Asuntos Públicos: ENRIQUECIMIENTO EN CARGOS PÚBLICOS

Las ostentosas mansiones recién estrenadas por Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, cada quien la suya, en la zona de la conurbación Veracruz-Boca del Río, conocida como la Riviera, cuyas imágenes fueron difundidas en días pasados en medios de comunicación, la del padre calculada en 45 millones de pesos y la del hijo en 35, además de ser ofensivas por su excesivo costo en un estado y país de pobres, reabren el tema de la corrupción y el enriquecimiento hasta hoy impune de esta familia en los cargos públicos.

No son nuevos los señalamientos de corrupción y riqueza mal habida para el jefe del clan, Miguel Ángel Yunes Linares, de sobra conocidos por cualquiera medianamente informado. De origen modesto en Soledad de Doblado, su familia fabricaba artesanalmente escobas, él aprendió a barrer el presupuesto público, y se elevó para construir una inmensa fortuna dedicado a la política; primero en el PRI y en la última década en el PAN.

Nadie ignora su arribismo político y el lucro económico obtenido en todos los cargos por los que ha pasado; de los aeropuertos y servicios auxiliares en los ochentas, la Secretaría de Gobierno del Estado y la administración de penales federales en los noventas (ahí su banda dejó salir al «Chapo» Guzmán), hasta la dirección general del ISSSTE, el más reciente protegido por Felipe Calderón, de diciembre 2004 a febrero de 2010, donde aún tiene innumerables y multimillonarios expedientes de corrupción abiertos; basten citar de esta última etapa, los desvíos acusados por diversos sindicatos por varios miles de millones de pesos, los contratos amañados de medicamentos y comunicaciones o las transas de triangular operaciones de servicios de las fiestas del Bicentenario observados por la Auditoría Superior de la Federación en el Turissste, hasta los contratos de servicios por cientos de millones de pesos que fueron pagados sin realizarse, en los que también está implicado su director de finanzas y «sucesor» en el ISSSTE, Jesús Villalobos López, actual director de Pronósticos para la Asistencia Pública. Su estilo de vida opulento no es un secreto. Viaja por Europa para relajarse de las derrotas políticas, tiene propiedades en Miami y su piso en New York, y ahí acude a ver al médico para curarse una luxación en el tobillo. El cinismo político de Yunes es impresionante, no obstante la larga cola de corrupción que le sigue en su trayectoria, aparte de los casos de pederastia en que ha sido involucrado, y de autoritarismo, tiene el descaro de presentarse como honorable y democrático ciudadano que busca el bien común de la sociedad veracruzana, sin sonrojarse en acusar al político rival de deshonesto y mal gobernante. La paja en el ojo ajeno.

Construirse en el estero –donde ya tenía una mansión– otra más de 45 millones de pesos, como para lucir en Town & Country o en Ricos y Famosos, es como quitarle un pelo al perro. Pero sin duda enriquecimiento ilícito explicable, que debe ser investigado por el próximo gobierno federal, una vez retirada la protección política de Felipe Calderón. Es un evidente prospecto a juicio para la comisión anticorrupción que se integrará con el nuevo gobierno.

Hijo de escobero, pepenador
Seguidor de la escuela corrupta de la dinastía creada por su padre, es Miguel Ángel Yunes Márquez, de corta pero rapaz carrera política. A la sombra del padre, Miguel Jr, el Chiquiperro, ha escalado rápidamente y no puede ocultar, ni quiere, la riqueza súbita que se ha agenciado en pocos cargos. Ingresó a la política apenas en 2004, como diputado local plurinominal del PAN –cuota a la familia por el cambio de su padre al PAN–, fue presidente municipal de Boca del Río de 2008 a 2010, y es coordinador estatal del programa Oportunidades desde diciembre del año pasado. ¿De dónde sacó para construir una mansión de 35 millones de pesos?, ¿se la compró su apá, del sobrante del saqueo que por años ha hecho al erario público? o ¿ladronde salió?, porque de sueldos nomás no da la cuenta. Ni ahorrando el 100% de todos sus ingresos.

Es posible que ahora que deje el cargo federal de Oportunidades, el programa clientelar más cuantioso de la Presidencia de la República, se detecte en donde hizo su cochinito, pero de lo que no hay duda es que algo le tocó de la administración municipal de Boca del Río.
Si se revisa el Informe del Resultado a la Fiscalización de las cuentas del municipio de Boca del Río, tan sólo del último año de la gestión de Yunes Márquez, el ejercicio fiscal de 2010, se encuentran graves incongruencias en el dictamen rendido por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Inexplicablemente, el Orfis de Mauricio Audirac, benevolente al extremo de presumirse algún arreglo, revisable, a pesar de señalarle irregularidades que serían merecedoras de calificar un daño patrimonial, se las rebajó a inconsistencias administrativas sin presunta «responsabilidad resarcitoria de servidores públicos involucrados por un posible daño a la hacienda municipal». Agotado el proceso de aclaraciones o solventación en octubre del año pasado, la auditoría del Orfis concluye con 75 observaciones (49 financieras y 26 técnicas) y 7 recomendaciones. Hay mucha tela para investigación. Dejó una cuenta por pagar de casi 32 millones de pesos, de los cuales 30 son de proveedores y prestadores de servicios, sin dejar disponibilidad para cubrirlos, rebasando el presupuesto de gasto, no obstante haber tenido más ingresos de los previstos. Hay también una duplicación de registro por un monto de 23 millones de pesos, numerosas operaciones de supuesta entrega de objetos utilitarios a damnificados sin evidencia de su recepción (hasta notebooks como ayuda asistencial), familiares del presidente municipal Yunes Márquez y del síndico Ricardo Cuevas Segura en nómina, obras públicas adjudicadas directamente que debieron por su monto contratarse por licitación pública y proyectos de los que no se tienen constancias de haber realizado obras conforme a ellos. El caso de la basura llama la atención. De una partida autorizada para arrendamiento de maquinaria y equipo de transporte para recolección de desechos sólidos por un monto de 32 millones 200 mil pesos, la administración de Yunes Márquez se disparó sin autorización ni justificación hasta 57 millones 110 656 pesos. Lo curioso es que de enero a noviembre erogaron 30 millones 928 mil 497 pesos, sin embargo, en diciembre, en su último mes, se originaron y pagaron por ese concepto 24 millones 334 mil 294 pesos. La observación refiere con claridad «situación que no se encuentra aclarada y de la cual no presentaron la documentación referente al procedimiento de licitación y/o dictámenes de excepción a la licitación; por lo que no existe justificación de la necesidad del incremento del gasto y además no existe evidencia de los servicios prestados o trabajos realizados por cada proveedor y/o prestador de servicio durante el ejercicio». Agrega el informe que el ayuntamiento cuenta con el personal capacitado (sindicalizado, de confianza y eventual) para efectuar la labor de recolección, limpieza de calles, camellones, parques y playas, por lo que no se justifica la adjudicación directa. Tampoco mencionan el nombre del proveedor al que se adjudicarían los servicios ni la especificación del tipo y cantidad de maquinaria y equipo de transporte requerido. Y remata: No fueron exhibidos el contrato o contratos celebrados con el proveedor y/o prestador de servicios. Con esos elementos, es posible reabrir el fincamiento de responsabilidades en el Orfis.

En el mes de hidalgo, Yunes Márquez se volvió pepenador. Con esos 24 millones de pesos, ya no le faltaba mucho para hacerse de su casita. Con Oportunidades la completó.