobia a toda la sociedad mexicana y de la que Veracruz no está aislado. La protección a esta clase especial de personas vulnerables, por su acción social, debe atenderse en el marco más general de una nueva estrategia gubernamental para reducir la violencia y la inseguridad.