Asuntos Públicos: SINDICATOS MAGISTRALES CONTRA REFORMA EDUCATIVA

Como ya es inminente el ramalazo contra las bases de control sindical de plazas en la educación pública, implícito en la reforma constitucional a los artículos 3 y 73, la agitación y movilización en contra por parte de los distintos sindicatos magisteriales, encabezados por el más importante, el SNTE, ha cobrado protagonismo en el país y en el estado en los últimos días.

La llamada reforma educativa iniciada por el nuevo gobierno que preside Enrique Peña Nieto, aprobada en diciembre en el Congreso de la Unión, ha pasado ya por la ratificación de la mayoría de las legislaturas estatales, hasta ayer se había aprobado en 19 estados, y será cosa de días su promulgación e inicio de vigencia, así como la elaboración y aprobación de su ley secundaria.

La resistencia y protesta de los sindicatos, que amagan con interponer amparos ante el Poder Judicial federal por su presunta inconstitucionalidad, abre la interrogante de si esta reforma educativa es violatoria de derechos de los maestros en particular y del magisterio en lo general. Es conveniente superar la desinformación y el estado de pánico que están generando los líderes sindicales entre sus agremiados (a quienes además están acelerando en contra de la reforma laboral, que no les es aplicable), remitiéndose a la lectura del texto legal.

Más allá de las declaraciones en los reformados artículos acerca de la calidad educativa, considerada un criterio rector de la política del sector, el centro de las modificaciones al sistema de educación básica y media superior que imparte el estado son en realidad dos: El primer punto, la creación de un servicio profesional educativo, en el cual el ingreso y la promoción a cargos de dirección y supervisión se deberá efectuar mediante concursos de oposición; y el segundo, la evaluación obligatoria de este personal tanto para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia que hará un organismo público autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

A propósito de la presunta violación de derechos que alegan los sindicatos, debe citarse que la misma reforma indica que la ley reglamentaria que fijará los criterios de la evaluación obligatoria, expresamente señala que se hará «con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación».

INTERÉS NACIONAL CONTRA INTERÉS SINDICAL
¿Cuál es el problema de seleccionar a los maestros y promoverlos, no por recomendaciones sino por concurso de oposición que garanticen sus capacidades y conocimientos?, ¿y cuál, que como servidores públicos que tienen la responsabilidad de la enseñanza-aprendizaje de las nuevas generaciones, deban someterse a evaluaciones de conocimientos y desempeño para ingresar o permanecer en sus cargos docentes o de dirección o supervisión?

La respuesta es sencilla. Esta reforma cancela las formas tradicionales de designación, promoción y permanencia en las plazas educativas, su herencia a familiares, como si la plaza fuese patrimonio propio o sindical, la postulación del sindicato para cubrir las vacantes docentes y las promociones a plazas de dirección y supervisión. El interés nacional por mejorar la calidad de la educación pública está por encima no de los derechos de los maestros, pero sí de los privilegios de los sindicatos magisteriales.

¿Quién dirige la educación pública, el estado o el sindicato? Hasta ahora, los dos, en una imbricación negociada, con enormes concesiones al sindicato en la operación del sistema educativo, con pobres resultados, tal como lo muestran los distintos estudios del atraso educativo mexicano. No es la panacea esta reforma, pero finalmente la rectoría de la educación es responsabilidad del Estado, no del sindicato.
Lo cierto es que la afectación de privilegios siempre genera resistencia. Los amparos del magisterio no se cree que vayan a proceder, sin embargo, las manifestaciones de protesta buscan preparar las negociaciones para ver cómo se acomodan a las nuevas reglas.

El magisterio local, alebrestado
La convocatoria a la resistencia y protesta ordenada por la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, ha sido secundada aquí por sus representantes en las dos secciones sindicales, la 32 de origen federal, que dirige Juan Nicolás Callejas, y la 56 de origen estatal, dirigida por Manuel Arellano. La oleada de manifestaciones ha alcanzado también a los demás sindicatos minoritarios de la educación. En su organización se mezclaron los amparos a la reforma laboral –que no les atañe– con las marchas y declaraciones contra la reforma educativa.

En la efervescencia de protestas, se ha dado una extraña fusión de un grupo de 9 sindicatos del magisterio con la sección 56 del SNTE a la cabeza, donde se apuntan siglas como el SUTSEM (Enseñanza Media), el Sindicato Democrático (SDTEV), Conalep y otros. Llamó la atención la carta abierta que dirigieron ayer al gobernador Javier Duarte en la que plantean una mezcla de peticiones, donde revuelven cuestiones de la reforma educativa fuera del ámbito del Gobierno del Estado y que lo rebasan –con temas del Instituto de Pensiones (IPE) y quejas de la Secretaría de Finanzas.

Como si no entendieran que es imposible jurídicamente conservar los privilegios sindicales contra la reforma constitucional, piden al gobernador que no se condicione la permanencia docente a las evaluaciones y que se cree aquí un instituto de evaluación local y las plazas se repartan «con base en requisitos y criterios establecido por ustedes», que aquí en Veracruz haya una solución específica. Igualmente invocan, como para asustar que «habrá un proceso masivo de jubilaciones», que impactará las finanzas del IPE. Encarrerados con la metralla se fueron sobre la Sefiplan y reclaman supuestos adeudos al IPE, demoras en pagos y retenciones de sus cuotas sindicales, exigiendo hasta la derogación de un decreto que centraliza en esa dependencia los pagos por servicios personales. Se ve que andan bravos los líderes sindicales. Y no es para menos, sin el control de las plazas educativas, su posición de poder no volverá a ser la misma.

NOMBRAN DELEGADOS FEDERALES
Trascendió que ya comenzó la renovación de delegados federales en el estado. Por fin se le hizo a Ranulfo Márquez asumir la delegación de la Sedesol y Alejandro Baquedano en Oportunidades, en el IMSS Antonio Benítez Lucho en la zona norte y Jon Rementería en la sur, entre otros que se mencionaron. El criterio observado: que los ponga el gobernador. Ya se confirmará.