En la primera semana del retorno del PRI a la Presidencia de la República, al inicio de la era de Peña Nieto, muchos de los que se sentían intocables bajo el gobierno de Felipe Calderón comienzan a anticipar lo que será amar a dios en tierra ajena.
Todo nuevo gobierno tiene encima la atención pública y por ello debe mostrar en sus primeras acciones la congruencia con los proyectos y compromisos asumidos con la sociedad, necesita legitimarse, y si bien las primeras 13 decisiones anunciadas por el presidente Peña Nieto en su toma de posesión y el pacto político de largo alcance suscrito con los tres principales partidos sirven a la escenografía del consenso y la gobernabilidad democrática, nada como intervenciones que acrediten inequívocamente que el poder cambió de manos.
La mayor parte de las reformas planteadas en materia de política social y desarrollo económico y finanzas públicas, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, seguridad y justicia y sistema político-electoral, aunque deseables, tendrán efectos a mediano y largo plazo; suponen largos y complicados procesos de acuerdo entre fuerzas políticas plurales, antes de la toma de decisiones colegiadas y su posterior instrumentación.
Es bien visto que atendiendo al problema de pobreza extrema del país se emprenda una inmediata cruzada contra el hambre, que se mantengan las fuerzas armadas en una estrategia similar hasta en tanto no se redefina la que la sustituya, o que la Procuraduría de la República revise la cuestión de los derechos humanos en relación con arraigos y cateos, que se anuncien reformas hacendaria, energética y educativa, el quiebre de monopolios y la creación de dos nuevos canales de televisión.
Esas líneas de acción tienden a acelerar las transformaciones y mantener la gobernabilidad, pero además hacen falta resultados inmediatos. Por ello, no está fuera de la agenda de los primeros días, no pocos gobiernos recurren a ellas, de los clásicos principescos para acá, aplicar una serie de medidas ejemplares a los que se pasaron de listos en el uso de los recursos públicos, abusaron del cargo o son desafiantes de la nueva autoridad, como si persistieran los cotos de poder del antiguo gobierno.
Del conjunto de las acciones del nuevo proyecto, las de menor costo económico y mayor legitimidad son las de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, particularmente ésta última, ya que puede ejecutarse desde ahora, aunque la creación de la propuesta Comisión Anticorrupción siga su propio tiempo.
En el viejo PRI hay muchos precedentes de encierro de figuras del pasado gobierno al inicio del nuevo régimen, se recuerdan, entre otros, el quinazo de Carlos Salinas de Gortari, como se conoce al encarcelamiento del líder de sindicato de Pemex en 1989 o, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo en 1995, la detención del poderoso Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de la república. No extrañaría ahora algo similar, más aún cuando aquí no hay una continuidad del grupo gobernante, sino una nueva alternancia en el poder.
Hay numerosos casos de corrupción en el pasado gobierno panista, muchos de los cuales fueron reducidos o archivados por complicidades y protección a socios o aliados políticos, que estarían a tiro para activarlos y poner la muestra de voluntad política para aplicar la ley y sancionar a los responsables de abusos y desvíos de recursos.
No se trata de promover una cacería de brujas o la persecución política de enemigos o adversarios, por venganza o ajustes de cuentas entre grupos, sino de la credibilidad en la voluntad política de atacar la corrupción. Esto, además, coincidente con la necesidad de resultados inmediatos y legitimación de corto plazo. Los candidatos a la redada están a la vista, desde el productor de montajes policiacos especiales, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, hasta el ex director del ISSSTE, el enriquecido en el servicio público Miguel Ángel Yunes Linares, pasando por su operador y heredero en el ISSSTE, Jesús Villalobos, acomodado luego en la defraudada Pronósticos Deportivos. Para empezar a abrir boca.
Sin protección
Con la derrota electoral del PAN, hay pocos sobrevivientes en su clase política. Unos que consiguieron posiciones legislativas en la actual Cámara de Diputados o de senadores, otros permanecen en sus cargos en los gobiernos estatales panistas, legislaturas locales o ayuntamientos, y los menos, son parte de lo queda de la estructura partidista. El espacio del panismo en puestos públicos se achicó y en breve serán barridos de las delegaciones federales de los estados. Algunos pudieron cambiarse a tiempo o hacer alianzas que les permiten hoy reinsertarse, como el ex secretario de Hacienda, Juan Antonio Meade, reacomodado en Relaciones Exteriores, la ex panista Lía Limón, nombrada subsecretaria en Gobernación, o el ex senador panista Ricardo García Cervantes, designado subprocurador en la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam.
El que se ve muy trastornado por la salida de Calderón, la pérdida de su protección y el retorno del PRI al Gobierno Federal, que le coge sin posición política, blanco fácil por sus corruptelas, es el ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares. Como si pretendiera crear una nube para tapar la cola sucia ha emprendido recientemente una campaña de ataques públicos contra el gobernador Javier Duarte, una especie de preparación de teatro de que si lo persiguen por los desvíos multimillonarios en el ISSSTE sería como represalia política, pésimo guión que sólo cabe en su confundida mente que sufre los estragos de estar fuera del poder. Ayer en su segunda aparición pendenciera local –la semana pasada hizo el debut de la temporada en el informe del Tribunal de lo Contencioso Administrativo–, publica una carta abierta plagada de mentiras que mezcla con insultos al gobernador. Sostiene Yunes, con falsedad, que la magistrada presidenta del citado tribunal, Irma Dhinora Guevara Trujillo, a la que llena de elogios, «fue privada de su cargo» por decisión de Javier Duarte en represalia por haberlo invitado a su informe.
Si se revisa la información del caso, es fácil comprobar que ella no fue privada de su cargo, sino que se venció el periodo de tres años para el que había sido electa y que los magistrados integrantes de ese tribunal, en el que obviamente no participa el gobernador, en su proceso electivo interno, decidieron la votación a favor de otro magistrado, Ignacio Bello, para que ocupara la presidencia para los próximos tres años. La magistrada Irma Dhinora, a quien sus compañeros le cobraron la política de acoso laboral y de beneficios a sus consentidos no reeligiéndola, por acuerdo del pleno del Tribunal regresó a su plaza de origen en la sala regional de Xalapa. Obviamente no fue cesada, como falsamente publicó Yunes. De eso de torcer la ley y usar a magistrados del Poder Judicial sí sabe Yunes. Con la complicidad de Julio Patiño, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, promovió el encarcelamiento del ex gobernador Dante Delgado en diciembre de 1996, cuando sabían que ya estaba prescrita la acción penal, como lo resolvió el Poder Judicial de la Federación que le concedió el amparo.
En el teatro del perseguido, el inocente de la cola larga, por cierto, también involucra a su rapaz vástago, el ratón Miguelito chico, el que acaba de estrenar mansión de más de 35 millones de pesos, no se hace menos el chamaco que su padre, cuya residencia está valuada en 45 millones de pesos. No ha podido comprobar la deuda 32 millones de pesos sin sustento que dejó en su administración en el ayuntamiento de Boca del Río. Tendría que presentar facturas de su mansión. ¡Cómo extrañan a Calderón!
