Al límite del plazo legal para hacerlo, será hasta el próximo jueves cuando se conozca el dictamen a las cuentas públicas del Gobierno del Estado, organismos descentralizados y autónomos por el ejercicio 2011.
El informe de revisión rendido por el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) a fines del año pasado a la Comisión de Vigilancia del Congreso, que preside el diputado del PRI, Américo Zúñiga, se ha mantenido en la reserva informativa; incluso para muchos de sus integrantes, al parecer, para evitar las filtraciones y aunque algo ha trascendido a los medios, los datos son aún generalidades y, como se ha visto, variables entre unas y otras declaraciones. Si son 100 millones de pesos en 40 municipios o se duplicó la cifra a 200 o si alcanzará hasta 800 millones, son todavía especulaciones, mientras no se dé a conocer al pleno el dictamen y se detallen las irregularidades encontradas.
Este informe de cuentas públicas tiene la relevancia de que es el primero que atañe a las actuales autoridades en funciones. En el Poder Ejecutivo, corresponde al primer año del gobernador Javier Duarte y sus colaboradores, al igual que en Poder Judicial y en el legislativo, lo mismo en organismos autónomos (con excepción de la UV) y los 212 ayuntamientos.
La versión que prevalece sobre las observaciones y recomendaciones del citado informe de fiscalización es que el presunto daño patrimonial, cualquiera que sea el monto en que quede determinado, sólo alcanzará a un grupo de ayuntamientos, los que no pudieron solventarlas con todas las oportunidades concedidas. Y que no habrá para el Gobierno del Estado, los otros poderes y organismos, los que ejercieron más de 83 mil millones de pesos en el año de revisión, más que observaciones de carácter administrativo.
Sin embargo, se dice que no saldrán tan limpios los que no tengan presunciones de daño patrimonial, pues de las observaciones administrativas habrá casos que deriven en recomendaciones al control del estado de instruir responsabilidades y sanciones.
Este informe es también el primero que rinde el nuevo Auditor General del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, designado en septiembre del año pasado. Como las cuentas sujetas a examen fueron entregadas por los entes en mayo, se advierte que el nuevo auditor se encontró con el proceso empezado y los contratos a despachos asignados, lo que no lo releva de responsabilidad en la elaboración de los dictámenes finales, pero sí debe notarse dicha situación.
Como en otros ciclos finales de fiscalización, el tema se politizará por unos días. Se actualizarán los señalamientos de maquillaje de cuentas y consignas de encubrimiento o cacerías partidistas, signos aún del atraso en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y en la credibilidad de la actuación de las autoridades en el manejo de los recursos públicos. Siempre las expectativas de detección de desvíos y las presunciones de mano larga superan a lo efectivamente encontrado. Habrá que conocer no sólo el dictamen sino el mismo informe, cuando se haga público.
TURISMO
Aprovechando el viaje de la promoción turística del estado, el gobernador Javier Duarte acudirá a su alma mater hispana, la Universidad Complutense de Madrid, para recibir tu título de Doctor en Economía.
Va el gobernador en la gira con la secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realizará en Madrid, España, del 28 de enero al 1 de febrero. Acuden también representaciones de Puebla, Guanajuato, Acapulco, Riviera Maya y Quintana Roo. La delegación Mexicana pretende vender al país en esa feria, considerada uno de los principales foros de difusión turística internacional, como destino de clase mundial. Dos pájaros con el mismo tiro.
Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indios
El goteo en el cambio de delegaciones federales en el estado llegó a los pueblos indios.
dejó la delegación la ex diputada del PAN, Sara María López Gómez, y tomó posesión la ex diputada del PRI y ex presidenta municipal de Zongolica, Isabel De los Santos.
Esta comisión, que se corresponde con el antiguo INI (Instituto Nacional Indigenista), menor en apariencia, ejerció el año pasado 500 millones de pesos en 8 programas destinados a 12 grupos étnicos en el estado.
El IFE en la cochera
Al ver las condiciones impropias para una oficina de atención ciudadana, literalmente en una cochera, el público y los mismos empleados del IFE, una de las dependencias ricas del gobierno, se preguntan: ¿de quién será el negocio del arrendamiento de la cochera en la colonia Constituyentes, adonde fue trasladado el módulo del Instituto Federal Electoral (IFE) que funcionaba en la plaza aledaña a CAXA en Xalapa?
Habrá que preguntarle al Vocal Ejecutivo en la entidad, Antonio Manjarrez Valle, porque los empleados dicen haber recibido órdenes de mudanza y su administrativa elude responder.
