Como el parto de los montes arribó ayer al seno del Pacto por México la presentación de la reforma financiera, la que dicen tiene por objetivo, como si fuera un comercial, que el sistema financiero mexicano, la banca gubernamental de desarrollo y la banca privada, otorguen más créditos y éstos sean más baratos. Más y barato, ¡Qué bonito!
Ayer vio la luz, después de estar atorada tres semanas debido a los conflictos electorales, iba a anunciarse el pasado 17 de abril, pero los partidos de oposición PAN y PRD, como se sabe, condicionaron su participación en el Pacto hasta que se firmó hace un par de días el anexo que busca garantizar la limpieza y legalidad en las 14 elecciones locales –incluido Veracruz– que se celebrarán el próximo 7 de julio.
Con mucho aparato publicitario se exaltaron por enésima vez las bondades del Pacto por México, el nuevo depositario meta-constitucional de la soberanía y la representación nacional, en torno a la figura presidencial y los dos partidos de oposición (PAN-PRD), ya que el PRI lo aporta el presidente, tocó al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su presunto autor, presentar al esperado niño que reactivará la economía y la hará crecer sobre la base de nuevas reglas para dinamizar el crédito.
En discursos redundantes, Videgaray y Peña enunciaron los objetivos de la reforma financiera y su línea formal de cambio legislativo, un paquete de 13 iniciativas, todas de nivel secundario, que incidirán en 34 leyes federales con las cuales fomentarán el crédito en la banca de desarrollo, fomentarán la competencia interbancaria para abaratar los créditos, habrá incentivos adicionales para que la banca preste más y se fortalecerá al sistema bancario.
BUENOS PROPÓSITOS, MEDIOS DUDOSOS
Sin objeción para su diagnóstico del sistema financiero crediticio del país, en el sentido de que se trata de una banca que presta poco en comparación con otros sistemas nacionales y a costos elevados, y que la banca de desarrollo es conservadora, y por lo mismo se excluyen segmentos importantes de la economía nacional, como las pequeñas y medianas empresas, así como las áreas prioritarias como la infraestructura. Tampoco habría observaciones directas que hacer a sus buenos propósitos de aumentar los montos del crédito, su mayor cobertura y menos al abaratamiento. El problema y las reservas será ver si los instrumentos escogidos para la reforma tendrán los resultados que se esperan, es decir, si son los idóneos y muestran su eficacia. Las tasas de interés, se precisó, no bajarán por decreto, sino por efecto –casi de la mano invisible del mercado–, con la mayor competencia entre los captadores y prestadores de dinero, entre otras medidas por la creación de mercado de capitales de medianas empresas, movilidad de los usuarios, transparencia en un buró de entidades financieras, o habrá más crédito por disponer en la ley de la banca de desarrollo que debe facilitar el acceso al crédito y dar asistencia técnica y capacitación; o que se reducirá el riesgo de la actividad bancaria, simplificando el otorgamiento y la ejecución de las garantías crediticias, y las quiebras bancarias.
Además que la reforma no tiene para cuando pasar, ni tampoco garantía de que se apruebe como viene. Ayer no fue más que el ceremonial de presentación, las iniciativas concretas de reformas legales no se conocieron y se sabrá su contenido hasta que el Ejecutivo las envíe a la comisión permanente del Congreso de la Unión, porque hay receso legislativo hasta septiembre. En los grupos legislativos –al margen de lo que aplaudieron sus jefes partidistas en el Pacto– dicen ignorar el contenido de las iniciativas, aseguran que sólo las conocen en la Secretaría de Hacienda, donde se elaboraron, y que no tienen previsto convocar a ningún periodo extraordinario para discutirlas, y que además, cuando se presente el momento, le harán los cambios que consideren pertinentes.
Es otra narrativa del pacto: la rescatada banca por el Fobaproa a costa de los contribuyentes, el capital financiero, ahora transnacional, que no tiene sino el fin del lucro y la ganancia, se popularizará. Parece un bonito cuento de final feliz. Pero aún en el aire.
JUICIOS ORALES
El sistema de justicia penal previsto en la reforma constitucional de 2008, que prevé entre otros principios la oralidad en los juicios, finalmente comenzará a aplicarse parcialmente en Veracruz. Este sábado se vence la tan aplazada fecha que mantiene al estado entre los coleros en la implementación. Como sabe, empezarán con dos distritos judiciales, Xalapa y Córdoba, y en noviembre otros dos más, Jalacingo y Coatepec. Otro grupo lo hará en 2014 y para 2015, la fecha límite, deberá aplicarse en los 21 distritos judiciales.
Ya hay un Código de Procedimientos Penales aprobado por el Congreso local, mismo que regirá los juicios que se desarrollen, aunque es un proyecto nacional, homogenizar el procedimiento en la república.
Por lo pronto, en la muestra inicial se podrá observar si están suficientemente capacitados en las nuevas reglas, tanto el personal de los juzgados penales como los agentes del ministerio público, además de los abogados que representen a los acusados. Se les acabó el tiempo.
VACANTE DE MAGISTRADO
Desde el principio de mes se hizo efectiva la jubilación del hoy ex magistrado Hugo Montero Domínguez, quien era integrante de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. El Pleno del Tribunal, que antes le concedió una licencia para ausentarse la segunda quincena de abril, debió ya haber comunicado de la vacante al Gobernador del Estado a fin de que éste ejerza su facultad de propuesta al Congreso que debe aprobar el nombramiento por mayoría calificada.
Aunque no se duda de que habría numerosos aspirantes a la vacante, todo indica que el Ejecutivo aprovechará para resolver el nombramiento atorado del juez Jorge Espinosa, el magistrado en stand by, a quien propuso en diciembre del 2010 pero que no ha podido tomar posesión porque en el decreto del Congreso lo vincularon a la conclusión del juicio de amparo del marrullero magistrado con periodo vencido Ricardo Murga, que va todavía para larga chicanada.
