Cuando literalmente había llegado el agua al cuello por el empantanamiento de las obras de desagüe y conducción de aguas negras en Banderilla, y la enardecida población paralizó el pasado miércoles por cerca de 10 horas la carretera federal a México, el Gobierno del Estado tuvo que entrar al rescate.
La difícil negociación para lograr desbloquear la importante vía de comunicación, conducida por la Secretaría y Subsecretaría de gobierno, representadas por Gerardo Buganza y Enrique Ampudia, respectivamente, concluyó con éxito y, por principio de cuentas, se relevó de la ejecución de la obra al ayuntamiento de Banderilla, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la empresa Xallapan, originalmente contratada por éstas para realizarla.
Ahora, como se informó, será responsabilidad del Gobierno del Estado ejecutar la obra por conducto de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CAEV), la que, se dice, será mayor en sus dimensiones y costo de lo planeado, ya que, al parecer, la proyectada e inconclusa quedó rebasada por el volumen de lluvias, situación que no fue prevista por el organismo federal, el ayuntamiento y la constructora.
Además de los montos ya aplicados, en el estado estiman se requerirán alrededor de 40 millones de pesos adicionales, mismos que, aseguran, se bajarán de fondos federales a fin de que no impacte en el presupuesto estatal.
Si bien es meritoria la solución alcanzada, que la obra tenga certidumbre de realización y que de una vez por todas hagan a un lado a quienes no pudieron con el paquete y con su dejadez generaron al estado un evitable problema, es importante clarificar los recursos económicos ya aplicados y deslindar las responsabilidades de los que intervinieron.
Entre las primeras medidas tomadas por el Gobierno del Estado al hacerse cargo de la obra, se destacó la rescisión del contrato a la empresa Xallapan, propiedad de Hugo Alberto Aguilera, cuñado del diputado Carlos Aceves, por cierto, la misma a la que le fue adjudicado entre sospechas de favoritismo y precio inflado la construcción de un edificio del Poder Judicial en Xalapa. Causó extrañeza la docilidad con que esta constructora aceptó ser rescindida, sin exigir nada a cambio, cuando en varias ocasiones en conferencias de prensa amagaban al ayuntamiento de Banderilla con una demanda judicial, advirtiendo que les saldría caro que intentaran quitarles el contrato. El colector pluvial de Banderilla es una obra que tiene su historia, ha estado señalada como uno de los varios negocios de los directivos de la Conagua con la constructora Xallapan, y por eso habría que examinar cómo estuvo, no sólo la adjudicación y su incorrecta planeación, sino también los pagos efectuados y la supervisión de la obra.
Aparte del poder de negociación que invocan en la Secretaría de Gobierno para explicar la actitud resignada de la constructora –que no se cree haya sido en aras del interés público–, reclamaban 18 millones de pesos, se sabe que uno de los instrumentos persuasivos fue la exhibición de una auditoría de la obra. Si ya se habían cobrado con lo ejecutado, habría sido fraudulento reclamar más dinero. Es común en las obras subterráneas, la corrupción, se entierra. A ver si el agua de Banderilla saca ésta a flote.
Presidencias de Comisiones legislativas
En el peleado reparto de comisiones permanentes en el recién instalado Congreso de la Unión, donde está por conocerse el resultado de las negociaciones de los grupos parlamentarios, se asegura habrá por lo menos dos que presidirán legisladores veracruzanos.
Una será en el Senado, que presidirá un Yunes, pero para no confundirse, es José Francisco Yunes Zorrilla, quien ya forma parte de la comisión especial que dictamina la iniciativa preferente enviada por el presidente Calderón para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La otra presidencia de comisión será en la Cámara de Diputados, pero su identidad está aún reservada. No se trata de Ricardo Aldana, ya que éste, aunque formalmente sea el coordinador de la bancada priista de Veracruz, es posición del sindicato de Pemex, y si es que preside alguna, que no se duda le toque alguna, no sería por la fuerza jarocha.
La terna del orfis
Hoy se vence el plazo para que la Comisión de Vigilancia del Congreso local, que preside el diputado Américo Zúñiga, dictamine sobre los 26 aspirantes al cargo de Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para los siguientes siete años. Sólo tres pasarán este filtro, sus nombres se presentarán en orden de prelación y será designado el primero que alcance la votación requerida, dos terceras partes de los diputados presentes, 34 de 50, si asisten todos.
Encabezará la lista quien entrará por la puerta y la Portilla, de nombre Lorenzo Antonio, en segundo lugar una mujer, de apellido de rango militar; y en tercero, un candidato de organismos empresariales y despachos contables de Xalapa… ¿adonde Váz quez, Sergio?
La próxima semana se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Congreso y, por los consensos percibidos, no se duda que el tema quede resuelto desde la primera ronda de votación.
