El gobernador Javier Duarte de Ochoa se perfila para ser erigido en santo patrono de los magistrados del Poder Judicial de Veracruz y de sus viudas y viudos. Méritos no le faltarán, a partir de su iniciativa que ayer entró al Congreso local para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y crear el sistema de pensiones complementarias a magistrados.
Varios gobernadores antes que él y las correspondientes legislaturas evadieron, principalmente por razones económicas, diferentes iniciativas del Poder Judicial que pretendían elevar los montos de jubilación de magistrados (y jueces) a los niveles de las percepciones en activo, toda vez que éstos sólo cotizan al IPE por una porción de sus ingresos. Es decir, de sus ingresos de alrededor de 120 mil pesos al mes, cotizan al IPE por 30 mil, y por tanto esta cifra, como cualquier otro derechohabiente, es la que recibirían en caso de jubilarse.
Es sabido el envejecimiento de la plantilla de magistrados del Poder Judicial, especialmente del grupo de los inamovibles, los que fueron nombrados antes de la reforma constitucional del 2000, que limitó los posteriores nombramientos a 10 años improrrogables. La intención de renovar a los magistrados por parte de anteriores gobernadores encontró como argumento de resistencia de éstos, que no se jubilaban (algunos hasta en condiciones críticas de salud), debido a que no convenía a su interés económico retirarse únicamente con la pensión del IPE, pues su nivel de ingresos se desplomaría. Y se sabe de varias negociaciones en la pasada administración en la que se manejaron algunas cifras, incluso por fuera, para que se jubilaran, sin que se llegara a concretar.
Todavía el año pasado, el Poder Judicial envió una iniciativa en la que pedía las perlas de la virgen, que se estableciera en la Constitución un porcentaje fijo del 3% de los ingresos totales del estado como presupuesto anual de ese poder, lo que equivaldría a duplicar su monto, además del tema de hoy; el retiro de magistrados y jueces con una pensión del 100% de todos sus ingresos para aquellos que hubieran cumplido 75 años de edad –además con retiro forzoso por edad– y 30 años de servicios al Poder Judicial, y con montos proporcionales, conforme a un tabulador, para los que cumplan 60 años de edad sin tener 30 años de servicio. No pasó esa iniciativa, pero la actual retoma en lo esencial la antigua demanda de elevación de sus pensiones de retiro.
Sistema de excepción
La reforma ahora enviada por el gobernador Duarte, aunque distinta en materia de pensiones, concede benévolamente el pago diferencial a magistrados por lo que no han cotizado en sistema alguno. Estipula que, aparte de las pensiones del IPE a la jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de un magistrado en activo, se otorgará una pensión complementaria «que en ningún caso será menor al 70% del total de percepciones que reciba un magistrado en activo». Dicha pensión, al fallecimiento se transmitirá al cónyuge o concubino (a) supérstite, mientras no contraiga nuevo matrimonio o dependa económicamente de otra persona. A diferencia de la llamada pensión por viudez de otros sistemas pensionarios, que la fijan en el 50%, aquí va al 100.
Estaríamos hablando de pensiones mensuales por montos mayores a 80 mil pesos.
En este sistema también quedan protegidos los magistrados que tengan una antigüedad en el Poder Judicial menor a 20 años, los cuales recibirán un haber de retiro en los términos y montos que establezca el pleno, que no podrá ser mayor al 50% del total de las percepciones que reciba un magistrado en activo.
Con todo y la presunta dignidad del cargo de magistrado y la valoración que pueda hacerse del servicio de justicia prestado a la sociedad, se trata de un dadivoso sistema pensionario. Las pensiones complementarias se financiarán totalmente de recursos públicos, del presupuesto del estado, aunque diluido en el presupuesto del Poder Judicial. Sin aportación alguna de magistrados ni constitución de reservas de los activos para financiar a los que se jubilen. Más allá del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), cuentas individualizadas o sistemas de reparto, en los que hay proporcionalidad entre la temporalidad y las cuotas de aportación, con el monto de la pensión, los magistrados son excepción. No alcanzó para los jueces.
Dispuesto el sistema complementario –su aprobación será de mero trámite legislativo–, se verá cuántos se jubilarán y si la medida contribuirá a la renovación de magistrados y a su depuración ética. Es conocido que no pocos se la llevan ligera, y no obstante la edad, gozan de la holgura de horarios y carga de trabajo (¿para qué entonces los proyectistas?), privilegios de despacho y de ser cabezas de redes de influencia y protección a jueces y empleados.
Lo que es innegable es la generosidad con ellos del gobernador Javier Duarte. Al menos que hagan cooperacha para el monumento.
Sánchez Subsecretario, regresa Fabrizio
Confirmada la incorporación de Salvador Sánchez Estrada al Gobierno Federal, ayer recibió formalmente como Subsecretario de Planeación en la Secretaría de Turismo, cuya titular es Claudia Ruiz Massieu, y renunció a la Oficina del Programa de Gobierno. Como si fuera puesto a la medida, tal como se esperaba, Fabrizio Aguilar, quien ocupó el cargo a principio de esta administración, vuelve a ser jefe de la Oficina del Programa de Gobierno.
