Poco resaltada en sus implicaciones y propósitos, la iniciativa del gobernador Javier Duarte ingresada al Congreso local el pasado viernes para enmendar la redacción del artículo 373 del Código Penal relativo al delito de perturbación del orden público, viene a ser el cierre de un cabo suelto que queda de aquel sonado escándalo de la detención de los tuiteros el año pasado.
El precipitado y torpe manejo político del conocido episodio de los tuiteros, en el que hubo dos detenidos en el Puerto de Veracruz por provocar pánico en las redes sociales con información falsa de ataques de la delincuencia organizada en escuelas, a los que primero de acusó de terrorismo y luego se perdonó con el desistimiento de la acción penal, dejó también un nuevo tipo delictivo, la perturbación del orden público, mismo que enrachados en el error, se redactó con notorias deficiencias de técnica legislativa, que lo hacen susceptible de abusos y vulnerable a la revisión judicial.
Sin que se haya aplicado en ninguna ocasión, el texto aún vigente aprobado en septiembre del año pasado, pero que se pretende reformar, señala que comete este delito «quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que pudieran causar daño en la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida».
Inconstitucionalidad
Desde sus orígenes era claro el defecto de considerar únicamente los aspectos objetivos de la conducta, omitiendo los fines de la voluntad de sujeto activo del delito, lo que podría dar lugar a penalizar los casos de actuar bajo un error, sin la intencionalidad o dolo en la conducta. Tal deficiencia y su potencial violación de derechos fundamentales fue observada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en octubre del año pasado decidió presentar una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su demanda la CNDH sostuvo que la citada reforma era violatoria de la libertad de expresión, así como de los derechos de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal. Aparte de la apología de la libertad de expresión como derecho esencial del ser humano, la CNDH puntualizó otros agravios. No se precisa, adujo, la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta «afirme falsamente». Tampoco el medio para tenerla por demostrada, porque establece «cualquier medio» y, agrega, quedaría al arbitrio del juzgador interpretar el alcance de estos conceptos. La redacción del texto legal –concluyó– carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión, además de que el destinatario no estará en posibilidad de saber el motivo de esa prohibición, situación jurídicamente inadmisible e incompatible con un sistema o estado de derecho. La acción de inconstitucionalidad fue admitida por la suprema corte de justicia de la nación, sin embargo, a más de un año, todavía no se ha dado el fallo correspondiente, lo que permite al Gobierno del Estado curarse en salud.
La reforma enviada por el gobernador precisamente mejora la definición del tipo delictivo para incorporar la intencionalidad, el aspecto subjetivo de la conducta que se había omitido. Con un simple agregado de «al que, con la intención de perturbar el orden público de a conocer falsamente, por cualquier medio.... a sabiendas de ello (de que es falsa)...», dejando lo demás igual, se intenta reparar el error de septiembre del año anterior.
no se sabe si se ha actuado en la rectificación por convicción propia o anticipando un revés de la Corte, cualquiera que haya sido la premisa, es positiva la enmienda. Habiendo tantos otros problemas de que ocuparse no había caso en dejar cabos sueltos. Y menos volver a dar la nota de enemigos de la libertad de expresión.
Hacia el segundo informe
El evento político de la semana en Veracruz, nadie lo duda, será el Segundo Informe de labores del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Este jueves, conforme al calendario constitucional, el gobernador entregará por escrito al Congreso local el documento que contiene el estado que guarda la administración pública a su cargo, y, al medio día, celebrará un acto multitudinario en el World Trade Center de Boca del Río, donde expondrá los principales resultados de su gestión anual, mismos que al menos en materia de empleos, inversiones y desarrollo social, ya ha estado difundiendo en días previos. Como ya se confirmó, no acudirá el presidente electo Enrique Peña Nieto, quien –a excepción del informe del gobernador del Estado de México, de cual es ex gobernador– ha evitado ir a todos los demás informes de gobierno de esta temporada. No fue al de Nuevo León ni al de Quintana Roo, así que su ausencia no tiene más sentido que el cuidado de las formas y no las versiones malintencionadas de distancia con el mandatario local, las que por otra parte han sido desmentidas tras la entrevista del pasado 24 de octubre. Vendrá con la representación del presidente electo, el ex gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, a quien muchos le ven en la bolsa la Secretaría de Gobernación, pero por ahora es el coordinador general de política y seguridad del equipo de transición de Enrique Peña Nieto.
El viernes comenzará la glosa del informe ante las comisiones del Congreso con la comparecencia de los secretarios de despacho, y los primeros en acudir serán el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz –quien hoy se reunirá con diputados para presentar el presupuesto de 2013– y el de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. A diferencia de otras ocasiones, las comparecencias para la glosa se han acortado y todas se desarrollarán en los próximos 15 días, Además, le han agregado el detalle de la pre-comparecencia, a puerta cerrada, no se sabe si para desahogar los ánimos en privado y evitar la escenas ante el público.
