La ex secretaria de Turismo del Estado, Leticia Perlasca Núñez, renunciada en los primeros días de octubre pasado, vuelve a ser noticia, y no a su favor.
El Informe de Fiscalización a las cuentas públicas de 2011, rendido por el Orfis y aprobado a fines de enero por el Congreso local, actualiza los señalamientos que se le hicieron previos a su remoción por tráfico de influencia en favor de un grupo de amigas íntimas –entre ellas, su presunta room mate, Mónica Camarena– con recursos procedentes del presupuesto de la Secretaría de Turismo y de fideicomisos del ramo.
Las denuncias periodísticas que la reventaron, en las que se exhibieron documentos para mostrar los vínculos comerciales de las amigas y del beneficio recibido con asignaciones indebidas de fondos públicos, parecen no sólo confirmarse sino que se quedaron cortos.
En aquel momento se mostró en los medios una presunta copia de un estado de cuenta de tarjeta de crédito a nombre de Mónica Camarena Crespo, en la que ésta aparecía como usuaria de tarjeta de crédito adicional de la secretaria de Turismo, Leticia Perlasca Núñez, coincidentemente con el mismo domicilio que el de una factura a nombre de Kinemanía Comunicación, liquidada por más de un millón de pesos por el Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por Servicios de Hospedaje, al concepto de pago en abono respecto a un contrato por cantidad mayor (Veracruz a la carta).
Pues resulta que hay más. La observación número 125/2011 /003 del informe del Orfis a la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Impuesto al Hospedaje, el cual maneja la Secretaría de Turismo, establece que no hay evidencia alguna de que se haya realizado la materia del contrato del fideicomiso con la empresa Kinemanía, a la que le pagaron casi 4 millones de pesos.
En efecto, se observa en el informe que se celebró un contrato de prestación de servicios entre el fiduciario (Banco Azteca SA) y Miriam Margarita García Amador –persona vinculada a Camarena y Perlasca, desde otras dependencias– como propietaria de Kinemanía, por 3 millones 723 mil 600 pesos. Pero no aparece en ninguna parte cumplido el compromiso de la empresa de prestar sus servicios profesionales de grabación, edición, post-producción, cámaras, luces, micrófonos, producción, conducción locución, guiones, máster y copiado de 52 capítulos de 24 minutos cada uno sobre el tema de programa «Veracruz a la Carta», para publicidad y difusión el mismo. Después de intentar comprobar infructuosamente el trabajo contratado y pagado, concluye la auditoría que no se presentó evidencia del resultado final de dicho contrato ni del proceso de adjudicación implementado. Y remata: «el fideicomiso no observó la obligación de conservar la documentación comprobatoria y justificativa (como debía) conforme a las disposiciones legales aplicables. Un fraude completo, porque se pagó sin que se haya comprobado su realización, además del tráfico de influencia y adjudicación indebida.
MÁA DE 10 MILLONES SIN COMPROBAR
No se sabe igualmente el destino de 10 millones 293 mil 309 pesos retirados de las cuentas del Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje. Reportan una erogación de 63.3 millones de pesos, pero sólo hay instrucciones y comprobaciones para 52.9 millones. Por ello, la observación 125/2011/006 determina que «se detectó que el ente fiscalizable no observó la obligación de instruir en forma escrita a la fiduciaria y de contar con la documentación comprobatoria y justificativa de acuerdo a las disposiciones legales aplicables».
CASI 5 MILLONES, FUERA DE NORMAS DE CONTRATACIÓN
También observa el Orfis que se detectó que se adquirieron bienes y servicios por un monto de 4 millones 831 mil 733 pesos, sin tener evidencias del contrato, del proceso de adjudicación, estudio de mercado o del dictamen de procedencia, en su caso.
Pecata minuta resultan los bienes informáticos que no fueron encontrados en ninguna parte. Varias computadoras y teléfonos inalámbricos y hasta sillones y otros muebles de oficina por un valor de 315 mil pesos, de los que se desconoce dónde están.
¿IMPUNE?
Si bien es cierto que Leticia Perlasca no es ya servidora pública del Gobierno del Estado (hasta donde se sabe), debe rendir cuentas por el daño causado al patrimonio público. Vistas las irregularidades observadas ameritaban la presunción de daño patrimonial y no sólo la calificación de «inconsistencias de posible responsabilidad administrativa». Con todo, la bola del seguimiento la tiene ahora el contralor del Estado, Iván López, quien tendrá abrir el procedimiento disciplinario administrativo y aplicar la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos. Aún cabría reclasificar el asunto y volverlo del orden penal, como fácilmente encuadraría.
Que se apure, no vaya a ser que Perlasca ponga distancia y se incorpore al cuerpo diplomático al lado de su protectora Beatriz Paredes, actual embajadora en Brasil, antes de que engrose la plantilla de las Chicas de Ipanema de doña Beatriz.
