Asuntos Públicos: REANUDACIÓN DEL SOBREVALUADO PACTO

La celeridad y extrema complacencia con que el Gobierno Federal, presidido por Enrique Peña Nieto, ha respondido a las presiones de los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, para permanecer en el Pacto por México, sin duda con motivaciones de coyuntura electoral, deja la impresión de que en el círculo de la Presidencia de la República se sobrevalora al mecanismo de concertación entre fuerzas partidistas de reformas legislativas, al grado de que se puede confundir la búsqueda de consensos, con su vulnerabilidad y debilidad a las presiones políticas.

El tan explotado mediáticamente asunto de Veracruz, la denuncia del PAN presentada el pasado 17 de abril en contra de funcionarios del Gobierno del Estado y de la Federación por su presunta participación en una red o estructura para usar los programas federales de asistencia social con fines electorales prácticamente interrumpió el pacto, aplazó la programada presentación de la reforma financiera y sus actividades se reanudarán hasta hoy, una vez satisfechas las principales exigencias de los dos partidos políticos, PAN y PRD, que hicieron causa común.

Con todo y que la denuncia de uso electoral de programas públicos es equivalente en su caso a infinidad de señalamientos similares hechos por el PRI y el PRD cuando el PAN ocupó el Gobierno Federal, y a que no existen aún responsabilidades probadas, ha provocado situaciones impensables que se dieran bajo la administraciones panistas.

No sólo la separación inmediata del cargo a 6 funcionarios federales de la Secretaría de Desarrollo Social, incluido su delegado estatal, y la efectuada el pasado sábado del titular de la Sefiplan del Gobierno del Estado, sino también la premura con que se integra la investigación penal por presuntos delitos electorales y el agregado, anexo o addendum al Pacto por México en materia de blindaje electoral y reforma política que hoy será firmado.

LA FEPADE Y EL ANEXO
Como guiño a los cortejados partidos de oposición, PAN-PRD, ayer la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que informa del inicio de las diligencias a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para investigar la citada denuncia del PAN. Hoy están citados para rendir su declaración 6 personas, de quienes aunque no se mencionaron sus nombres no son difíciles de adivinar. El resto –los señalamientos son para casi 60 personas–, se dijo, serán convocados en los próximos días. La PGR precisó que entre las primeras diligencias se incluyen la rendición de un peritaje oficial de los audios y videos y diversos elementos presentados por el denunciante.
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Por otro lado, está previsto para hoy, en Palacio Nacional, la firma del anexo al pacto, al que asistirá el presidente Peña y los reconciliados dirigentes del PAN, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, del PRD. El addendum, comprende las medidas de blindaje electoral, entre ellas, la integración de un consejo revisor de programas sociales, auditoría a padrones de beneficiarios, análisis de perfiles de los delegados federales en los estados, mecanismos de denuncia, actuación y seguimiento para impedir el mal uso de los programas sociales. Además de un nuevo paquete de propuestas para una reforma político-electoral.

CONTRADICCIONES DEL PACTO

Por el momento, intentando alargar la luna de miel política tras la reconciliación de rodillas, en la esfera del presidente Peña y en Gobernación no se advierten o se soslayan las contradicciones del pacto. Hacen como que no ven la mezcla de los intereses y la coyuntura de la competencia electoral que se desarrolla hoy en 14 estados de la república; en corto tiempo se verá que no habrá blindaje de programas sociales que impida el golpeteo y las nuevas denuncias que son parte del decorado de la lucha política de la temporada. Mostrada la debilidad, no se duda, ya aprendieron el camino para sacar ventajas. Asimismo, la sobrevaloración del Pacto deja de reconocer las divisiones al interior de los partidos políticos y el hecho de que los dirigentes del PAN y PRD mantienen posiciones conflictivas con grupos internos, en particular con los líderes de los grupos legislativos en el Congreso de la Unión, de tal suerte que un acuerdo de reforma legislativa en el Pacto no necesariamente contará con el respaldo camaral en bloque de los partidos firmantes de ese pacto. Tampoco se admite explícitamente la sabida competencia entre el Secretario de Gobernación y los líderes de los grupos legislativos del PRI en las cámaras de diputados y senadores, y el juego de aquel de ser hegemónico en la política interna.

Pero sobre todo, se pasa por alto que el pacto no sustituye al Congreso de la Unión ni a las negociaciones que ahí inevitablemente se dan entre los grupos parlamentarios para introducir las reformas específicas a la legislación, consensuar los dictámenes y asegurar las votaciones aprobatorias necesarias.

El prurito de Enrique Peña de que no se vea su gobierno como la resurrección del viejo régimen priista y mantener una aparente imagen de unidad política, y el protagonismo del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en su pretensión de elevarse sobre gobiernos estatales del PRI y sobre este partido, ha conducido a una escenografía de alto costo que no reconoce los intereses políticos de las dirigencias de la oposición e infravalora el papel de los grupos legislativos en el Congreso de la Unión.

Esto no significa avalar el desvío de recursos públicos con fines electorales –todo delito debe ser investigado y castigado– pero la negociación conducida por el secretario de Gobernación se ve demasiado apresurada y complaciente, tan sólo para lograr que los «ofendidos» partidos de oposición simplemente retornen a ocupar su lugar en el escenario de la unidad en el Pacto y concurran a los actos públicos convocados. Ahora sí que está en chino.