No se la han acabado los militantes del PRD con sus conflictos internos entre grupos locales, en los que han tomado partido sus órganos centrales, metiéndole más ruido, y siguen acaparando las notas en esta fase preliminar del proceso electoral para renovar ayuntamientos y diputados al Congreso local.
Enfrentados desde el principio del proceso por la integración del Consejo Estatal, la presidencia local de ese partido y el tema de la coalición electoral con el PAN, los intercambios de golpes e impugnaciones legales mutuas en los tribunales del estado y federales en materia electoral, no tienen para cuando acabar.
Aunque el tema de la coalición se estima legalmente agotado y muerto, los órganos centrales del PRD, suplantando la voluntad de los militantes locales, que aún en su división coincidieron en rechazar la alianza con el PAN, se han empecinado sin fundamento legal pretender que esa alianza todavía está vigente.
En efecto, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el pasado viernes, en un procedimiento de revisión constitucional –previsto de una sola instancia y no admite recurso–, que no se cumplieron los requisitos estatutarios de competencia para su aprobación y ordenó que fuese el Consejo Estatal, considerado el facultado, quien tomara la decisión.
Como se sabe, ambos consejos en pugna, en sesiones por separado, ninguno de los dos aprobó la coalición. Sin embargo, los órganos centrales del PRD, el Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política Nacional, arrogándose facultades no reconocidas por la autoridad electoral federal, se pronunciaron por la continuación de la alianza y, para más, ya publicaron su convocatoria para selección de candidatos apegada a los términos de la coalición con el PAN, es decir, únicamente para los municipios y diputaciones del convenio anulado. En rebeldía con la dirigencia nacional, una de las facciones del PRD, la que tiene reconocimiento ante las autoridades electorales del estado, apoyándose en la resolución del Tribunal Federal, publicó su propia convocatoria para seleccionar candidatos sin coalición alguna.
Los grupos en conflicto, la facción de Juan Vergel –destituido por los otros y denunciado por desvíos de prerrogativas partidistas– y los órganos centrales que intentan revivir la difunta coalición, con medidas como presionar junto con el PAN en el Pacto por México; y su contraparte, representada por Juan Montes de Oca y Sergio Rodríguez, señalado de estar impedido para ser dirigente, seguramente se volverán a encontrar en los Tribunales.
Hasta que se acabe el tiempo para el registro de candidatos y se conozca en definitiva cuál de ellos tendrá la legitimidad y qué acciones son las válidas. Vaya enredo que traen las tribus del PRD y eso que apenas está iniciando el proceso. Sólo ingenuos no verían que detrás del conflicto están las manos de otros actores políticos, los titiriteros que tienen por ahora en el PRD un terreno fértil para el golpeteo preliminar. Del valor electoral del PRD en Veracruz se duda mucho, pero para el pleito de callejón se surten. Y cobran bien por la pelea.
La sesión de despedida
Las tres magistradas de la Sala Regional del TEPJF que despacharon aquí por nueve años, ayer tuvieron su sesión del adiós. Para no variar, no dejaron de pelearse entre ellas, el bloque de Yoli García y Judith Muñoz volvió a vencer a la solitaria Claudia Pastor.
En su capítulo final, fueron para Adelante y determinaron que era válido el nombre de la coalición encabezada por el PRI, de la que forman parte el PVEM, el Panal y otros, «Veracruz Para Adelante». En cambio, no le entraron al espinoso tema de la integración y validez del Consejo Estatal del PRD, del que como se sabe, hay dos.
Argumentaron no haber tenido tiempo de examinar el material probatorio y que no había certeza en varios documentos que presentaron las partes. El caso es que se lo heredaron a los nuevos magistrados, Antonio de León Gálvez, Octavio Ramos y Juan Manuel Sánchez, quienes hoy asumirán sus funciones, y no tendrán más remedio que resolverlo.
SE LA JALÓ EL GOBERNADOR CHIAPANECO
Ha trascendido por notas periodísticas la acción legal emprendida por el gobierno de Chiapas para apropiarse no sólo de 19 municipios de Oaxaca, sino también de Las Choapas, Jesús Carranza y Uxpanapa, estos tres del estado de Veracruz.
No hay precisión en el tipo disputa legal, pues conforme a la Constitución Política del país, los conflictos por límites entre entidades federativas son facultad del Senado de la República, sin embargo, se refiere en las notas a una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, es nieto del Dr. Manuel Velasco Suárez, ex gobernador de ese estado y distinguido neurocirujano, milita en el PVEM y llegó a la gubernatura en diciembre pasado postulado por su partido en alianza con el PRI y el Panal. En su corto mandato se le conoce más por su romance de revistas del corazón con una cantante y por sus desmayos en actos públicos. Se le ha hecho fácil al joven Velasco hacer crecer a su estado por la vía del expansionismo. Nadie le concede fundamentos jurídicos, históricos o culturales para su pretendida anexión. Con todo, habrá que conocer de la defensa legal que haga el Gobierno del Estado. Además de la plática con él, anunciada ayer por el gobernador Javier Duarte, que al parecer lo toma como una broma o vacilada de Velasco.
