Anunciada desde su toma de posesión y luego incorporada a los acuerdos con cuatro partidos políticos integrantes del Pacto por México, ayer el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
En sus líneas generales ayer esbozadas, no obstante el énfasis en el discurso democrático y la extensión y protección de libertades, de expresión y difusión, así como de acceso a la información, en su base hay más que nada un replanteamiento del mercado de concesionarios de los medios de telecomunicación –televisión, telefonía, internet, y radiodifusión– y de la regulación que de ellos ejerce, en nombre de la Nación, el Estado Mexicano, por conducto del Gobierno Federal.
Lo más sobresaliente es que se introducen elementos de competencia y antimonopólicos, necesarios para romper las concentraciones que hasta hoy dejan a los usuarios de estos servicios sin opciones de contratación y por ende, a merced de los malos servicios que ofrecen los actuales concesionarios. Entre las consecuencias más inmediatas, de ser aprobada esta reforma, está la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta además de la permisividad de la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y hasta el 49% en radiodifusión. Ya se verá quiénes serán los nuevos jugadores y de qué liga proceden, aunque con la señal para la inversión extranjera lo más probable es que no sea capital nacional.
Para la regulación se crearán dos órganos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que de entrada verificará las concesiones existentes y en lo sucesivo las otorgará y supervisará, así como una Comisión Federal de Competencia Económica para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como para prevenir investigar y combatir los monopolios.
Esta reforma que hoy ingresa a la Cámara federal de Diputados para iniciar el proceso de reforma constitucional, aunque podría tener modificaciones, tiene a su favor la factibilidad de su aprobación, ya que viene consensuada con los partidos políticos. Incluso, suscriben la iniciativa de reforma constitucional, junto con el presidente Enrique Peña Nieto, los diputados coordinadores de cuatro de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso. Por el PRI, Manlio Fabio Beltrones, por el PAN, Luis Alberto Villarreal García, por el PRD, Silvano Aureoles Conejo, y por el PVEM, Arturo Escobar y Vega.
El documento de reforma fue elaborado conjuntamente en el seno del Pacto por México y aunque no sustituye al trabajo legislativo de ambas cámaras, ya viene bastante avanzado en los acuerdos. Más adelante habrá que analizar más a detalle otras implicaciones de la nueva legislación para el ejercicio de las libertades de expresión en esos medios de comunicación. Esperemos que la apertura y supervisión redunde en un mayor calidad de los servicios de telefonía e internet –hoy cautivos de los Slims– y de la oferta televisiva, en manos del duopolio Televisa-Azcárraga y Tv Azteca-Salinas Pliego.
Capacitación en el ORFIS
Con la presencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que inauguró los cursos, el Auditor General del Órgano Superior de Fiscalización, Lorenzo Antonio Portilla, inició ayer la periódica tarea de instruir a los servidores públicos de los ayuntamientos en el cumplimiento de las buenas normas de la contabilidad gubernamental. Las jornadas se llevarán a cabo simultáneamente por regiones, del 11 al 19 de marzo, está dirigida a 2 mil 800 empleados de las tesorerías municipales y tienen un énfasis preventivo, para disminuir o evitar las observaciones para cuando se revisen las cuentas públicas de 2013.
Sin duda importante la labor preventiva promovida por el Orfis, sin embargo, no reemplaza la función de fiscalización que se realiza con posterioridad al ejercicio de los recursos, al menos les ofrece a los servidores de los ayuntamientos una oportunidad de información normativa para reducir los errores de registro y comprobación de cuentas, porque el que le mete la mano al cajón, tiene otro tratamiento.
Por cierto, que mucho se ha hablado recientemente en los medios de las denuncias penales a los servidores de los ayuntamientos, 15 ex presidentes municipales que no solventaron observaciones de daño patrimonial en 2010. Ha estado tan cantada esta denuncia, que cuando se presenten a ver donde los encuentran. Los que aún están en el banquillo son los actuales de 39 ayuntamientos, que deben solventar irregularidades por más de 200 millones de pesos.
Licencias y nombramientos
Está previsto que en la sesión de hoy en la mañana, la Diputación Permanente del Congreso conceda licencia del cargo de presidente municipal a Salvador Manzur Díaz, a fin de que éste en la noche rinda protesta como Secretario de Finanzas y Planeación ante el gobernador Javier Duarte de Ochoa en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno.
La incógnita es si también tramitarán la licencia del diputado Jorge Carballo Delfín, a quien se le ubica como inminente secretario particular del gobernador. De concretarse su salida, está en el aire no la cuestión de su suplente, que es Mariana Munguía, sino quién lo reemplazaría en sus funciones de coordinador del grupo legislativo del PRI, y por ser éste mayoritario, en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno del Congreso. El problema de este relevo es que la mayoría de los políticos de peso del PRI están en busca de candidaturas como alcaldes. ¿A quién le tocaría como consolación por no darle una candidatura?
