Asuntos Públicos: ESCLARECIMIENTO DEL CRIMEN DE PERIODISTA

Es de reconocerse el meritorio trabajo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado en las investigaciones que condujeron a la aclaración del crimen de la periodista Regina Martínez, golpeada y asfixiada en su domicilio de Xalapa el pasado 28 de abril, y a la captura de uno de sus asesinos –el otro está prófugo–, como se informó ayer en una conferencia de prensa.

A juzgar por la información ofrecida y sin pruebas que la refuten, la versión de la Procuraduría se observa convincente para sostener la presunta responsabilidad de los dos autores del crimen de la corresponsal del semanario Proceso.

De acuerdo con la Procuraduría, la persona ayer presentada, José Antonio Hernández Silva, alias El Silva, confesó haber cometido el homicidio en compañía de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la comunicadora conocía y dejó entrar a su casa la noche del crimen, cuyo móvil establecido fue el robo de dinero y otros objetos.

Otras pruebas refuerzan la historia, entre éstas el testimonio de una persona compradora de objetos robados, quien aún tenía y aportó una de las prendas de la víctima –un reloj de pulsera– y de la pareja del prófugo, que reconoce que en su casa ocultaron los objetos robados a Regina y que además declaró que su pareja le reveló el crimen cometido antes de huir.
Móvil miserable

La miseria humana de la página roja mancha el caso de la malograda periodista, reconocida por su profesionalismo y compromiso con la veracidad, especialmente en temas de política, corrupción y seguridad, que eran parte de su agenda de trabajo. El presunto criminal detenido y confeso, El Silva, dice haber recibido de su cómplice, por su participación en la agresión mortal, la cantidad de 3 mil pesos; y el comprador de lo robado, El Mafer, haber pagado por el fruto del robo, incluyendo la famosa lap top, mil pesos, cantidad que se le hizo poco al Jarocho, razón por la cual le devolvió la mayoría de los objetos, con excepción del citado reloj. Los dos presuntos asesinos son maleantes de barriada, con antecedentes penales por lesiones y robos, delitos por los que purgaron sentencias en el reclusorio de Pacho Viejo.
El modo en que se cometió el crimen de Regina desde el principio apuntaba a un tema ajeno a la libertad de expresión, aunque por la ocupación de la víctima y el entorno de violencia creciente a comunicadores en el país y en el estado, puso de inmediato los reflectores hacia un posible móvil relacionado con la comunicación, generando protestas gremiales y organismos de la sociedad civil, demandando el esclarecimiento y castigo a los responsables.

El semanario Proceso, para el cual trabajaba Regina, acreditado como coadyuvante en las investigaciones, invariablemente mostró una actitud de escepticismo hacia el Gobierno del Estado y todavía en su edición dominical más reciente, cuestionaba las versiones difundidas extraoficialmente de que la autoría del crimen se localizaría en su círculo personal y de convivencia. Por lo pronto, se han quedado sin mártir del periodismo, pues la causa más probable, como se deduce de la comunicación oficial, es un vulgar robo con violencia doméstico, que se salió de control de los delincuentes ante la resistencia de la víctima –que conocía a uno de ellos, y dejó entrar voluntariamente a su domicilio–, la acabaron a golpes, mordidas, para terminar asfixiándola.

Sin duda habría sido más novelesco y mediático, y por ello gustado más a los paladines de la libertad de expresión que los móviles del crimen de Regina hubieran estado asociados a su labor de comunicadora, Sin embargo, las evidencias no lo indican así.

Con todo, habrá que seguir el desarrollo del juicio de El Silva, y además que atrapen al Jarocho y lo sometan al proceso penal. La Procuraduría ha hecho la consignación del detenido y presentado la acusación penal correspondiente, pero será ahora asunto del juez de la causa, y de las demás instancias judiciales, evaluar las pruebas tanto del Ministerio Público como del acusado para determinar la culpabilidad y en su caso el castigo por el crimen cometido.

La Procuraduría y el gobernador Javier Duarte, no hay porque escatimar méritos, cuando se apoyan en los hechos, han cumplido su parte; aunque deben aún aprehender al otro presunto criminal de Regina.

LAS LISTAS DE «INVOLUCRADOS»
Gran revuelo ha causado en medios empresariales y profesionales la propalación de que las autoridades del Estado tienen en su poder una lista de personajes vinculados con la delincuencia organizada.
Esta versión ha venido creciendo luego de la detención que hizo la Marina de dos conocidos empresarios de la región de Córdoba –María Selva Perdomo Pinal y Reynaldo Bernardi Mánica– en posesión de armas y drogas, además de la presunta detención de un pariente del secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón. El mensaje del gobernador en aquella zona, en esos días, con motivo de una evaluación del programa Veracruz Seguro, de que se aplicaría la ley «caiga quien caiga», detonó la preocupación de varios que se han sentido con fuero político o empresarial.

Ayer, el abogado porteño Jorge Reyes Peralta, conocido como El Mariposa, aludió el tema y aprovechó para acusar a funcionarios de la Procuraduría de que están extorsionando a empresarios, e incluso a él mismo, de estar involucrados con la delincuencia organizada, aunque fanfarrón como es, presumió que en su caso es porque «me tienen miedo porque yo siempre gano». Tal acusación, por su gravedad, merece ser aclarada por las autoridades.

Pero lo de las listas –al margen de la mariposa imputación– aseguran, quienes las han visto, que sí existen. Son declaraciones de uno de los operadores financieros de un cártel con presencia en el estado, detenido hace cierto tiempo y que contienen una larga nómina de conocidos personajes con cantidades de pago que recibían mensualmente por servicios. Son tan reales las listas que a los presuntos implicados no les para la tembladera.