ASUNTOS PÚBLICOS: Estados en la segunda alternancia

La relación de la mayoría de los estados de la República, en particular los del PRI, que son como 20, con el Gobierno Federal panista de la primera alternancia, en su segunda edición, el sexenio de Felipe Calderón, pese a las apariencias obligadas por la institucionalidad y el temor a las represalias presidenciales, no está acabando en buenos términos. Todos los mandatarios estatales, en privado, expresan sus deseos de que ya se vaya, y alientan expectativas de mejorías, especialmente económicas, para cuando asuma la Presidencia Enrique Peña Nieto –como es sabido, de origen priista– a partir del 1 de diciembre.

Y es que Felipe Calderón, de principio a fin, ha sido un presidente partidista, en tiempos electorales, jefe del PAN y golpeador de estados gobernados por el PRI o PRD, con uso faccioso de la Procuraduría y la fuerza pública, recuérdese el michoacanazo, y filtrador de acusaciones a dirigentes y cuadros político-administrativos de oposición; y en tiempos de paz política, impulsor de la hegemonía del gobierno central sobre las entidades, con el apoyo de las competencias y mayores recursos económicos que le concede la estructura federal, en los que, sin embargo, ha incurrido en subejercicios presupuestales y disposiciones discrecionales de los excedentes.

Felipe Calderón ha sido reiterativo en echarle la culpa a los estados en diversos temas y lo está haciendo hasta los últimos días. Ha intentado desplazar la responsabilidad a los estados en temas de seguridad pública y combate a la delincuencia, no obstante que ha sido suya la iniciativa guerrera sobre los cárteles, la que ha provocado, como subproducto no deseado, el incremento de la violencia en todo el territorio nacional. Recientemente ha remachado sobre la administración de las prisiones a propósito de la fuga de 131 reos en Coahuila, festinando que las fugas se dan en penales de los estados, no en las prisiones federales (olvida la fuga del Chapo Guzmán en 2001, además de que la mayoría de los presos fugados han sido del fuero federal). Otra de sus líneas de ataque, extendida también hasta el final, es la crítica al exceso de endeudamiento de los estados y a la falta de transparencia en la rendición de cuentas, temas que intenta reformar con iniciativas propias y de su partido en el actual Congreso de la Unión.

Herencia
Como su tiempo político ya pasó, en realidad hereda a su sucesor los problemas y deberá ser Enrique Peña Nieto quien replantee una nueva relación con los estados, ahora sí, la mayoría gobernada por su partido, en los temas de seguridad, finanzas públicas, infraestructura regional y pobreza, entre otros. Es inocultable el crecimiento de las deudas en estados y municipios y su carga presupuestal a largo plazo, alegada, por gobernadores, como recurso extraordinario para atender demandas locales ante las carencias de ingresos. En contraparte, tampoco se puede negar la extrema dependencia de las finanzas estatales y municipales de su raquítica participación del pastel federal. Persisten demandas aplazadas de infraestructura y necesidades básicas de una creciente población en situación de pobreza en los estados, al igual que la ausencia aún de fuerza pública local, adecuada a las dimensiones que ha tomado el combate a la delincuencia.

El boleto de cómo tratar esos asuntos será del nuevo gobierno, que gusta llamarse la segunda alternancia. A ver cómo le hace. Por lo pronto, el PRI, y también el PAN rechazaron en el Senado aprobar una iniciativa presentada por el PRD para crear un Fobaproa para deudas de estados y municipios, y preparan el dictamen sobre la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental, la que busca transparencia de éstos en sus cuentas públicas. Sin embargo, la crisis hacendaria local sigue en la agenda de la «presidencia democrática», que dice Enrique Peña Nieto ejercerá en la República.

Calderón, por lo que se ve, destilando amargura, terminará con reproches públicos a los gobiernos estatales.

Marinos
Por enésima ocasión, el Gobierno del Estado, por la vía del Congreso local, rinde homenaje a los Marinos. Hace unos meses, en la sede del Congreso en Xalapa se inscribió en el recinto oficial, con letras de oro, el nombre de la Secretaría de Marina Armada de México. Ahora, en Congreso itinerante, instalado en la propia casa de los Marinos, en Antón Lizardo, el homenaje fue para el titular de la secretaría, el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, que en su calidad de veracruzano recibió en presencia del gobernador Javier Duarte la medalla Veracruz al Mérito Ciudadano.

El reconocimiento se da a menos de un año de relanzado el operativo Veracruz Seguro, coordinado con el Gobierno Federal y comandado por la Marina. Si bien la delincuencia no se ha erradicado, se admite la disminución de la oleada criminal, en particular las matanzas o crímenes masivos, atribuidos a ajustes de cuentas y peleas por la plaza de los cárteles de la droga y otras modalidades delictivas asociadas.

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, durante su campaña electoral, firmó como uno de sus compromisos mantener a la Marina a cargo de la seguridad en Veracruz hasta que el Gobierno del Estado pudiera hacerlo con sus propios elementos.

Hace un año, para el espanto de los veracruzanos, fueron arrojados en Boca del río 35 cadáveres con signos de ejecución. El año que corre al menos no se han presentado en magnitud comparable. La entrega de paquetes funerarios se ha desplazado a otras zonas del territorio nacional, como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas.