El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas del penúltimo año de Felipe Calderón, rendido hace un par de días a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, repite la historia de la incontenible corrupción, sea por desvíos o ineficacia de la burocracia mexicana, así como los lamentos de siempre de la incapacidad de los sistemas implantados para contenerla.
Aunque el titular de la ASF, Juan Manual Portal, reporta la interposición de 134 denuncias penales, 1,063 promociones administrativas sancionadoras y el reintegro de 7 mil 786.6 millones de pesos de fondos estatales como datos duros de su acción, no dejó, una vez más, de reconocer que las políticas anticorrupción han fallado.
En su análisis del ejercicio de los recursos públicos en 2011, Portal señaló que pese a tener claridad en las causas que permiten la corrupción en el sector público, no se avanza en sus soluciones ni en la generación de una cultura eficaz de respeto al uso de recursos públicos. En su opinión los principales factores que se asocian a la corrupción son: la falta de control de la gestión pública, la carencia de un servicio civil de carrera para los servidores públicos y la escasa racionalidad en la aplicación del gasto. Su diagnóstico de las fallas menciona que los mecanismos e instancias de control existentes presentaron un enfoque correctivo porque no se orientaron a detectar específicamente las prácticas de la corrupción. Igualmente refiere la ausencia o debilidad de controles preventivos que impidieron alcanzar niveles de eficiencia, transparencia y honestidad en la administración pública. También refiere la falta de armonización legislativa con los convenios internacionales anticorrupción y con la protección del patrimonio nacional a nivel federal, estatal y municipal para prevenir detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Además de la falta de independencia de los órganos de control, debido a su relación jerarquizada con el Ejecutivo federal.
Los casos de la temporada incluyen el anticipado de la Estela de Luz, que causó un daño patrimonial de 400 millones de pesos, una cantidad igual por el sobreprecio en la construcción del parque Bicentenario, emblemáticos de la gestión de Calderón, y otro paquete de observaciones muy parecidos a los de cada informe de auditoría: excesos en la devolución de impuestos a las grandes empresas, pagos indebidos al SNTE, contratos adjudicados directamente sin respetar las normas, endeudamiento excesivo de gobiernos estatales y municipales, desvíos de fondos federales a fines no autorizados en las entidades federativas, incumplimiento de metas en diversas dependencias y aumento desmedido en la burocracia pública.
Seguirán su curso las denuncias y los procedimientos sancionadores y habrá más detalles de las irregularidades, en que casi todas las dependencias del sector público federal y estatales incurrieron en el manejo de los recursos públicos. Pero lo más importante ahora que se debate la creación de un nuevo esquema de combate anticorrupción en el país, es cómo hacer para efectivamente mejorar los controles y sancionar más eficazmente el uso ilegal de los recursos públicos, como someter a la cleptocracia. El próximo año todavía tocará revisar el Año de Hidalgo de Calderón, pero dentro de dos será el turno de la gestión del nuevo presidente Enrique Peña Nieto. Esperemos no ver para entonces la misma película en la que los malos se siguen llevando la bolsa del patrimonio público.
Enroque electoral al poder judicial
Demorado el segundo movimiento, al producirse deja en claro que se trató de un extraño enroque. Arcelia Guerrero Castro era contralora del Poder Judicial hasta que fue nombrada consejera electoral en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) por el Congreso el pasado 24 de enero. Víctor Borges Camal era consejero electoral en el IEV y cesó en funciones por vencimiento del plazo para el que había sido nombrado, sin embargo, pasó a ocupar la vacante dejada por Arcelia Guerrero en la Contraloría del Poder Judicial. Este martes Borges Camal fue nombrado contralor por el Consejo de la Judicatura, sin que se sepa que tenga algún conocimiento sobre el control y evaluación de la gestión financiera, operativa y normativa del Poder Judicial. Toda su trayectoria es política electoral. Se le recuerda como encendido ultra radical militante del PRD y representante de este partido en órganos electorales, algún tiempo fue asesor de una diputada local de extracción priista, y de ahí saltó, cooptado encubierto –entre disfraces del sol azteca y tricolores– como consejero electoral del IEV. De su paso por el IEV, lo más notable en los medios fueron sus escenificaciones de patio de vecindad, en la modalidad lavadero, con la presidenta Carolina Viveros, pero se ve que algún favor especial le han tenido todavía que pagar, que recaló en la Contraloría del Poder Judicial. No se espera que controle nada; ni a sí mismo en su temperamento chilatolero, a ver si no se han echado encima en la Judicatura a un chivo en cristalería.
Se les adelanta Mikel
Mientras la propuesta del gobernador Javier Duarte para ocupar el cargo de delegado estatal del ISSSTE, Gonzalo Morgado Huesca, se tarda en cruzar la aduana del Consejo General que debe formalizar el nombramiento, otro ha comenzado a comerse las posiciones de operación en la delegación estatal. Salvador Mikel Rivera, político gris del sexenio de Patricio Chirinos, rescatado por Fidel Herrera como Procurador de Justicia y operador electoral, es, como se sabe, Director jurídico del ISSSTE, gracias a que el actual director general Sebastián Lerdo de Tejada fue alguna vez su compañero de bancada legislativa. Aprovechando el impasse, Mikel aprovecha para colocar a sus piezas. Ya acomodó a Gabriel Pavón Camacho, identificado plenamente con él, como subdelegado de prestaciones institucionales, una de las tres principales de esa dependencia. Pavón fue consejero del IEV en tiempos de Fidel Herrera, luego auxiliar de Mikel en la Procuraduría y recientemente sobre volaba en el área de planeación de la Sefiplan. Pasado de listo.
