Asuntos Públicos: EL ELBAZO Y EL ESTADO DE DERECHO

Debajo de la motivación política profusamente difundida y comentada de la aprehensión de la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, y su estrepitoso derrumbe, los ecos del quinazo y los calificativos al golpe de timón presidencial, su presunta búsqueda de legitimación y prórroga de su menguante bono de arranque, el ajuste de cuentas y el despeje del camino para el avance de la reforma educativa, queda el asunto judicial.

Si bien un aspecto del tema, acaso el que atrae más, es el impacto del golpe político y el quiebre de uno de los mentados «poderes fácticos» y sus consecuencias, entre ellas, la afirmación de autoridad presidencial y la recomposición del liderazgo del SNTE –cómo se cubrirá el vacío y la relación que establecerá con el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados–, otro no menos importante, tanto que de él depende que se sostengan los efectos políticos, es la cuestión estrictamente jurídica: la solidez o no de las acusaciones en contra de la dirigente sindical por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por su imagen de corrupción y lujo a costa de las cuotas de los trabajadores de la educación, construida a lo largo de su prolongada permanencia en las altas esferas del poder, la maestra Elba Esther Gordillo ya ha sido juzgada y condenada por una buena parte de la opinión pública; muy pocos le conceden el principio de presunción de inocencia, pero su proceso penal apenas comienza.

En los mensajes del Gobierno Federal, secundados por los gobiernos de los estados, incluido obviamente el de Veracruz, se ha intentado excluir los móviles políticos de la acción para destacar que se trata de un asunto de legalidad, de cumplimiento estricto de la ley y combate a la corrupción, porque nadie está por encima del orden jurídico. Pese a que nadie se cree que sea un mero caso judicial, no por tener un claro fondo político y repercusiones en la correlación de fuerzas deja de ser un asunto aplicación de leyes y prueba de vigencia del estado de derecho. Consistente con la política de comunicación decidida, el presidente Enrique Peña Nieto, luego de reunirse con los gobernadores de los estados, dirigió un mensaje en el defendió la legalidad de su actuación. Enumeró en su discurso los principios jurídicos a que se sujetarán las autoridades; por delante el respeto al estado de derecho, al debido proceso y a las garantías de los acusados, a la división de poderes, y concretamente a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Subrayó que el proceso que se sigue es estrictamente legal y que responde a las evidencias de probable desvío de recursos y su ocultamiento, recursos que, dijo, son de los agremiados sindicales y no de sus dirigentes. Sostuvo que la PGR defiende los derechos del magisterio y del patrimonio de sus agremiados y además aseguró que se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional, y hasta refrendó su compromiso con el magisterio y el respeto a la vida interna y la autonomía del SNTE. Con todo, los fundamentos legales del caso estarán a debate en el proceso.

Los delitos
La forma de exponer los presuntos delitos cometidos por Elba Esther Gordillo y sus colaboradores, la narrativa y diagrama del flujo de operaciones por 2 mil 600 millones de pesos que parten de las cuentas del SNTE a cuentas particulares y en múltiples triangulaciones hacia el beneficio de la maestra Gordillo ha creado una polémica jurídica que cuestiona la tipificación de delitos. Al margen del consenso en la corrupción en las cuentas sindicales y la condena moral al exhorbitante consumo y acumulación patrimonial de su dirigente, hay quienes ponen en duda se haya cometido un delito. Basan su argumento en que los recursos del sindicato no son fondos públicos, sino privados, pues proceden principalmente de las cuotas de los trabajadores, es decir, derivan de una relación laboral y son aportaciones voluntarias; por ello, el Estado está impedido de intervenir en las decisiones de su dirigencia acerca de cómo se gastan; en su caso, quienes tendrían que denunciar –que no lo han hecho– y exigir rendición de cuentas son los propios miembros del sindicato, por lo que al no haber denuncia, no cabría la actuación de la Procuraduría y menos, por ahora, la imputación de delitos. La confusión procede del insuficiente conocimiento y análisis del delito federal denominado «operaciones con recursos de procedencia ilícita» o lavado de dinero, como se le conoce popularmente, por el que principalmente se le acusa, además de delincuencia organizada. Este delito, orientado más a la sanción de los productos del narcotráfico y otras fuentes de ingresos delictivas que retornan al circuito financiero, tiene como primer supuesto la existencia de dinero de procedencia ilegal, que en el caso, sostiene la PGR, se actualiza con las primeras disposiciones de fondos de los colaboradores de la maestra, quienes supuestamente carecen de facultades legales para efectuar los retiros y trasladarlos a cuentas personales. El segundo supuesto es movilización del dinero, efectuada por ese grupo con conocimiento del origen ilícito, y el tercero, que se hagan dichas operaciones con el propósito de ocultamiento del origen, localización, destino o propiedad, constituido por todas las ramificaciones de cuentas, la triangulación que conduce al beneficio de la maestra.

Por lo pronto, Elba Esther y sus colaboradores están en prisión, y les corre el término constitucional para que el juez federal de la causa determine su situación jurídica. Pidieron ampliación de plazo y será hasta el lunes que se dictamine cuál de los autos le obsequiarán. Si un auto de libertad o de formal prisión. Se apuesta por el segundo. Pero ya se verá si la solidez del caso armado –que por cierto los gobiernos del PAN nunca vieron– se sostiene, en esta fase y en las que siguen de este mediático proceso penal que vino a sacudir a la opinión pública.

Damnificados de Elba Esther Gordillo
Aparte de los afectados de la primera fila, su familia y sus organizaciones políticas, los integrantes del Comité Nacional y los seccionales del SNTE, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, también sus ahijados en Veracruz, los Callejas, Hernández Burgos, los Ochoa y el «publirrelacionista» Othón González, representante de negocios de la maestra desde el gobierno de Fidel Herrera y prorrogado en el actual. Por cierto, se le tiene por el responsable de la falla de sonido en el Segundo Informe del gobernador Javier Duarte. ¿Le bajarán la charola?

Oportunista
En vez de verse en el espejo de su ex protectora, porque también tiene una larga cola de corrupción y antagonismo político, Miguel Ángel Yunes Linares parece no entender en cabeza ajena. En el registro de reacciones a la caída de Elba Esther, tuvo menciones en la prensa y un medio nacional reportó ayer que anda concertando «acciones políticas de emergencia». Se consigna que líderes magisteriales, que incluso fueron funcionarios en el ISSSTE, fueron contactados «de parte de Miguel Ángel Yunes –antiguo aliado y ahora enemigo de la maestra– para invitarlos a preparar una acción política conjunta». En la convocatoria les pidieron coordinarse con el secretario particular del ex director del ISSSTE, David Beristáin Fernández y su secretaria Paola Torres. En el ¿quien sigue?, no pocos incluyen en sus pronósticos al enriquecido ex director general el ISSSTE.