Asuntos Públicos: SUBSIDIOS AL CAMPO, PARA RICOS Y CUATES

La revelación de que una de las familias más ricas del estado, la de Valentín Ruiz, conocido empresario constructor de fraccionamientos de lujo y concesionario de dos de las principales autopistas del estado, Veracruz-Cardel y el Libramiento Plan del Río, es beneficiaria de los subsidios a productores agropecuarios en el programa Procampo Para Vivir Mejor, actualiza en la víspera del cambio de gobierno el tema de la errada, ineficaz y corrupta política de subsidios al desarrollo rural aplicada por los gobiernos panistas.

Todavía ayer, el neófito delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), Vicente Ramírez, un político del PAN vinculado a Julen Rementería, avaló los recursos regalados a Valentín y a sus 4 hijos, que recibieron entre 90 mil y 110 pesos cada uno de ellos, por concepto de modernización de maquinaria, sin que se sepa si son productores de algo, que no sea de dinero en negocios favorecidos. Esos fondos no son para los pobres, sino para los productores y éstos no son mendigos, aseguró Ramírez, de quien no se duda haya metido a los Ruiz al padrón de beneficiarios.

Lo que a simple vista se advierte, el favoritismo y la corrupción, está también documentado en investigaciones. Es claro que la política agropecuaria y en particular la de subsidios a «productores», no obstante su incremento presupuestal en el gasto público, ha ensanchado la brecha de la desigualdad en el campo. Por ejemplo, un trabajo elaborado este año por la fundación Fundar y el análisis contenido en la publicación Subsidios para la Desigualdad, coordinada por Jonathan Fox y Libby Haight, constatan que la población rural presenta las más altas tasas de marginación, desigualdad y de desempleo. Esto en contraste con el aumento progresivo de los montos destinados al fomento agropecuario, que para 2012 alcanzaron 3.6 mil millones de pesos, lo que significó un incremento al presupuesto del 2011. Su análisis del reparto de los subsidios concluye que esta ineficacia en propiciar el desarrollo rural se debe a la distribución desigual de los recursos asignados a los programas de subsidios. El principal destino de los recursos pertenecientes a los programas de subsidios al campo es el decil que representa los ingresos más altos entre los productores agrícolas, concentrando un 57 % de los recursos entregados. En conjunto los dos deciles de mayores ingresos concentran el 73% de los recursos. Por ello, estos investigadores proponen reorientar la política de subsidios, entre otros, establecer como principios rectores de los programas que privilegien a los pequeños y medianos productores y eviten que aquellos productores de ingresos más altos reciban el grueso de los recursos disponibles.

Los ganones
El caso de Valentín Ruiz y su familia no es un caso aislado del corrupto favoritismo en la entrega de subsidios durante los gobiernos del PAN. Se extiende a organizaciones creadas al vapor en el panismo, en una mezcla de intereses políticos y económicos, tomar dinero del erario, parte a la bolsa y parte para contrarrestar políticamente a los grupos campesinos asociados al PRI y al PRD; y también en beneficio de grupos económicos, muchos de ellos acomodados en las esferas agropecuarias del Gobierno Federal. No pocas investigaciones periodísticas e incluso oficiales han puesto al descubierto corruptelas en la administración panista para el desarrollo agropecuario. Se recuerda la investigación del periodistas José Reveles, publicada en 2006, en el libro Las Manos Sucias del PAN, donde se relatan documentadamente distintas formas ilegales en que ese partido se aprovechó de su condición de gobierno, y los entonces diputados federales del PAN maquinaron un fraude de 55 millones de pesos en Sedesol en tiempos de Josefina Vázquez Mota; además contiene referencias a los apoyos agropecuarios desviados para el ex diputado Diego Palmero, de Cosamaloapan en el programa Alianza para el Campo por casi 4 millones de pesos para empresas suyas y de su familia. En dicha investigación se mencionan otros políticos del PAN de Veracruz que igualmente fueron beneficiados. Entre ellos, Sergio Penagos, quien se llevó un millón de pesos para un proyecto de avicultura industrial, y Alfonso Barragán Galindo, identificado como operador de Juan Bueno Torio, registrado con un apoyo de siete millones de pesos.

Los escándalos han alcanzado a los más altos responsables de la política agropecuaria y a sus colaboradores. El mismo titular del ramo, Francisco Javier Mayorga, ha estado implicado en la recepción indebida de apoyos a productores, tal como lo reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las cuentas públicas de 2009, que no sólo señaló al secretario Mayorga, sino que además a 577 funcionarios de la Sagarpa que recibieron apoyos de Procampo –de los legales que alega Vicente Ramírez–, a los cuales les solicitó un resarcimiento de fondos por 5.6 millones de pesos.

Los apoyos a productores del campo, como el Procampo, se canalizan a través de la dependencia focalizada en la corrupción, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), la que por cierto dirigió hasta antes de arribar por acá el actual secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado (Sedarpa), Manuel Martínez de Leo. En diciembre pasado, la Secretaría de la Función Pública, en una investigación de presuntos desvíos por varios miles de millones de pesos, ordenó la destitución del coordinador general de comercialización y tres de sus directores generales, todos inmediatos colaboradores de Manuel Martínez de Leo durante su gestión en Aserca.

Entonces se dijo que las destituciones serían el primer paso para llegar al fondo de una red de corrupción operada por los mismos funcionarios, en complicidad con productores, intermediarios y líderes de organizaciones campesinas.

La revisión de la política de subsidios al campo entregada a los más ricos y a los influyentes, no a quienes más los necesitan, será una materia obligada para el nuevo gobierno priista que inicia el 1 de diciembre, al igual que la investigación de la enorme corrupción con que se manejaron esos recursos. Cuando comiencen a asomarse a los expedientes no sorprendería que Manuel Martínez de Leo se vuelva un colaborador incómodo en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Veracruz.