Asuntos Públicos: ¿LA CONTRALORÍA DEL ESTADO EN LOS MUNICIPIOS?

Sorprendió la declaración de ayer del Contralor del Estado, Iván López Fernández, de que la dependencia a su cargo y el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), cuyo titular es Lorenzo Antonio Portilla, revisarán a partir de marzo próximo, en forma conjunta, la ejecución presupuestal –la cuenta pública– de los 212 municipios del Estado. Y más porque fundó su intervención «en seguimiento al acuerdo de cooperación» firmado el pasado mes de octubre ante el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel del Portal.

Insistiendo en su injerencia municipal, Iván López se refirió a la revisión de la obra pública que realizan los ayuntamientos, adelantó que la Contraloría aportará, además del apoyo técnico y de personal, los laboratorios especializados con que cuenta el gobierno de Veracruz para el análisis de la calidad de las obras. Como si fuera la chucha cuerera de la auditoría, que no lo es.

Seguramente el Contralor del Estado no ha podido leer y menos comprender el contenido y alcance del convenio invocado, o sus asesores legales le han dado una interpretación errónea, ya que en ninguna parte del mismo se estipula que el Orfis y la Contraloría estatal «revisarán en forma conjunta» las cuentas públicas de los municipios del estado, ni que la Contraloría aportará su personal en la revisión o sus laboratorios de análisis de calidad. Tampoco que vayan a iniciar trabajos conjuntos de revisión a partir del próximo mes de marzo.

Si se examina el convenio de coordinación suscrito entre ambas instituciones –con el auditor de la Federación como testigo de calidad–, el cual aparece en la página de transparencia del Orfis, se entiende que su objeto central es formar un grupo de trabajo a fin de impulsar en el Estado «El Sistema Nacional de Fiscalización». Este modelo de trabajo, indican, se basará en la fiscalización, el control, la vigilancia y la evaluación en el manejo de recursos públicos, así como en la actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias y la ordenación, la homologación y la unificación respectivas a los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas de aplicación, administrativa, contable, financiera y jurídica que apliquen». No se puede hallar ni con lupa dónde se dice que van a revisar conjuntamente las cuentas públicas de los municipios a partir de marzo.

Cada quien en lo suyo
En su capítulo de antecedentes el convenio es muy claro; se remiten al marco creado a partir de 2010 por las entidades públicas del país –órganos de fiscalización y contralorías, del ámbito federal y estatal en que se comprometieron a impulsar un sistema homogéneo y profesional y cooperativo, un sistema nacional de fiscalización; este sistema, si bien implica una coordinación y búsqueda de un bagaje común de normas, principios y metodologías para el control interno, la fiscalización de recursos públicos y la rendición de cuentas, así como la profesionalización del personal que labora en estas áreas, esto no implica ningún convenio o cesión sobre las atribuciones legales y esferas de competencia de los entes participantes. Tanto el referente del Sistema Nacional de Fiscalización, documento también público y que puede consultarse en la página web de la ASF, como en la declaraciones del convenio de coordinación aludido entre el Orfis y la Contraloría del Estado, se expresa como premisa «el pleno respeto a la división de poderes y órdenes de gobierno»; lo que se reitera en la precisión de que «en los canales de comunicación y mecanismos de coordinación» se establecerán «respetando en todo momento el ámbito de competencia de ambas partes».

Parece que no le ha quedado claro a Iván López la cuestión de la competencia y atribuciones de cada quién. El Auditor de la Federación, Juan Manuel del Portal, promotor principal del Sistema Nacional de Fiscalización, ha expuesto en distintas ocasiones que es indispensable que en los tres órdenes de gobierno se trabaje con visión, estándares, principios y capacidades técnicas uniformes. Y respecto a la coordinación, no queda duda, en que sostiene que debe hacerse «con el respeto de las competencias y facultades propias de cada ente». Los ejes temáticos enumerados por el auditor federal, mismos que se han encuadrado en los convenios estatales, abarcan, entre otros, la homologación de normas profesionales; creación de capacidades, intercambio de información y asistencia mutua, adopción de criterios generales para la prevención, detección, disuasión y sanción de los actos de corrupción, máxima publicidad de resultados y rendir informes en lenguaje sencillo y claro.

Los difusores de la estrategia para implantar el sistema Nacional de Fiscalización enfatizan tres ideas básicas: Que se trata de un esquema de coordinación; se respetan las atribuciones legales y mandatos de sus integrantes y que es un proceso gradual que requiere la consecución de objetivos en distintas etapas.

Quemando estas etapas y saltándose las trancas de su competencia y la del Orfis, muy por encima del texto del convenio de cooperación, que no lo contempla, Iván López ya quiere revisar a los ayuntamientos a partir de marzo. Antes debería hacer mejor su tarea, pues deja mucho que desear, como se observa en los informes de Auditoría Superior de la Federación, a fin de prevenir y controlar la operación de recursos del Gobierno del Estado.

La competencia para revisar las cuentas públicas y la gestión financiera del Gobierno del Estado –los tres poderes–, los órganos descentralizados, paraestatales y autónomos, así como de los 212 ayuntamientos (ahora en la mira de Iván), con posterioridad a su ejercicio es del Orfis.

No puede Iván López con lo suyo y ya quiere meterse al terreno ajeno. ¿Es burro o se hace? Habrá que preguntar al titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, qué lectura tiene del convenio de coordinación y del burro invasor de competencias.