ASUNTOS PÚBLICOS: Garantizar la libertad de expresión

En una exaltación de la libertad de expresión –y que no era el día conmemorativo– se convirtió la firma del convenio de cooperación suscrito por el gobernador Javier Duarte de Ochos con la Secretaría de Gobernación para implementar en el estado el mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

Aunque al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en las postrimerías del sexenio, se le hizo poca cosa el evento y mandó a la titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo de Protección, Omeheira López Reyna, quien se vio con titubeos y desconectada en su improvisado discurso, el gobernador Duarte aprovechó la ocasión para refrendar no sólo su respeto a la libertad de expresión, sino también su compromiso en garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y los que hacen de la comunicación su oficio cotidiano.

Conocida la oleada de crímenes presuntamente de la delincuencia organizada sobre personas vinculadas a los medios de comunicación en Veracruz, acaecidos el año pasado y en la primera mitad de éste, por fortuna disminuidos, como la criminalidad en general en el estado, el gobernador no eludió el tema en su intervención. Al contrario, sostuvo que la única manera de superar los problemas es reconocerlos, atender sus causas y consecuencias, por lo que conscientes de la nueva situación que rodea al ejercicio periodístico, Veracruz ha puesto en marcha diversas acciones para atender esta circunstancia, mencionando su iniciativa para la creación como órgano constitucional autónomo de la Comisión para la Atención y Protección a Periodistas.

No obstante que el mecanismo federal corre en paralelo con las medidas estatales en marcha y en el que habrá de cuidarse no haya duplicidad, el gobernador manifestó su adhesión a la coordinación federal, asumiendo la responsabilidad de generar las condiciones legales y formales para el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión y de la promoción y defensa de las garantías ciudadanas.

Avales
Como avales de la confianza del compromiso del gobernador y de su voluntad de proteger la libre expresión y los derechos humanos en Veracruz, cabe mencionar la presencia en la firma del convenio de cooperación con la Segob, del oficial de Derechos Humanos en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, y de la relatora de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Laura Salas Sánchez, además de la participación en una videoconferencia, dentro del foro «Libertad de expresión y medios de comunicación: Hacia un mecanismo de protección a periodistas», de la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carolina Botero.

Impunidad
Junto al tema de la libertad de expresión y su importancia en la creación de la opinión pública y la vida democrática, así como de riesgos actuales del oficio periodístico y las formas de protección estatal, no faltaron los señalamientos a la cultura de la intolerancia a la crítica de funcionarios públicos, vertiente tradicional de las agresiones a periodistas, que en la nueva problemática de violencia ha pasado a segundo plano. Hay elementos para suponer que el mayor peligro ahora proviene de la delincuencia organizada, por lo que aparte de la seguridad preventiva, tan importante o más que ésta, es que no haya impunidad en las agresiones.

No hubo menciones, sin embargo, a los casos presuntamente esclarecidos por la Procuraduría del Estado, a los homicidios del grupo de foto reporteros del Puerto de Veracruz y del reportero de Xalapa, Víctor Báez, de los que se dijo, había en los expedientes ministeriales federales y estatales confesiones de autoría por parte de los miembros capturados una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La atracción que del caso hizo la Procuraduría General de la República, extrañamente, desestimó las confesiones y no ejerció acción penal por los delitos de homicidio, sino únicamente por delitos contra la salud, narcomenudeo, posesión ilegal de armas y asociación delictuosa.

El efímero éxito de la Procuraduría del Estado, al parecer, fue escamoteado por grillas con el saliente gobierno federal. ¿Habrá que esperar al cambio de gobierno para saber la verdad? Lo cierto es que legalmente esos crímenes, como los demás a comunicadores del estado, siguen impunes.

¿quiÉn protege a Villalobos, el socio de Yunes linares?

Aunque cada vez son más medios periodísticos los que han dado cuenta de las imputaciones de ilícitos que pesan sobre Jesús Villalobos López por un fraude de 400 millones de pesos cometido a su paso por el ISSSTE (donde actuó como operador de negocios de Miguel Ángel Yunes Linares), el joven sigue despachando en la también defraudada institución de Pronósticos para la Asistencia Pública. Muchos ya han tenido acceso al expediente en cuestión (ayer fue La Jornada y aquí se comentó desde fines de agosto), en el que se detalla toda la maquinación detectada por el órgano de control interno del ISSSTE para pagarle a una empresa servicios de inventario que nunca se hicieron. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública, a la que merecidamente se pretende suprimir por inútil y encubridora, no avanza en la presentación de la denuncia.

¿Será que no lo hace porque se dice que Jesús Villalobos López tiene un poderoso apoyo familiar? El pariente protector, su tío, parece que responde al nombre de José Antonio Córdoba Villalobos, antes secretario de Salud, lo que explicaría porque lo acogió en su banda Yunes, y que ahora, después de su fallida pretensión de ser candidato del PAN a gobernador de Guanajuato, se reincorporó al gabinete de Calderón como secretario de Educación Pública.