Asuntos Públicos: RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEUDA PÚBLICA

La esperada reforma constitucional en materia de responsabilidad hacendaria y deuda pública que busca meter orden y contener los crecientes niveles de endeudamiento en los tres órdenes de gobierno, lo que es sabido perjudica la estabilidad financiera, la capacidad de pago y pone en riesgo a las futuras generaciones, tuvo ayer un avance y un atorón.

Anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto desde su toma de posesión e incorporada a la agenda suscrita con las fuerzas políticas en el Pacto por México, confluyeron al Senado diversas iniciativas sobre el tema propuestas por legisladores de los partidos ahí representados, mismas que se condensaron en el decreto ayer aprobado por los senadores.

No obstante que algunos pretendían una mayor severidad en las normas desde el marco constitucional, esta reforma es considerada un avance. Es superior a lo actual en los controles instituidos para meter candados al endeudamiento de las instituciones públicas y responsabilizar a funcionarios por su mal manejo –dadas las experiencias negativas por todos conocidas–, además de transparentar su registro contable y la fiscalización de su destino. Sin embargo, extrañamente la Cámara de Diputados le ha levantado una muralla jurídica a su colegisladora.


Entre sus innovaciones, la reforma modifica las bases para que la federación, estados y municipios puedan contratar empréstitos e incurrir en endeudamiento, afectar las participaciones o pagar deudas con fondos públicos; se impone la obligación de inscribir y publicar la totalidad de empréstitos en un registro público único, crear un sistema de alertas sobre manejo de deudas, así como sanciones aplicables a los servidores públicos. Limita el destino de la deuda a inversiones públicas productivas, prohibiendo expresamente se use para gasto corriente, condiciona el refinanciamiento o reestructura a que se haga bajo condiciones de mercado y somete los convenios basados en garantías de fondos federales a la sanción del Senado, a la vez que faculta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar la aplicación debida de dichos créditos.

Asimismo, dispone que en los estados la autorización de sus congresos para contratar deuda se haga por mayoría calificada de diputados y no por mayoría simple, y ordena que los créditos de corto plazo de estados y municipios se liquiden tres meses antes de la conclusión del periodo, no pudiendo volver a contratarlos en los meses finales.

Controversia bi-camaral
Con todo y que estas nuevas reglas mejoran con mucho las normas constitucionales vigentes, la Cámara de Diputados, con el consenso de todos sus grupos legislativos, anticipó su negativa a recibir y procesar el decreto del Senado. Su argumento es un prurito de competencias legales o facultades entre ambas cámaras integrantes del Congreso de la Unión. Los senadores aseguran haber examinado su competencia para ser cámara de origen del proyecto y se basan en la excepción de que se trata de una reforma constitucional y no de una ley o decreto ordinario, de ahí que proceda para cualquiera de las dos procesar la iniciativa. Por el contrario, los diputados se apegan a la literalidad del capítulo constitucional acerca de la iniciativa y formación de las leyes, mismo que les reserva en exclusividad el inicio de leyes o decretos sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o reclutamiento de tropas. Si no se ponen de acuerdo, el asunto tendrá que resolverlo una instancia superior, sea política, el mismo Presidente de la República, o jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicio denominado controversia constitucional. La pregunta es: ¿por qué se demoraron en plantear los diputados en debatir la competencia y se esperaron hasta que el Senado aprobó el proyecto? ¿Qué grillas o rivalidades se traen entre ellos? Por lo pronto, la reforma avanzó en una cancha y se atoró en la de enfrente.

PROCESO DE VELEIDADES
Huele a protagonismo sin pruebas, acaso para aumentar el tiraje e investirse de mártires del periodismo, el comunicado del otrora serio y critico semanario Proceso. Ayer en su página en internet colocaron un comunicado en el que acusan temerariamente a «funcionarios y ex funcionarios de Gobierno del Estado de Veracruz», «de seguridad pública y la procuraduría veracruzana», de planear un atentado contra la integridad física de su reportero Jorge Carrasco Araizaga debido a su cobertura informativa y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales del homicidio de la corresponsal de la revista Regina Martínez. Apoyado el texto en fuentes vagas como «hemos recibido información», «Proceso empezó a recibir informes», «la información más reciente recibida», el semanario intenta sustentar una supuesta reunión en la que se decidió «la captura del reportero y hacerle daño en caso de que se resista».

Ayer mismo, el Procurador de Justicia del Estado, Amadeo Flores Espinosa, emitió un comunicado dirigido a Rafael Rodríguez Castañeda, Director, y a Julio Scherer, fundador y presidente del Consejo de Administración del des (informativo). El procurador rechaza por infundadas las acusaciones y junto con la reiteración del respeto al estado de derecho y el libre ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, el funcionario estatal exhorta a la revista y a su equipo a que acrediten sus acusaciones; que presenten las pruebas de inmediato para que se siga el proceso y en su caso se finquen las responsabilidades.

No se trata de ligerezas, pues la acusación es grave. Si hay pruebas que las exhiban. ¿Quién te lo dijo, Teté? ¿Qué credibilidad tiene ese dicho y con base en cuáles evidencias? ¿No se lo habrá dicho un pajarito (chiquitico) o acaso un perro?