La accidentada alianza electoral entre el PAN y el PRD para contender juntos con candidatos comunes el próximo 7 de julio en la renovación de 212 ayuntamientos, 30 diputaciones de mayoría y listas de plurinominales sufrió ayer un mayúsculo descalabro.
Aunque en ambos partidos coaligados se presentaron inconformidades y divisiones, la del PRD ha desestabilizado recurrentemente el acuerdo y no sería extraño que al final lo liquide.
Los conflictos internos en el PRD, en el que una de sus facciones reclama no sólo la dirigencia sino que además están en contra de la coalición, se proyectaron a un litigio ante el Tribunal Electoral del Estado, donde ayer ganaron otra batalla.
Y si hace unos días el grupo disidente obtuvo un fallo para hacer una nueva conformación de su Consejo Estatal, precisamente en el que este domingo destituyeron de presidente estatal a Juan Vergel y nombraron a Juan Manuel Montes, ayer consiguieron mandar a la lona a la Coalición.
El Tribunal Electoral del Estado, en respuesta a la demanda interpuesta por un grupo de militantes del PRD, declaró inexistente jurídicamente la coalición con el efecto de ordenar al Instituto Electoral Veracruzano (IEV) la revocación del registro que hizo de aquella el pasado 31 de enero.
El fundamento de la resolución del Tribunal se encontró en la violación a los estatutos del PRD por el cual se aprobó suscribir la coalición. Cuestión simple de números. Conforme al artículo 307 de los estatutos del PRD, dicha coalición debió ser aprobada por el 60% de los 15 integrantes del Consejo Político Nacional, es decir, por nueve de ellos, y sólo fue aprobada por 8 de sus miembros. El incumplimiento de su normatividad interna equivale a la interpretación jurídica de que no se constató la voluntad de ese partido para formar una coalición electoral, que es un elemento esencial y por lo tanto se trata de un acto inexistente. Por ello, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del IEV y le ordena se niegue el registro a la coalición PAN-PRD, denominada «Gran Alianza Por Ti».
Cabe precisar que esta sentencia del Tribunal Electoral del Estado no tiene el carácter de definitiva, ya que la legislación electoral del país permite su impugnación ante el Poder Judicial federal, a través del llamado Trife, donde se puede confirmar o revocar.
Ya se verá si se levanta en la cuenta de protección, y si le da tiempo, pues corre el calendario para el registro de candidatos, que debe hacerse en el mes de mayo; por lo pronto, en la primera instancia, la coalición mordió el polvo.
El PAN, el ganón de la coalición
No falta razón a los inconformes del PRD de las desventajas pactadas por el grupo de Juan Vergel en la coalición con el PAN. Aparte de las diferencias ideológicas y programáticas entre ambos partidos, que son también motivo de división, las cuotas de reparto de postulaciones favorecen claramente al PAN. En las diputaciones de mayoría el PAN se queda con 18 y le deja al PRD 12, la desproporción es todavía mayor en las candidaturas a los ayuntamientos. El PAN se adjudica la postulación en 137 presidencias municipales, mientras que el PRD se conformó con 75. Por otro lado, de los 21 principales municipios, aquellos que son cabecera distrital, el PAN lleva mano en 14 y el PRD en 7, es decir, dos a uno.
LA CONAGO EN TIEMPOS DE PEÑA
Ayer en Chihuahua el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). El organismo, constituido por los gobernadores del PRI que eran y siguen siendo mayoría, en el periodo del gobierno federal panista, con el objetivo claro de hacer cierto contrapeso al Poder Ejecutivo. A la Conago se le adhirieron posteriormente gobernadores del PAN y del PRD, minoritarios en el conjunto, y al fin de cuentas la organización devino en un mecanismo institucional de diálogo entre los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal. No se cree que haya sido alguna vez contrapeso al Ejecutivo, pues éste dispone de muchos recursos de presión, entre ellos, el económico-financiero de llave discrecional para alinear a los gobernadores. Menos lo será ahora que el PRI ha retornado a la Presidencia de la República y los gobernadores de este partido reconocen a éste como su jefe político.
Una muestra fue la adhesión incondicional de los gobernadores a las políticas federales. Entre los acuerdos de ayer en la Conago se sumaron formalmente al Pacto por México, al que ya individualmente se habían adherido los gobernadores del PRI.
Por otro lado, el gobernador del estado, Javier Duarte, presente en esa reunión, expuso una iniciativa, consensuada en la Conago, para establecer el mando policial único y consolidar la Policía Estatal Acreditable. Esta reforma legal planteada implicará que los ayuntamientos cedan al Gobierno del Estado las funciones de policía y seguridad pública, mando que se interpreta, a su vez, se integrará al mando «único» federal, reforma legislativa que igualmente se promueve.
Por su parte, el presidente Peña se inventó otro adjetivo para el desigual federalismo aún existente. El federalismo «articulado».
Zapatero a tus zapatos
Un desacierto de la Presidencia de la República, por cierto, la creación «informal» de los «enlaces» designados para darle seguimiento en las entidades federativas a la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Federal. Por encima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presidente Peña designó a 12 representantes para incrementar la comunicación y coordinación entre su administración y los gobernadores y alcaldes de la república. En lo que respecta a Veracruz le tocó al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett Chemor, quien también se hará cargo de esta tarea en el vecino estado de Tabasco. Aunque Chuayfett es amigo personal del gobernador Duarte y ello podría facilitar la comunicación, no puede dejar de observarse la vulneración del principio de competencia en la administración pública. Cada secretaria de Estado y dependencia del Ejecutivo federal tiene por ley determinadas las materias que legalmente le corresponde atender; además de que sus titulares deben emplear su valioso tiempo, precisamente en resolver la problemática específica que les está encomendada. Por ejemplo, ¿le plantearán al secretario de Educación Pública los temas de seguridad, comunicaciones, gobernación, finanzas o salud?, ¿qué respuestas darán los «enlaces» a materias que le son ajenas y muy probablemente desconocidas? Y entonces ¿cuándo podrían acordar los gobernadores con los otros secretarios de estado?, ¿o los enlaces serán gestores de audiencias con sus compañeros de gabinete?
Además, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal define expresamente como atribución de la Secretaría de Gobernación (artículo 27, fracción VIII), «conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría (se entiende que por ley), las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios (ojo) y con las demás autoridades federales y locales...». O no leyeron ese artículo o no les importa la invasión de competencias y el retardo en la atención de los legalmente responsables. El centro se pone más distante, ¿será eso el federalismo articulado?, articulado pero de barreras y filtros.
