Aprovechando el bono de confianza del recién llegado, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en respuesta a la problemática nacional de pobreza, crecimiento, corrupción y administración pública, seguridad y gobernabilidad, ha iniciado su mandato con el anuncio de un grupo de decisiones (13) en su discurso de protesta, y con la firma ayer con los dirigentes de los tres principales partidos políticos del país, de un ambicioso y complejo acuerdo reformista de largo alcance y difícil concreción.
De los proyectos anunciados, sólo una pequeña parte de éstos podrá realizarse bajo el marco legal vigente y no se esperarían grandes cambios sobre lo que ya se ha andado en la administración federal. Queda en la esfera del Poder Ejecutivo replantear si se quiere reorganizar sus áreas y reasignar el gasto para llevar a cabo, entre otros, el programa nacional de prevención al delito, la cruzada nacional contra el hambre, la ampliación de pensiones para los adultos mayores de 65 años que carezcan de ella, el impulso a la infraestructura para la integración de la región sur sureste del país y el sistema ferroviario, la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta en los próximos meses, la racionalización del gasto corriente y el paquete económico 2013 con cero déficit presupuestal. Otras de las primeras decisiones tendrán que pasar al Congreso de la Unión, tales como la reforma educativa para crear el servicio profesional de carrera docente, que se prevé tendrá la resistencia del SNTE, la reforma para la competitividad en telecomunicaciones, que afectará poderosos intereses, como los del duopolio televisivo y de Slim (Telmex), la homogenización de códigos penales y de procedimientos penales en la República y la ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública para «revertir el endeudamiento de estados y municipios».
Y ni se diga del resto de los acuerdos del Pacto por México, que tienen como condición reformas constitucionales o de legislación secundaria, en principio sólo firmados con los jefes formales de los tres mayores partidos, PRI, el PAN y el PRD (el de éste ayer mismo descalificado por otros dirigentes de ese partido por participar en la firma) con exclusión del Panal, el PT, Movimiento Ciudadano, y el PVEM, extraño porque postuló junto con el PRI a Peña.
El documento Pacto por México es un extenso catálogo de buenas intenciones y de búsqueda de consensos para transformar al país que no deja de parecerse a la Reforma del Estado propuesta por el presidente Vicente Fox, y retomada por el Senado en el pasado reciente, en las que hubo numerosas propuestas, de las que al final sólo una porción de ellos se tradujeron en reformas legales.
Los acuerdos de la temporada
El nuevo proyecto reformista, el Pacto por México, se agrupa en 5 temas centrales, Sociedad de Derechos y Libertades, Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad, Seguridad y Justicia, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y Gobernabilidad Democrática.
Al nivel de los enunciados generales y objetivos seguramente no hay objeciones, y nadie en este país racionalmente se opondría a transitar hacia una sociedad más equitativa que incluya a los sectores más desprotegidos y se reduzcan las desigualdades, se combata a la pobreza y se erradique el hambre. Pero ¿de dónde saldrá para pagar un seguro del desempleo o formar reservas de pensiones para la población mayor de 18 años, entre otras de este rubro?
Igualmente, ni quien rechace la aspiración de tener un crecimiento económico de más del 5% anual y alcanzar una inversión pública y privada del 25% del PIB, pero no se ve fácil aceptar una nueva reforma hacendaria para el grueso de la población; tampoco la aprobación de las fórmulas que se planteen para favorecer la inversión privada en Pemex, esto sin contar las pugnas con los poderosos para romper los monopolios de las telecomunicaciones y la revisión de subsidios y regímenes fiscales especiales.
Con todo, dos capítulos del acuerdo podrían salir en el corto plazo. Por la percepción de la gravedad del problema, el de seguridad y justicia, que retoma la reforma a los cuerpos de policía, y la creación de la gendarmería nacional, además de la implantación del sistema de justicia penal, homogenizando la legislación en el país, y el de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, que incluye más atribuciones al IFAI y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, temas sobre los que también hay consenso nacional en que deben mejorarse.
Va para largo el de gobernabilidad democrática, una nueva reforma política electoral, que incluye temas que serán muy controvertidos. Salvo las leyes reglamentarias de la más reciente reforma política (candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, preferente y la consulta popular), las demás no se ven sencillas de concretar y menos que funcionen.
Por ejemplo, incorporar a la Constitución la fórmula de «gobierno de coalición» que prevea un acuerdo del Presidente y su partido con otras fuerzas en una «coalición legislativa y de gobierno» que comprometería a los coaligados a ratificar un programa de gobierno y una agenda legislativa preferente y a integrar un gabinete de coalición, extraño a la cultura política nacional y quizá irrealizable en la práctica. La reforma electoral a la medida de la oposición, pretende una reducción y mayor transparencia en gasto de partidos, disminución de topes de campaña, causales de nulidad como rebase de topes, utilización de recursos al margen de normas, compra de cobertura informativa y además prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral como materiales plásticos y textiles, despensas y materiales de construcción y el uso de esquemas financieros para inducir o coaccionar el voto. También pretenden crear una autoridad electoral nacional y una legislación única para todos los procesos electorales del país. Otros temas son culminar la reforma del Distrito Federal, revisar los fueros y la reelección de legisladores y crear una instancia ciudadana que supervise la contratación de publicidad gubernamental y fijar topes al gasto de este rubro en proporción a su presupuesto.
Escollos
La mayor dificultad del arranque del gobierno de Peña Nieto, sin embargo, radica en que la mayoría de las propuestas reformistas no están garantizadas ni en su consenso legislativo ni en su viabilidad. La fragmentación del sistema político y las experiencias de más de una década de gobierno dividido en las que ha habido pocos consensos y largos periodos de parálisis y bloqueos entre poderes son una realidad a la que se enfrenta el propósito reformista del nuevo presidente. Como es sabido, su partido, el PRI, no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras y ya ha comenzado a vivir los signos del rechazo a sus iniciativas, como por ejemplo, el atorón en el Senado a su proyecto para reformar la estructura del Gobierno Federal, en el que plantea suprimir la Secretaría de Seguridad Pública y de la Función Pública.
El pacto abarca diversidad de temas de no fácil concreción por los intereses en juego, el costo económico de solventarlos, los conflictos de visión que aparecerán al intentar aterrizarlos, y el principal escollo, la formación de las decisiones legislativas. Es un buen mensaje de Peña pretender gobernar con el diálogo y la negociación, pero de las veleidades y fugacidad de acuerdos ya se ha visto mucho. Quede para la historia el detalle de escenografía, el arrancón reformista y la imagen de los consensos con tres partidos. Ya se verá en qué deviene. Corre el tiempo.
