El realismo político se impone en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su sección 32 de Veracruz no es la excepción.
Este fin de semana, los líderes de la 32, el grupo más numeroso, con cerca de 100 afiliados, y que corresponden al sector federalizado, los Callejas, Callejas y Co, se mostraron en multitudinario acto, dicen que con 15 mil o 35 mil maestros, congregados en Úrsulo Galván para «refrendar su alianza» con el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Asimilado el golpe político aplicado por la Presidencia de la República a fines de febrero con la aprehensión y sujeción a proceso de su dirigente nacional vitalicia Elba Esther Gordillo, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, en el contexto de un abierto desafío del sindicato a la reforma educativa, ya aprobada a nivel constitucional, las dirigencias nacionales y regionales han retomado sus alianzas políticas buscando la mejor forma de reacomodarse en el nuevo escenario.
La operación política gubernamental desplegada en el ámbito nacional y de los estados, en la inmediatez de la captura inesperada de la dirigente, consiguió inhibir las protestas y manifestaciones, aunque no sin veladas o abiertas advertencias de que las investigaciones de la Procuraduría de la República se podrían hacer extensivas al resto de la camarilla sindical.
Salvo un pronunciamiento del SNTE, varios días después de la aprehensión de su venerada y corrupta guía, en el que pedían para ella garantías en su proceso penal –las que deben otorgarse a cualquiera en este país–, los líderes magisteriales se hacen como si no hubiera pasado nada. Las omisiones de los dirigentes en los discursos públicos hacen ver que se ha vuelto la innombrable.
En cambio, los alcances de la reforma educativa promulgada el pasado 25 de febrero, particularmente la temida evaluación obligatoria y la permanencia en las plazas que acabaría con las fórmulas tradicionales de herencia y adjudicación sindical, siguen inquietando al gremio docente de la educación básica y media superior.
Abandonada la estrategia de la maestra Gordillo de movilizaciones y juicios de amparo contra la reforma educativa, las dirigencias regionales, como se ve en la acción de la sección 32 del SNTE, intentan preservarse en su alianza con los gobiernos de los estados.
No extraña el refrendo de la sección 32 de su alianza con el gobierno estatal del PRI, sabido que este segmento, al menos formalmente, siempre se ha mantenido en esa línea; incluso a pesar de la salida de la maestra de este partido; a diferencia de la otra sección, la 56, plantilla de origen estatal, que ostenta representación de 20 mil maestros, la cual sí se trasladó a la militancia del Panal, el partido familiar de la maestra, ni a su alianza con el PAN, con el que se coaligaron en las elecciones estatales de 2010, pero que en el actual proceso volvieron al redil de la coalición con el PRI.
La oferta de correspondencia
Al calor del mitin político celebrado este sábado en Paso Doña Juana, el gobernador Javier Duarte aseguró que «la permanencia laboral de maestros y maestras no está en riesgo» y además anunció la creación del Instituto Estatal de Evaluación, un órgano formado por profesores que determinará que las plazas laborales de quienes decidan jubilarse se queden a los docentes de Veracruz. Además, ante el clamor de las bases por la concesión de un bono (quizá para el Día del Maestro), el gobernador instruyó al secretario de Educación para que se establezca el «mecanismo de pago».
Lo de menos, por ahora, es el bono. Sin embargo, dado que la reforma educativa se dio en el marco constitucional (artículos 3 y 73), sus disposiciones están por encima del alcance de la entidad federativa. Habrá por ello que atender a los términos en que se desarrolle la legislación federal secundaria o reglamentaria, en vía de procesarse en el Congreso de la Unión, para tener una certeza de cómo deberán entenderse los dos puntos que más impactan en la relación del Estado con los sindicatos magisteriales. El primero, la creación de un servicio profesional educativo, en el cual el ingreso y la promoción a cargos de dirección y supervisión se deberá efectuar mediante concursos de oposición; y el segundo, la evaluación obligatoria de este personal tanto para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia que hará un organismo público autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo que de entrada choca con la idea del Instituto Estatal de Evaluación.
Como muy probablemente la legislación secundaria no se produzca en medio de las elecciones que se llevarán a cabo en julio próximo, no habría alteraciones en la indestructible alianza de la 32 con el gobierno del PRI. Seguramente, como se ha manejado, su líder moral, Juan Nicolás Callejas Arroyo (su hijo Juan Nicolás Callejas Roldán es el dirigente de la sección) sería otra vez diputado local plurinominal y otros más del gremio candidatos a diputados o presidentes municipales.
La reforma educativa que alcanza un ámbito federal se cruza con otras propuestas impulsadas centralmente para recuperar la rectoría de la educación y ordenar el gasto público nacional en este renglón. En ese sentido hay el propósito aligerar las cargas a los presupuestos de los estados y terminar con la doble negociación contractual y de prestaciones con el SNTE, que primero consigue de la SEP y luego las extras a los estados; igualmente, taponear los pagos de prestaciones estatales no contempladas en el acuerdo de federalización de la educación, como los famosos comisionados sindicales, y los pagos por encima de catálogos de plazas y carrera magisterial. Éstos son algunos de los renglones por los que nunca son suficientes en los Estados los recursos transferidos en el Fondo de Apoyo a la Educación Básica (FAEB).
Las discusiones sobre la reforma educativa y las nuevas reglas con el sindicato, continuarán.
Por lo pronto, los líderes del SNTE en Veracruz apuestan a su supervivencia en los espacios políticos que les quedan.
