El fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque dividido, 3 votos a favor y 2 en contra, que ordenó ayer la liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez –sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro– debido a vicios procesales violatorios de derechos humanos, reabre el debate sobre la prevaricación en que incurrió el gobierno de Felipe Calderón para anotarse golpes mediáticos, construyendo falsamente historias de éxito policiaco.
El año pasado, en marzo, la misma sala, a punto estuvo de liberar a la sentenciada por las mismas anomalías, el proyecto del ministro Arturo Zaldívar así lo disponía, pero la composición de ministros de entonces y la intromisión directa del presidente Calderón al litigio, que fue hasta fricción diplomática con el gobierno de Francia, sólo permitió el acuerdo para que se formulara un nuevo proyecto a cargo de otro ministro.
Ahora, en el segundo tiempo de la revisión del controvertido caso, el reemplazo de un ministro de esa sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en vez de Guillermo Ortiz Mayagoitia –y la salida de la presidencia de Calderón–, inclinó la balanza y durante la sesión el amparo para efectos planteado por la ponente Olga Sánchez Cordero se modificó para regresar mayoritariamente al proyecto original del año previo: un amparo liso y llano y liberación inmediata de la sentenciada.
No se sabe ni se sabrá jurídicamente si Florence Cassez es inocente o culpable del delito de secuestro, pues el examen de la Corte no entra a ese punto; ordena la liberación por violaciones de las autoridades a sus derechos fundamentales, derivado del montaje para la televisión operado por el entonces director de la AFI y después secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, responsable principal de la liberación.
Las consecuencias corruptas del montaje
El montaje, la escenificación falsa de su captura, junto con su entonces novio Israel Vallarta, identificado como jefe de la banda de Los Zodiacos, es el núcleo de la violación al debido proceso. Aquel episodio en el que se mostró, en 2005, ante las cámaras de televisión a los agentes de la AFI en un operativo supuestamente en vivo en el rancho Las Chinitas en el Estado de México, al momento de ingresar para detener a los secuestradores y liberar a las víctimas, cuando se comprobó que los acusados habían sido detenidos con anterioridad en un lugar distinto y trasladados al rancho para el reality show televisivo de Genaro García Luna. No fue la única violación, además la acusada fue retenida para su actuación mediática forzada por más tiempo del estipulado en la Constitución, que ordena la inmediata puesta a disposición del ministerio público. Igualmente no recibió la asesoría consular a que tenía derecho por su condición de extranjera. Esta violación fundamental de origen, su presentación como culpable, vulneró también su derecho a la presunción de inocencia, junto con las violaciones al derecho de asistencia consular y la falta de disposición inmediata ante el Ministerio Público. Esta cadena sucia repercutió en la corrupción de otras pruebas y las inutilizó. Entre ellos, los testimonios de las tres víctimas que fueron variados para puntualizar la identificación de Florence Cassez sólo después de que la vieron en el noticiero de la televisión que la exhibió culpable y de que los oficiales de la AFI les informaron que ella había participado en el secuestro.
Dos instancias previas del Poder Judicial, un juez de distrito y un tribunal colegiado la habían encontrado culpable de secuestro y sentenciado a 60 años de prisión. Después de 7 años de reclusión, la primera sala de la SCJN anuló el proceso y ordenó su inmediata liberación. Los derechos de las víctimas a la justicia habrían sido incumplidos si Florence Casssez participó en los secuestros, pero la responsabilidad no es de los ministros de la Corte que constataron las violaciones de la autoridad a los derechos humanos de la francesa, sino de los autores del montaje que enturbiaron las pruebas y el proceso judicial.
Desde Davos, Suiza, donde le agarró la noticia –pidió permiso a su cátedra en Harvard–, debe estar enfurecido Calderón, lo mismo que García Luna desde su escondite. Su actuación torciendo la ley no debería quedar impune. Viene el caso de los generales, que también se desvanece, la acusación a Ángeles Dauahare y otros de narcotráfico con base en testigos protegidos, cuyos testimonios la PGR de hoy manifiesta no haber corroborado. Se acumulan al Michoacanazo y otros.
CONSEJEROS DEL IEV
Hoy se espera en la sesión del Congreso local la votación de las dos ternas para elegir a dos consejeros de reemplazo en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV). Prevalece la idea de que la mayoría calificada para escoger a los relevos se dará con el acuerdo entre el PRI, su carta es Arcelia Guerrero, y el PRD, con el Cordobés Humberto Ramírez Sáenz, se repartirían uno y uno.
DELEGADOS A CUENTAGOTAS
Por lo pronto ayer fue nombrado un gentleman, William David Knigth Bonifacio como director general del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para ocupar el cargo que dejó el panista Agustín Basilio de la Vega. Knigth viene del equipo del gobernador Javier Duarte, despachaba como Director de Carreteras y Puentes Estatales y en la anterior administración fue Subsecretario de Comunicaciones.
El resto de la larga lista de políticos locales propuestos para las demás delegaciones sigue con el bat al hombro. Algo pasa en la Federación con los nombramientos que la cola no avanza.
