En medio del proceso electoral para renovar los ayuntamientos y el Congreso local, cuando los ataques entre grupos políticos tienden a subir de tono para generar escándalos mediáticos, no extraña la utilización de legisladores federales del PAN de los resultados de la fiscalización al gasto federal del estado de Veracruz ejercido en 2011.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rendido a la Comisión de Vigilancia de la Cámara federal de Diputados el pasado 18 de febrero, efectivamente contiene observaciones y presunciones de daño patrimonial por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos en diversos fondos de aportaciones federales transferidos al Gobierno del Estado, sin embargo, esto es parte del proceso de fiscalización y rendición de cuentas y no aún una situación definitiva. Por eso, es exagerado y fuera de contexto, obviamente con una motivación política, referirlo como cosa juzgada y más propagandístico anunciar que presentarán denuncias de carácter penal, cuando que la misma Auditoría Superior de la Federación puede actuar de oficio en ese sentido –sin que medie denuncia de partido político– para hacerlo, en caso de que a su juicio se configure un ilícito en el manejo del gasto público federal.
Pero igualmente resulta retórica la respuesta oficial, entendible en su posición reactiva, de que no existe «ningún daño patrimonial, ni desvío de recursos en los fondos federales», como lo afirmó ayer el contralor del Estado, Iván López Fernández, asegurando que ya se atendieron todas las observaciones de la ASF y que en las próximas semanas el órgano fiscalizador federal emitirá el dictamen definitivo que lo confirmará.
Lo cierto es que las observaciones y presunciones existen y constan en el informe hecho público de la ASF y accesible en su página de internet, como lo es también que una vez que les fueron notificadas al Estado contaron con un plazo para presentar información adicional y consideraciones para solventarlas; pero mientas la ASF no se pronuncie al respecto, no se puede adelantar cuál será su opinión técnica y jurídica. Por Ley, la ASF dispone de un plazo máximo de 120 días hábiles para hacerlo, podría ser en las próximas semanas, como afirma el contralor del Estado, pero también ocupar los 4 meses que le permite la ley, e incluso, no hacerlo, en cuyo caso, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.
Debe hacerse notar, como una falla de la Contraloría del Estado, a cargo de Iván López, que las observaciones marcadas por la ASF no le son desconocidas, pues debieron conocerlas en primer lugar en el curso de la auditoría a las dependencias, cuando se hizo la comprobación del uso de los fondos, y una segunda oportunidad, antes de que se rindiera el informe, pues dispusieron de un plazo de al menos 7 días hábiles para presentar argumentaciones adicionales y documentos soporte. Ahora va otra oportunidad de solventarlas. A ver si la tercera es la vencida.
EL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB)
La auditoría financiera y de cumplimiento al FAEB es el asunto más grueso de los detectados por la ASF. El monto de probable daño patrimonial y determinación de recuperaciones es de 3 mil 654 millones de pesos. Corresponde a la revisión de 16 mil 147 millones de un total de 19 mil 411 millones, transferidos por el Gobierno Federal al Gobierno del Estado en 2011.
El resumen de observaciones y acciones indica que la ASF hizo 28 observaciones, de las cuales 3 se solventaron antes de rendir el informe, y de las 25 restantes se desprenden 10 recomendaciones, 1 promoción de ejercicio de comprobación fiscal al ISSSTE para que audite el cumplimiento de obligaciones y 14 pliegos de observaciones.
Las observaciones de ahora no son muy distintas a las precedentes. Entre las mayores están la clásica retención de fondos de la Sefiplan, la gran caja a la que entra todo el dinero y sale a cuentagotas. Como otras veces, no entregó a la SEV la totalidad de los fondos recibidos y además ejerció sin comprobar retenciones de nómina para entero de ISR y pagos a terceros institucionales, como el IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE y el SAR.
Tan sólo de lo recibido y entregado a la SEV existe una diferencia de 2 mil 719 millones de pesos, de ahí que como no se aplicaron los recursos conforme a las reglas se determine que «se desconoce su destino y aplicación». Igual se le suman las cantidades por rendimientos financieros por 149 millones 250, que metieron en una cuenta de inversión, a sudar los intereses, sin reportar la aplicación de éstos a los fines del FAEB, 58 millones supuestamente pagados al IMSS, 189 millones al SAR, entre otros.
De los temas específicos de la SEV se cuentan pagos al ejercicio de 2010 por casi 260 millones de pesos, así como otros pagos fuera de norma, tales como bono anual de imagen por el Día del Empleado por 106 millones y los compromisos con el sindicato, no reconocidos por el FAEB, por pago a personal comisionado por 86.9 millones de pesos. También le marcan a la SEV pagos improcedentes en centros no localizados o que no cumplen los objetivos del fondo por un millón de pesos, 2 millones por pagos en categorías no localizadas en el catálogo. Más delicado es haber pagado 37.5 millones de pesos a trabajadores después de que habían sido dados de baja y 24.2 millones a personal en licencia con goce de sueldo y 3.2 millones a personal presuntamente «aéreo» que no fue localizado en su centro de trabajo.
El dictamen rendido por la ASF a este fondo es negativo y advierte de la reiteración de las prácticas violatorias a la normatividad que rige este fondo federal; de la necesidad de mejorar sus controles –alerta roja para la fallida Contraloría de Iván López–, y aplicar el dinero en la forma prevista. Igualmente de resolver los problemas de fondo en la administración financiera del Estado y en la operación de la Secretaría de Educación.
