Entre expectativas de que a corto plazo podría mejorarse la vialidad de la ciudad y escepticismo de cuándo habrá de realizarse y verse sus resultados, se ha recibido el anuncio del Plan Integral de Movilidad Urbana para Xalapa. Al borde de la histeria por el problema de la transportación en la ciudad, que no es de ahora, sino a causa del crecimiento de la cantidad de vehículos de particulares y del servicio público y la insuficiencia de vías de circulación, pero agudizado en las últimas semanas por la ejecución simultánea de diversas obras públicas que taponean y congestionan el flujo vehicular, llega una nueva respuesta de las autoridades.
El llamado Plan Integral de Movilidad Urbana fue presentado hace un par de días por el gobernador Javier Duarte a grupos empresariales y colegios de profesionales y, según se dijo, consistirá en una serie de estrategias para ordenar el transporte público para evitar en congestionamiento en ciertos puntos, además de conectar las zonas mediante la construcción de circuitos intercolonias y puentes viales, con lo que se resolverán los problemas de vialidad de Xalapa. También se informó que el plan tendrá una inversión combinada de los tres órdenes de gobierno de mil 700 millones de pesos.
En la continuidad informativa, ayer, tanto el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, como la presidenta municipal de Xalapa, Elízabeth Morales, agregaron piezas a la maqueta del Plan de Vialidad. Buganza nos platica de que habrá semáforos inteligentes, puentes, glorietas, se reconstruirá la avenida Lázaro Cárdenas, se abrirán nuevas rutas de transporte, se restringirá éste en el centro de la ciudad, se cambiará el sentido de las calles, se impedirá que automovilistas se estacionen en zonas prohibidas y que se abrirán estacionamientos al público. Por su parte la alcaldesa, que no dejó de encomiar el prometido rescate vial del Gobierno del Estado, reveló que el año pasado se contrataron los servicios de la empresa de asesoría Europraxis, la que contribuyó, junto con el estado, a formular el estudio de movilidad urbana, del que derivan las alternativas –hasta el uso de bicicletas y caminata a golpe del calcetín– que se plantearon para atender los problemas de vialidad en la ciudad. Es, dijo, «una inversión sin precedentes en materia de infraestructura vial».
SÍ, PERO ¿PARA CUÁNDO?
La oferta de solución luce atractiva para la ciudad –tanto que parece un espejismo, un Xalapa de primer mundo–, sin embargo, llama la atención que al plan presentado se le considera aún «un proyecto preliminar» –todavía se pidió a los asistentes a la mencionada reunión expositiva revisarlo y hacer aportaciones. Este diálogo en principio estaría bien para que se enriquezca la propuesta y el plan se haga con participación social, pero al mismo tiempo sugiere que la ejecución de dicho plan podría no ser tan inmediata. Al menos no para la urgencia que tiene la ciudad.
El gobernador dijo que «una vez que esté definido el proyecto se presentará oficialmente para que los xalapeños conozcan cada una de las acciones»; Buganza contempló estas soluciones pensando que se acercan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 y mencionó que «negociarán» con las 120 rutas de transporte urbano de la ciudad para convencerlos de que acepten modificar sus rutas, como si la facultad del estado para regularlos fuera «negociable».
De los recursos económicos, factor que es determinante para una inversión de tal magnitud, no se precisó de su disponibilidad, ni su momento de aplicación.
La ausencia de programa, el detalle de las acciones y su calendario de ejecución deja un vacío en el que se diluyen las expectativas. Urge que se defina cuanto antes el proyecto y sobre todo que se apliquen ya aquellas medidas de costo menor y rápida implementación. No es exagerar que la irritación por el congestionamiento vial crece en Xalapa y es hoy un tema político electoral. Algo se tiene que avanzar cuanto antes.
SIN PUBLICARSE LA GACETA
Se sigue esperando que la Editora del Estado publique en la Gaceta Oficial el decreto del Congreso local por el que se aprobó el pasado 31 de enero el informe de fiscalización a la cuentas públicas por el ejercicio 2011. Mientras no se cumpla esa formalidad, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no se da aún por notificado de la instrucción legislativa para que abra la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de sanciones a los servidores públicos, principalmente de 39 ayuntamientos que resultaron con presunciones de daño patrimonial y observaciones. En consecuencia este organismo está aún impedido de notificarles a los presuntos responsables y proseguir con el procedimiento resarcitorio y sancionador. Las variadas instancias de defensa y aclaraciones que permite la legislación hace interminable la posible aplicación de sanciones a los servidores públicos. Y más si se sigue demorando la publicación de la citada gaceta. Además, esta es otra condición para que haga público el informe completo y se pueda conocer a detalle la gestión financiera del sector público y que se observó a cada institución en el manejo de los recursos.
CARRILLO A MIGRACIÓN
Se rumora que de un momento a otro se dará la designación y reenganche del ex secretario de Desarrollo Agropecuario y ex subsecretario de Gobierno, Tomás Carrillo Sánchez, como delegado estatal del Instituto Nacional de Migración. Sustituirá en el cargo a Rafael Pretelín, quien ya habría presentado su renuncia. El nombramiento de Tomás, aunque formalizado por el comisionado del instituto, Ardelio Vargas, responde a una propuesta del gobernador Javier Duarte. En el nuevo rescate, cambiaría su condición radicalmente con sólo una letra: de relegado a delegado. Le tocarán principalmente las broncas de los indocumentados, el asunto de las bandas de polleros y extorsionadores a migrantes, los viajeros ocultos en tráileres y en la «Bestia» ferroviaria y la vigilancia en la protección de los derechos humanos a los centroamericanos que aún son tratados en nuestro país como parias. ¡Suerte!
