Aunque perdieron las elecciones presidenciales en julio pasado, muchos de los militantes del PAN que lograron su acomodo en la administración pública durante la docena de años en los que su partido ha ejercido el poder, no se quieren ir ahora que asuma el mando de la República Enrique Peña Nieto. Lo peor es que tienen aún fundamentos legales para permanecer agarrados al hueso: los candados impuestos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En pleno auge del primer gobierno panista, el de Vicente Fox Quezada, se aprobó esa ley, aún vigente, que reconoció una buena parte de la estructura del Gobierno Federal como designaciones de servicio profesional de carrera, que les concede a quienes participaron en los procesos de evaluación hechos por ellos mismos, la estabilidad y permanencia en los puestos. Si bien es cierto que los gobiernos no se inventan ni improvisan en cada elección y que la administración pública requiere de un cuerpo profesional de funcionarios que garantice la continuidad de las actividades del estado, los panistas se pasaron de la raya –y los legisladores lo consintieron en su momento. El catálogo de puestos de los hoy considerados en el servicio profesional, y por tanto en principio inamovibles, suman miles, tan sólo su extenso listado llega a casi mil páginas. No habría que objetar si no se hubieran blindado incluyendo a los directivos, que por definición son cargos no sólo de confianza sino de libre nombramiento y remoción por el superior jerárquico. Este sistema de protección comprende cargos de Director General, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace, además de los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, cualquiera que sea la denominación que se le dé. El catálogo incluye también a delegados estatales. Con todo, hay algunas dependencias y puestos del Poder Ejecutivo que fueron excluidos del sistema y del catálogo, entre ellos, la Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, las fuerzas armadas, el sistema de seguridad pública, las ramas médicas y los rangos de secretarios de despacho, jefes de departamento administrativo, subsecretarios, oficiales mayores y jefes o titulares de unidad.
La proximidad de la toma de posesión del priista Enrique Peña Nieto en 10 días, cuando se terminan de repartir las posiciones, ha alertado sobre el problema inquilinario que deberá enfrentar a su arribo. Los panistas que se blindaron con el servicio profesional de carrera ocupan el aparato administrativo de direcciones generales para abajo, entonces, ¿dónde acomodar a los de casa?
Por eso no es casual que en estos días entre los legisladores del PRI se esté reabriendo la posibilidad de cambiar esa ley, cuando menos para liberar las direcciones generales y las adjuntas. Sin embargo, no se descartan los problemas legales por la pretensión de aplicarse retroactivamente.
Mucho se ha criticado en los sistemas políticos la existencia de llamado spoil system, el mecanismo de despojo o botín político, como se conoce a la práctica por la cual los partidos del gobierno distribuyen a sus propios miembros, aliados y simpatizantes cargos públicos y posiciones de poder. Los panistas perfeccionaron el sistema, pues no sólo repartieron las posiciones entre sus militantes y simpatizantes, y las usaron en proselitismo electoral, sino que además blindaron una buena parte de la estructura para impedir la remoción al perder el poder.
Legisladores botana
Dos diputados federales veracruzanos, uno del PRI y otro del PAN, ganaron notoriedad ayer. El ex alcalde de Orizaba y diputado por ese distrito, Juan Manuel Diez, que antes había sido noticia por declarase ignorante de lo que hacía una comisión legislativa y pedir le dieran una capacitación elemental, ayer se pulió y, aunque resulte difícil de creer, se aventó toda una iniciativa de ley para gravar al chicle. Hizo o más bien le hicieron un estudio de legislación fiscal comparada, análisis de costos de limpieza, junto con estadísticas de consumo y pegas de chicles en la vía pública, todo un experto en chicles, para proponer un impuesto adicional de 50% en la ley del impuesto especial para producción y servicios, distribuible para estados y municipios. Su solución, asegura, es mejor que otras propuestas que juzgó incoherentes para resolver el chicloso y contaminante problema, que van desde sugerir «que se traguen el chicle hasta amedrentar a los ciudadanos con aplicar multas, aún sabiendo que es difícil detectar a los infractores, debido a la rapidez con que escupen el chicle». A ver si esa iniciativa de diez es chicle y pega y la incluyen en la reforma estructural hacendaria.
El otro diputado fue el panista Rafael Acosta Croda, quien subió a la máxima tribuna de la Nación para acusar a la presidenta municipal del Veracruz, Carolina Gudiño, de la tomatiza que le dieron hace unos días en un mercado del Puerto de Veracruz. Pretendía se aprobara un punto de acuerdo del pleno y se dispensara su dictamen, por ser de urgente resolución. Fue ridiculizado como palero por el diputado del PRD, Ricardo Monreal, pues en su intervención Acosta Croda se deshizo en alabanzas para Peña Nieto, además Monreal le recordó, por si no lo sabía, que como diputado tenía fuero, por lo que debía pedir respeto a dicho fuero y no una condena de los legisladores. La votación del pleno rebotó el lamento chilatolero de Acosta a la Junta de Coordinación Política de la cámara. Se lucieron los jarochos en San Lázaro.
