En la cuenta regresiva para asumir la Presidencia de la República, ayer Enrique Peña Nieto finalmente presentó sus primeras iniciativas para reformar el gobierno que encabezará a partir del próximo 1 de diciembre.
Aunque éstas desde hace algún tiempo se han venido manejando en los medios, sus propuestas de reorganización del aparato gubernamental y la creación de un nuevo órgano para el combate a la corrupción no se habían concretado.
La primera de ellas es una reforma ordinaria a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual entrará de inmediato al proceso legislativo en la Cámara de Diputados por conducto del grupo parlamentario del PRI y el PVEM, partidos que lo postularon a la Presidencia de la República.
No obstante que en su exposición de motivos se invocan los distintos objetivos planteados por Peña Nieto en su campaña electoral, lo más relevante del nuevo diseño administrativo que redistribuye funciones y desaparece dos secretarias –la de Seguridad Pública y la de la Función Pública– es la transformación de la Secretaría de Gobernación en una súper secretaría. Será esta dependencia restaurada como eje de la gobernabilidad, la que asuma las tareas que por dos sexenios tuvo la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, la coordinación de la policía federal, el sistema penitenciario y las tareas de prevención del delito. Además el Secretario de Gobernación será una especie de jefe de gabinete, ya que se encargará de coordinar a los secretarios de estado y a los titulares de las entidades paraestatales (y ni se diga a los gobernadores) para dar cumplimiento a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República, acordando con aquellos las acciones necesarias para tal efecto y requiriéndoles los informes correspondientes.
Los demás cambios son menores en el balance del poder en el gabinete. La Secretaría de Desarrollo Social se llamaría Secretaría de Desarrollo e Integración Social y por ello amplía sus competencias para encargarse no sólo de las políticas de combate a la pobreza y su evaluación, sino también de otras atribuciones relativas a comunidades indígenas, niñez y adolescencia, mujeres e igualdad de género, personas con discapacidad, actualmente dispersas en varias dependencias.
Por otro lado, se modifica la orientación de la Secretaría de la Reforma Agraria, para extenderse a la planeación y el desarrollo territorial y se denominará Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asimismo, se crea un nuevo régimen de control gubernamental, se suprime la Secretaría de la Función Pública, aunque se mantienen los órganos internos de control que se llamarían «unidades de auditoría preventiva», pero ya no tendrían una jefatura externa, sino que serían nombrados por los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, hecho que podría crear conflictos de interés, pues revisarían los actos de quien los nombró. Una parte de las funciones de la Secretaría de la Función Pública, las de desarrollo administrativo, se pasarían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además sería normativa –no ejecutiva– en materia de control del ejercicio de los recursos y su evaluación.
Visto el esquema de distribución del poder en la estructura gubernamental propuesta por Enrique Peña Nieto, además de las señales advertidas de una reedición de la poderosa Secretaría de Gobernación de la época de oro del antiguo régimen priista, se abre la incógnita sobre la identidad de quien será su titular. Con tal poder conferido a la Secretaría de Gobernación –cabeza de la seguridad pública, la política interna y la jefatura del gabinete–, el diseño queda más para el hombre más cercano a Peña Nieto, Luis Videgaray, que para los hidalguenses Miguel Osorio Chong o Jesús Murillo Karam. Pronto se sabrá.
Anticorrupción
La iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción llevará más tiempo, pues se ha optado por una reforma a la Constitución Política de la República y será presentada en el Senado también por los grupos legislativos del PRI y el PVEM. Mediante esta reforma se concederán facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de combate a la corrupción a fin de homogenizar las normas en el país; se establece que el nuevo organismo tenga rango constitucional y sea autónomo, aunque sus 5 integrantes, incluido quien la presida, serán nombrados por el Presidente de la República, pudiendo objetar las designaciones el Senado por mayoría calificada. En general será este órgano el sustituto de la Secretaría de la Función Pública, aunque con mayores facultades. Su competencia será administrativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, además podrá atraer los casos de Estados y municipios. No se le dotó de funciones de ministerio público, como se había manejado al principio, pero cuando detecte actos presumiblemente constitutivos de delitos deberá dar vista al ministerio público y podrá actuar como coadyuvante. En paralelo, se creará un Consejo Nacional por la Ética Pública, para sermonear a los servidores públicos de que sean buenos y honorables. Dispone también la obligación para que los estados incorporen a las constituciones locales organismos análogos a la comisión nacional, igualmente con carácter autónomo y especializado en materia de combate a la corrupción, dándoles un plazo de un año para su creación a partir de que entre en vigor esta reforma constitucional.
Las dos reformas propuestas por Peña Nieto todavía darán mucho que decir.
Segundo informe del gobernador
Como es sabido hoy es el día del informe del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El acto constitucional y protocolario será en el Congreso local, adonde acudirá el gobernador a entregar a la mesa directiva de los diputados los documentos que rinden cuentas sobre el estado que guarda la administración pública del estado, a su segundo año de gobierno. A mediodía dirigirá un mensaje a los ciudadanos desde el auditorio del World Trade Center en Boca del Río, acto en el que estarán presentes sus colaboradores e invitados, la clase política, empresarial y representantes de la sociedad civil. Hasta anoche no se sabía aún quién vendría con la representación del presidente electo Enrique Peña Nieto.
Una vez conocido el informe y sus datos, habrá mayores elementos para analizar los resultados que en materia de inversiones, empleos, desarrollo social y seguridad, el propio gobernador ha venido adelantando.
