No son pocas las pruebas que debe enfrentar el nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior, CP. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, para acreditar que se viven otros tiempos en ese desacreditado organismo revisor de las cuentas públicas del sector estatal.
Aunque por su reciente ingreso aún goza del plazo de gracia, que se acorta cada día, pronto tendrá que comenzar a dar resultados de legalidad e imparcialidad, transparencia y confianza en la rendición de cuentas. El más próximo, ya en puerta, la rendición de los informes de las auditorías realizadas a las cuentas públicas de 2011, que deberá entregar al Congreso en la segunda quincena del mes de diciembre. Sin embargo, antes tienen que formular en fase de comprobación los pliegos de observaciones que hayan salido y desahogar las respuestas defensivas del escrutinio, tarea en la que seguramente están ahora ocupados en el Orfis. Parcialmente, todavía es responsabilidad del anterior titular, pues parte del trabajo, incluyendo las asignaciones de contratos de auditoría, una de las sabidas trácalas discrecionales, pero ya corresponde al actual evaluar la calidad que se estima dudosa de los despachos de Audirac, y el seguimiento a la comprobación, lo que será enteramente responsabilidad de Portilla. Esperemos no encontrar el mismo montaje de las revisiones típicas del Orfis, en el que exoneran de responsabilidad a la mayoría en el manejo de miles de millones de pesos, y sólo encuentran daño patrimonial en la morralla municipal, y eso en los caídos de toda protección política.
Si bien es cierto que hubo una renovación de los mandos en el Orfis, y se barrió a casi toda la estructura formal que operó con Audirac, con excepción del la dirección jurídica, posición concedida a Jorge Uscanga para que permanezca hasta su próxima jubilación, su hermano Alberto, el nuevo grupo de funcionarios que acompaña a Portilla debe probar no sólo honestidad, sino también eficacia.
deslinde de compromisos
Con todo, el desmantelamiento interno de la red del Orfis, bajo señalamientos de traficar contratos de obra y auditoría en los entes revisados (lo que implica la obligada limpieza de despachos y contratistas), podría tener aún sus raíces fuera de la institución.
Esa es una de las lecturas que deja el extraño comunicado del Orfis, difundido el pasado viernes. Dirigido principalmente a autoridades municipales, estatales y organismos autónomos y a la «sociedad veracruzana», como auditorio, el texto refiere que el Orfis «se deslinda de cualquier compromiso que de manera económica y/o verbal (sic) haya contraído algún ex servidor público o persona ajena a este organismo». En redacción ambigua, el comunicado agrega: «el auditor general del Orfis, CP. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, desconoce cualquier tipo de acuerdo que se formule a nombre propio» (sic), ¿habrá querido decir, en su nombre o en nombre suyo?, o de la institución.
Asimismo anuncia que «emprenderá acciones de carácter penal en contra de la persona o personas, que a nombre de este órgano o de sus servidores público, pacten compromisos con los entes fiscalizables; en razón de las funciones derivadas de la fiscalización superior».
Además de mal redactada, por la ambigüedad que contiene, se advierte ociosa la comunicación del Orfis. Si esta institución tiene sus órganos de representación y sus procedimientos legales de contacto y actuación con los entes fiscalizables, está de más alertar que no se dejen sorprender por quienes están negociando «acuerdos» o «compromisos a nombre del Orfis, de su titular o de sus servidores públicos». ¿Qué así operaba la red de Audirac? Por otra parte, no identifica el comunicado a quiénes se refiere en los compromisos que desconocen, los que «haya contraído algún ex servidor público o persona ajena a este organismo». Y el aviso ese que parece decir: «si sigues vas a ver, te voy a denunciar», se presta a la mofa. Si tienen elementos de prueba de la usurpación de funciones y fraude, debieron proceder a formular las denuncias y no parecer que actúan con consideraciones a los que se fueron. Por cierto, entre los pendientes de los nuevos del Orfis está el informe del estado en que encontraron la institución.
Salas de juicios orales y presupuesto 2013
habrá que cuidar que el inicio de los juicios orales en el estado no sea el pretexto para inflar la demanda de presupuesto para 2013 del Poder Judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa, ya anticipó que pedirá cerca de 1,600 millones de pesos para el año entrante, intentando justificar el incremento de 200 millones más, entre otros, con la necesidad de construir nuevas salas para juicios orales, que entrarán en vigor en mayo de 2013. Sin embargo, por el inicio gradual y progresivo previsto en los transitorios del nuevo Código Procesal Penal, que contiene el sistema acusatorio y oral, dichos juicios sólo se llevarán a cabo el año próximo en 4 distritos judiciales, Xalapa, Coatepec, Córdoba y Jalacingo. Por otro lado, no debe olvidarse que en años recientes el propio Poder Judicial, precisamente para realizar los juicios orales, construyó y equipó 18 salas con gasto de más de 50 millones de pesos financiado con aportaciones de Pemex.
Es sabido que esas instalaciones han sido descuidadas y obviamente subutilizadas por el aplazamiento de esta clase de juicios, pero ya se hicieron, y sólo faltaban de construirse en 3 distritos judiciales. Es conveniente por ello la rendición de un informe del estado en que se encuentran dichas instalaciones y, en el presupuesto 2013, sólo calcular los costos de su rehabilitación, y eso para las 4 que entrarán en funciones; no quererlas volver a hacer, y todas de una buena vez, claro, para sacar raja de las nuevas adjudicaciones de obras y contratos de equipamiento.
