Regresaron a la escenografía del Pacto por México los partidos políticos de oposición, el PAN y el PRD, a cambio de un conjunto de compromisos adicionales ofrecidos por el presidente Enrique Peña Nieto, mismos que ayer se firmaron como anexo a los acuerdos originales de diciembre pasado.
Las presiones ejercidas por la oposición, su amago de abandonar el Pacto por México, que siguieron a la denuncia del primero por el presunto operativo en Veracruz para usar los programas sociales federales con fines electorales, culminaron, además de las remociones de funcionarios públicos señalados y el inicio formal de la averiguación en la Fepade, en un paquete de 11 nuevos acuerdos. De estos, ocho, la mayoría, enmarcados en la legalidad de los 14 procesos electorales que se desarrollan en el país, y los menos en el impulso legislativo de algunos temas relacionados con la reforma política electoral, los programas sociales, las deudas estatales, transparencia y combate a la corrupción.
La teatralidad del pacto y su sobrevaloración como mecanismo de acuerdos entre las fuerzas políticas, desde la perspectiva de la Presidencia, la hegemonía operativa de la Secretaría de Gobernación, así como la consecución de un mejor posicionamiento, en la óptica de los partidos de oposición se aprecia en el contenido de los nuevos acuerdos.
BLINDAJE Y CONCESIONES
En principio, los acuerdos sólo refrendan las obligaciones establecidas en la ley para las autoridades constituidas; desde la Constitución de la República hasta las legislaciones electorales de los estados, contienen reglas que prohíben el uso de los recursos públicos con fines electorales, realizar propaganda oficial, entregar obras, hacer inauguraciones o distribuir bienes utilitarios, en tiempo de campaña electoral; se imponen conductas de imparcialidad a los servidores públicos, así como principios y reglas para garantizar la equidad en la competencia entre partidos políticos y sus candidatos. Por ello, el acuerdo de que se sancionará a los funcionarios que hayan cometido o que cometan delitos electorales realmente está de más. Obviamente no hace falta acordar cumplir con la ley, pues su aplicación no está sujeta a la voluntad y al acuerdo. Lo que sí es novedoso, parcialmente, son las reglas identificadas como blindaje electoral, por las que se autorregula la Federación, adelantando las fechas a 45 días antes de la jornada electoral para hacer entregas de apoyos a los beneficiarios de sus programas sociales, paralizar sus movimientos al padrón, lo que favorecerá a los anteriores operadores de los programas, es decir, al PAN. Además se acordó la participación de la «sociedad civil» en la vigilancia de los programas sociales. Es nuevo también, que se disponga que la Secretaría de Hacienda investigue las cuentas de los gobiernos estatales de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
VETO SOBRE LOS DELEGADOS Y SUBPACTOS
Por otro lado, el Gobierno Federal prácticamente concedió a los partidos de oposición un derecho de veto sobre los delegados federales, subdelegados y principales operadores en el rubro de profesionalización e imparcialidad, algo impensable que otorgara el PAN en los dos sexenios que gobernaron. En este punto, sólo falto que les delegaran la facultad de nombramiento.
Asimismo, se crean dos mecanismos de concertación política, uno a nivel nacional y otro en los estados que celebran elecciones, algo así como sub-pactos para la «preservación del entorno político de equidad en la competencia, que no son más que reediciones de los antes llamados pactos o acuerdos de civilidad». En el nivel estatal, participaría el gobernador del estado (el malo de la película) y los representantes nacionales y estatales de los partidos políticos y un representante del secretario de Gobernación para vigilar el cumplimiento de la ley en materia de imparcialidad, equidad y propaganda, y en especial que «se abstengan de utilizar los medios de comunicación, las llamadas gacetillas y otras formas ilegales de publicidad gubernamental». En el ámbito nacional, esta comisión plural estará presidida por el secretario de Gobernación y los líderes nacionales de los partidos políticos y dará seguimiento a las 14 mesas estatales.
La comisión nacional igualmente promoverá en los 14 estados la creación de condiciones para la «preservación del entorno de equidad» y exhortará a gobernadores y presidentes municipales para que se abstengan de «realizar apoyos 45 días antes de las elecciones» –lo que sólo adelantaría unos días la aplicación de la regla que lo prohíbe a partir del inicio de las campañas electorales, y lo que está de más, a que se comprometan a «no utilizar recursos públicos para favorecer a partido político o candidato» y a no entregar despensas (¿ni en casos de desastres?) ni utilitarios.
La participación de observadores electorales no es tampoco ninguna novedad y está prevista en todas las legislaciones.
Finalmente, se acordó darle prioridad a una reforma político electoral que incluiría la federalización de las elecciones locales, misma que en el optimismo extremo declarativo, prevén los pacto-firmantes, Presidencia y líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, poder sacar en un periodo extraordinario del Congreso de Unión, antes del mes de septiembre. Incluyeron apoyar preferentemente la creación del Sistema Nacional de Programas Sociales, que incluirá «la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales», tema que siempre rechazaron los panistas cuando fueron gobierno. Y de pasada, refrescar el impulso a la transparencia, las deudas estatales y el combate a la corrupción.
Embelesado el Presidente y su secretario de Gobernación, se asumen cual jefe de estado y de gobierno, amarran las manos a sus gobernadores, satanizados por la oposición, y quedan bien con éstos. A ver cuánto dura la nueva prórroga de la luna de miel política y la ilusión de que el Pacto por México sustituye a los poderes legalmente constituidos, Congreso de la Unión y gobernadores.
