El atractivo de la pensión complementaria de lujo –adicional a la del IPE– aprobada en enero pasado por reforma a su Ley Orgánica, que permitirá a los magistrados dobletear pensiones y percibir a su retiro el equivalente al 100% de sus ingresos en activo, es decir, alrededor de 120 mil pesos mensuales, parece haber interesado al menos a dos de ellos, que ya comenzaron gestiones para gozar de su dorada jubilación.
Contra los pronósticos de que no habría pronto aplicaciones del nuevo beneficio, ya que en activo tienen además de una carga de trabajo relajada, los incentivos del estatus –rango, oficina y red de influencia al interior del poder– se ha sabido que el primero de la lista para jubilarse es el magistrado Hugo Montero Domínguez, integrante de la tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Aquejado por una enfermedad desde hace algunos años, el magistrado Hugo Montero ha encontrado un mejor escenario de retiro que el que tuvieron otros magistrados quienes, pese a su avanzada edad, como Mario Gutiérrez Calderón y Raúl Aguilar Maraboto, literalmente se murieron, con la toga puesta, en la raya.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia ya tiene conocimiento de la decisión del magistrado Montero, quien se separaría de sus funciones a fines de este mes; y aunque como es costumbre de ese mini pleno, el asunto se ha manejado con extremo hermetismo, la información ha trascendido. Como la obtención del beneficio complementario está condicionado a que primero se acuerde en el IPE la pensión de su base –de 30 mil pesos mensuales–, también se conoció que Montero ya inició en esa institución su trámite jubilatorio.
Aparte del beneficio personal para el jubilado y de la inauguración del nuevo sistema pensionario, el otro tema derivado es que se daría una vacante de magistrado y con ello entraría a la agenda compartida, ejecutivo-legislativo, la cuestión del nombramiento, al gobernador hacer la propuesta del candidato y al Congreso nombrarlo por mayoría calificada.
Magistrado en stand by
En congruencia institucional, se esperaría que en la premisa de la vacante se aprovechara para resolver el problema de un nombramiento previo de un magistrado constitucionalmente efectuado en diciembre de 2010, el cual no se ha hecho efectivo.
Jorge Espinoza, juez de primera instancia, no ha entrado en funciones debido a que se le vinculó, en el decreto de nombramiento, por sorteo o peso de influencias, a la terminación de un juicio de amparo interpuesto por un magistrado de periodo vencido de 10 años, Ricardo Murga Contreras. Con chicanadas legaloides y facilidades en el juzgado de distrito; deben notificarse a los 212 ayuntamientos, y los de extracción panista como el magistrado eluden darse por enterados. Murga, cuyo periodo de nombramiento venció en noviembre de 2010, ha podido extender hasta ahora su permanencia indebidamente por casi 2 años y medio sin que se vea para cuándo habrá una resolución definitiva. Por antigüedad de nombramiento atorado le tocaría el turno al magistrado en stand by.
La otra vacante
No se sabe para cuando, pero en el horizonte próximo se visualiza otra vacante.
La magistrada Irma Medel Barragán, integrante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA), si bien no ha formalizado su solicitud, se sabe está explorando en el IPE los tiempos para pensionarse. De darse esta otra vacante seguramente habrá una multitud de tiradores.
Bandos o bandas de panistas
La lucha interna en lo que queda del PAN en Veracruz después de la desbandada de militantes que sobrevino a la debacle del año pasado, en que fueron expulsados del Gobierno Federal por el electorado, se ha polarizado en su proceso interno para elegir candidatos a ediles de ayuntamientos y diputados locales. En una esquina, la familia de los Yunes Linares-Márquez, evidenciados de enriquecimiento en los cargos públicos, y sus secuaces, quienes ante el retiro de la ubre federal, buscan posicionarse en la estructura política local, y en la otra, la reagrupación de los panistas, muchos de la antigua militancia, que se resisten a que aquellos se queden con la franquicia partidista. Este grupo ayer anunció la formación de un frente contra esa familia. Lo encabeza el cordobés Mauricio Duck, aspirante a la candidatura de ese municipio y quien contenderá contra el gallo de los Yunes, Tomás Ríos, en el que se mencionó como integrante Julen Rementería, ex alcalde del Puerto de Veracruz y desplazado a la mala por los Yunes el año previo de la primera posición al Senado. Según Duck, la división en el PAN es entre el grupo de los Yunes y «todos los que no nos alineamos con ellos». El enfrentamiento está claro y se medirán en los principales bastiones panistas el próximo domingo en que tengan su votación interna. Además del mencionado en Córdoba, otras arenas principales en juego estarán en Veracruz-Puerto, Boca del Río y Xalapa. Por los Yunes irán Rafael El Loco Croda, Miguel Ángel Yunes Márquez (hijo de papi) y Abel Cuevas, y por el frente opositor, Óscar Lara, Sergio Vaca Jr. y Antonio Luna, éste último en impugnación ya que le negaron el registro.
Demanda por deuda de chiqui-perro
Tapan la boca en Boca (del Río) al precandidato del PAN a la presidencia municipal, Miguel Ángel Yunes Márquez, de que dejó en orden las cuentas de su pasada administración como presidente municipal (2008-2010). Aparte del adeudo sin comprobar por 30 millones de pesos que heredó a su sucesor en la alcaldía, Salvador Manzur, y saldada por éste, se conoció una demanda civil presentada en contra del ayuntamiento boqueño por otra deuda oculta, ésta por 17 millones de pesos. La empresa Gami Ingeniería e Instalaciones demanda este pago por trabajos efectuados de reconstrucción tras el huracán Karl, que le fueron ordenados por el tesorero municipal de Yunes Márquez. La factura se entregó para el cobro, pero no se les liquidó, y para más, hay versiones de que para la cuenta municipal está pagada, lo que podría abrir una causa por fraude.
Y todavía tiene el cinismo de pretender ser nuevamente alcalde de Boca. No le bastó haber sacado de ése y del siguiente cargo de delegado de Oportunidades para construirse la opulenta mansión valuada en 35 millones de pesos que escandalizó a la opinión pública el año pasado que la estrenó, al lado de la de su padre, el ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, ésta con un valor estimado de 45 millones de pesos. Se ve que les ha dejado sacrificarse en la política. Pobre del PAN que no se los quita de encima.
