Contra los deseos perversos asociados a motivos políticos que habrían querido ver crecer la descomposición social e ingobernabilidad de Veracruz ante la delincuencia organizada que se había asentado preocupantemente en el estado, debe reconocerse que la percepción de seguridad de la población ha mejorado notablemente de un año a la fecha.
Sin que pueda tampoco decirse que ya estamos del otro lado y se ha erradicado la violencia, y ya no hay riesgos de ser víctima de las bandas delincuenciales, dado que los cárteles de la droga, ramificados en variantes delictivas, tales como extorsión y secuestro, entre otros, son un problema nacional, no es comparable, ni de lejos, la situación actual con el estado de temor que prevalecía el año pasado.
Por eso tiene credibilidad el reporte conjunto presentado hace un par de días en Córdoba por el Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, y el comandante de la zona naval de la Secretaría de Marina (Semar), Víctor Manuel Gamboa Carvallo, sobre los resultados positivos de los operativos de Veracruz Seguro contra la delincuencia.
Más allá de la retórica del discurso político, tiene sustento en la realidad el mensaje del gobernador en el que enfatizó su convicción de haber tomado a tiempo las decisiones que correspondían en materia de seguridad. Lo mismo que su afirmación de que la ley se seguirá cumpliendo, caiga quien caiga, y que ningún interés particular o persona alguna está por encima de las instituciones, del cumplimiento de la ley o del interés supremo de las mayorías. Igualmente, es creíble y merecedor de encomio el informe de que en los operativos coordinados de Veracruz Seguro, realizados por la Marina y la fuerza pública estatal han conseguido neutralizar a la delincuencia organizada y que dentro de ellos se ha detenido a más de 13 mil presuntos delincuentes, tanto del fuero federal como del común, se han asegurado más de 1,300 armas, dinero en efectivo, 5 mil 700 vehículos, así como cuatro toneladas de droga, equivalentes a 80 millones de pesos.
CAMBIO DE ESCENARIOS
El balance del operativo hace recordar los inicios de la decisión del gobernador Duarte a fines de agosto del año pasado de enfrentar de lleno a la delincuencia organizada, tomado entonces como un deslinde de la política de su antecesor (quien sostenía que los hechos de sangre eran casos aislados), y un riesgoso embarque de réplica de la cuestionada postura del presidente Calderón. En aquella ocasión, la declaratoria de combate del gobernador Duarte reconoció la presencia de las bandas y la pelea por las plazas del estado, sostuvo que no había pacto alguno, que se perseguiría a quienes violaran la ley y hasta aludió a los cómplices embozados de los delincuentes, pasando a traer desde servidores públicos hasta empresarios y periodistas.
Las reacciones a los operativos de enfrentamiento a delincuentes y las propias luchas entre ellos causaron en lo inmediato una espiral de violencia de la que no se tenían precedentes, se destaca aquel espeluznante ajusticiamiento masivo, los 35 cadáveres arrojados en la vía pública en Boca del Río en septiembre de 2011 y la consecuente generación de temor en la población y desconfianza en la capacidad del Estado de restaurar la paz social y recuperar la seguridad pública. Este año todavía hubo algunos episodios que consternaron a la sociedad veracruzana, como los crímenes de cinco personas relacionadas con el medio periodístico, 4 del mismo paquete en mayo en Veracruz y uno en junio, en Xalapa, todos con signos de la ejecución de la delincuencia organizada. Los recientes meses han sido más tranquilos.
Las cifras de incidencia delictiva del Estado, como las que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya se ha visto, en sus mínimas variantes a lo largo de los últimos años, no reflejan el cambio que tuvo la delincuencia en el estado en cuanto a su mayor presencia y peligrosidad. Pero de lo que no hay duda es en el cambio de percepción de inseguridad de la población. No se desbarató el Estado (aunque no pocos de la oposición política lo habrían celebrado) y la violencia criminal aquí ha bajado, en contraste con otras entidades donde sigue a la alza. Sin echar campanas al vuelo, ahora se trata de no aflojar el paso.
EMPRESARIOS DE CÓRDOBA
Aunque no lo dijo expresamente el gobernador, les viene la frase de «caiga quien caiga» a los empresarios de Córdoba recién detenidos por la Secretaría de Marina. Hace unos días fue aprehendida presuntamente en posesión de armas y drogas por la Semar, María Selva Perdomo Pinal, accionista del ingenio San José de Abajo y miembro de conocida familia empresarial y política de la zona; es sobrina del diputado panista Juan Bueno Torio y también de Juan Fernando Perdomo Bueno, ex secretario de Desarrollo Económico en tiempos de Chirinos y ex senador del grupo de Dante Delgado. Pocos días después, también la Semar detuvo con drogas y armas al empresario cordobés Reynaldo Bernardi Mánica, propietario de cadenas de cafeterías y gasolineras.
¿Habrá más detenidos en el caiga quien caiga?
