Muchas dudas y hasta desconfianza ha generado el anuncio de ayer del Secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, sobre el inicio del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública a los vienes- el equipo médico e insumos- de la empresa Finamed, contratada en 2008 por un periodo de doce años para proporcionar el servicio médico para un grupo de 11 hospitales del estado a un precio de más de 6 mil millones de pesos.
La operación de origen, cuestionada en su momento por el elevado costo del servicio- implica erogaciones anuales cercanas a los 500 millones de pesos-, y a que comprometió obligatoria mente el servicio a largo plazo, fue aprobada por el Congreso Local en septiembre del 2008 en el marco de la Ley de Proyectos para la Presentación de Servicios para el Estado de Veracruz.
En las consideración de la aprobación del contrato se justificó <> en razón de que permitiría introducir tecnología de punta para la realización de procedimientos quirúrgicos y de imagenología, abastecimiento de consumibles, así, como adquirir tomógrafos, impresoras, inyectores, rayos X, mastógrafos, monitores de signos vitales, salas de hemodinamia, ultrasonidos intracoronarios y unidades de hemodiálisis, igualmente se argumentó el análisis de costo-beneficio, la generación de ahorros, en comparación con el esquema tradicional de contratación, que permitiría abatir obsolescencia de equipos, del paciente, los costos de hospitalización y consolidar programas como el de corazón a corazón. La población total beneficiada sería de 6 millones 816 mil 901 habitantes y se equiparían 11 hospitales, en diez ciudades del estado. Entre ellos, en Xalapa, los hospitales Rafael Luicio y Luis F. Nachón, y en Veracruz, el hospital Virgilio Uribe.
No estuvo exenta de polémicas esta operación, pues inicialmente se intentó asignarlo de manera directa a la empresa Vitalmex, pero al no conseguirse se autorizó al gobernador del estado celebrar dicho contrato, llamado de <>, mediante licitación pública con la empresa que ofreciera <>. En diciembre del mismo año resultó seleccionada Finamed, cuyos equipos hoy están en vías de expropiación. Tanto la primera opción como la que ganó el concurso son empresas financieras, que tienen como una de sus ramas accesorias la renta y equipamiento de servicios médicos, casualmente ambas etiquetadas en la voz popular en la esfera de intereses de la maestra Elba Esther Gordillo, ademas de con el ex gobernador Fidel Herrera, por haber sido el promotor del contrato, aunque éste se ha deslindado públicamente de ser socio de Finamed.
A la salida del gobernador Herrera después de dos años de operación de los servicios de Finamed, comenzaron a trascender los incumplimientos del contrato y las deficiencias del servicio y no pocas veces el anterior Secretaron de Salud, Pablo Anaya, alternó juicios contradictorios, en unos admitiendo que Finamed incurría en falta de cumplimiento y en otros que hay la llevaban. El caso es que transcurrieron casi 4 años y medio para que se decidiera terminar la relación contractual pactada con Finamed.
¿ES EXPROPIAR LA MEJOR DECISIÓN?
Aunque el actual Secretario de Salud, Antonio Nemi Dib, presenta la expropiación como la solución para mantener la continuidad del servicio e invoca la causa y motivación en que dicha empresa se negó a llegar a un arreglo para rescindir el contrato y tiene pretensiones económicas elevadas e improcedentes y no << permitirán que se ponga en riesgo la salud de los veracruzanos>>, no está claro que esa medida sea la más conveniente al interés del estado.
En principio, si la empresa incurrió en incumplimiento del contrato y pide las perlas de la virgen sin fundamento, la medida jurídica directa inherente a la naturaleza de la operación de origen no es la expropiación por causa de utilidad pública, sino la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de multas o sanciones por incumplimiento y en su caso demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados. ¿Por qué no recurrir a esta vía , en vez de expropiar?.
No se ha explicado por qué, en vez de presentar el caso como de extrema urgencia para la salud pública , sabido que el incumplimiento no es nuevo, no se buscó otra alternativa para el equipamiento médico y los suministros; alguna otra empresa de giro similar que la remplazara, una vez rescindido el contrato.
No es muy convincente la situación de riesgo que se crearía de rescindir el contrato a Finamed y no se exploran otras alternativas para proporcionar el servicio.
Por otro lado, preocupa la erogación próxima que tendría que hacerse en favor de Finamed. La expropiación es sabido, es un instrumento del Estado para adquirir por causa de utilidad pública de manera forzosa bienes de particulares mediante una indemnización. No es gratuita. Esta compra forzada obliga al estado a pagar por los bienes expropiados, es decir, debe pagarse a la empresa el valor de sus bienes al valor comercial determinado mediante avalúos de la Dirección General de Catastro y Valuación de la Secretaria de Gobierno, misma que pueden ser impugnados en juicio administrativo. La pregunta aquí, aparte de la confiabilidad de los valuadores, ¿es rentable para el Estado adquirir un equipo que tiene ya varios años de operación?, y ¿a qué costo? En la justificación de la operación a largo plazo estaba precisamente tener ahorros, al evitar comprarlos y tener una salida de dinero mayor. ¿Por qué ahora comprar al mismo proveedor que proporcionó un mal servicio y cuyo equipo podría estar deteriorado y obsoleto?.
De avanzar el procedimiento de expropiación, el estado deberá pagarles como indemnización el importe del avaluó de los bienes dentro de los 45 días siguientes a la publicación del decreto expropiatorio.
No parece coherente con el interés público, después del mal servicio proporcionado y los pagos elevados que ya recibieron en 4 años años y medio, perdonarle a Finamed un juicio administrativo, renunciar a buscar otro proveedor, y en cambio comprometer el presupuesto del estado en una compra forzada de equipo pagadera en corto plazo. La indemnización caerá del cielo a Finamed, que venderia su antiguo equipo obteniendo ingresos inmediatos. La bandera de la utilidad pública semeja a una pelea arreglada, una buena venta de salida de Finamed.
