Ya se esperaba la réplica en Veracruz de la escenografía del pacto político ante la idolatría por la partidocracia y sus símbolos de unidad de la clase política, mostrada por el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en su prorrogada pero ineficaz y costosa luna de miel con los dos partidos de oposición, PAN y PRD.
En realidad no hacía falta que la planteara el diputado local del PRD, Rogelio Franco, ni que la recibiera el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, con la voluntad de impulsar un diálogo entre su gobierno y los partidos políticos para blindar los recursos para apoyos asistenciales en campañas electorales que arrancan este mes.
No hacía falta por que ya las instancias superiores, el presidente Peña –y su secretario de Gobernación- así lo comprometieron en el llamado Pacto por Méxicoen un anexo recién firmado para complacer a los partidos y no sólo para Veracruz sino para 14 entidades federativas que tendrán elecciones el próximo 7 de julio.
Concretamente en el capítulo denominado <
>, el compromiso adicional 5 se refiere a la creación de una comisión plural de <>, la cual se integraría por el gobernador del estado y los representantes de los partidos políticos nacionales y estatales y obviamente por un representante de la Secretaría de Gobernación, cómo no va iba a tener injerencia el señor Chong.
Su materia de trabajo está igualmente definida: atender las denuncias y realizar los acuerdos políticos que aseguren la imparcialidad de las elecciones y las condiciones de equidad en la competencia política así como vigilar que se cumplan estrictamente los tres últimos párrafos del artículo 134 constitucional –relativos a la imparcialidad, equidad y programa de las autoridades-, y en particular <>.
LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y TUTELA
Pero no actuarán de su cuenta estos sub-pactos estatales, porque el compromiso adicional 6 le encima un grupo de tutela, la <>, la que se integrará por el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, investido en esta primera etapa del <> Enrique Peña Nieto como jefe de los gobernadores del PRI y de sus bancas legislativas en el Congreso de la Unión, que la presidirá, y por los presidentes de los partidos políticos nacionales, pero sólo los del PAN y PRD cuentan.
La misión de éstos será dar seguimiento al trabajo de las 14 mesas políticas estatales, realizar acuerdos que aseguren las condiciones de equidad y atender las denuncias y se actúe <>. La comisión Chong-Madero-Zambrano también promoverá –es un decir- que los gobernadores y presidentes municipales se abstengan de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a la elección, es decir, que adelanten unos días la suspensión prevista en la legislación electoral, que la obliga a partir del inicio de campañas; que hagan público los nombres de beneficiarios de todos los programas sociales a nivel de municipios y que los gobernadores se comprometan a no utilizar recursos públicos para favorecer a un partido político o candidato, lo que sale sobrando, y a no entregar despensas no utilitarios , ya que es un delito electoral tipificado, exceptuado el caso de asistencia en caso de desastre, lo que el compromiso no distingue.
Por mandato presidencial y para congraciarse con los dos partidos de oposición, el pacto y los sub pactos se instalan como foros de diálogo y acuerdos para la <>, Innecesario en la parte relativa al cumplimiento de la ley –la imparcialidad y las garantías de equidad como las prohibiciones de desviar recursos públicos para campañas electorales-, están vigentes incluso al nivel de la Constitución de la República, las constituciones locales y los códigos penales y de responsabilidad de servidores públicos.
En las 14 elecciones locales que se celebrarán en julio próximo, casi todas de congreso y ayuntamientos, con excepción de Baja California, que además elegirá gobernador, el PRI gobierna en 10 entidades, incluido Veracruz, el PAN en soló una, precisamente la de Baja California, y en colación PAN-PRD en las tres restantes. Pronto se verá en que se convertirán los pactos estatales y el supra pacto de Gobernación y los dos partidos de oposición, PAN y PRD, cuando arranquen las campañas electorales.
Sabida la intensidad del golpeteo que caracteriza las competencias en el país, serán los espacios de lluvia de acusaciones cruzadas de uso ilegal de recursos entre los partidos contendientes y en presiones en la mesa nacional de los que están en desventaja posicional, para obtener alguna ventaja, o de lo contrario amagar con <>, camino del chantaje que ya saben les funciona.
En Veracruz a ver quiénes van al pacto, porque el PRD tiene una pugna por el reconocimiento de dirigencias y los del PAN están jugando las contras al Gobierno del Estado, no se sabe si les darán permiso de ir o se llaman robados desde ahora.
¿TIENE FUTURO EL PACTO POR MÉXICO?
La ausencia de una verdadera representación política en el Pacto por México y la pretensión de erigir al Presidente de la República, su Secretario de Gobernación, y los presidentes nacionales de los partidos políticos, el PAN y el PRD, en los salvadores de la patria, depositarios de la soberanía y encarnaciones del supremo interés nacional, ya está dando signo de agotamiento. LA premura en ser legitimado por los dos partidos adversarios en su elección, cuando la legitimidad la había recibido del voto mayoritario y de la calificación de validez del Tribunal Electoral de la Federación, ha llevado a Peña a recurrir a la partidocracia, de paso, en beneficio de la concentración de poder en su Secretario de Gobernación, excluyendo a numerosos actores políticos del sistema.
La participación del Pacto evidenció su vulnerabilidad a las presiones y la falacia de que la coalición PAN-PRD se puede colocar por encima de los intereses de la coyuntura electoral.
Por otro lado, no hay en el Pacto por México la representación de los 31 gobernadores, de los que 21 son del PRI,(acaso por quedar subordinados al presidente); 4 del PAN, 3 de su coalición y 3 del PRD, ni del jefe de gobierno del Distrito Federal, del PRD; tampoco del Congreso de la Unión, el Poder Legislativo bicamaral donde deben aprobar las leyes y reformas, no tomaron en cuenta a los líderes de los grupos legislativos en el Senado, que tiene 128 integrantes y la Cámara de Diputados, de 500 miembros; ni a representantes de organizaciones del sector privado, social o de la sociedad civil.
Lo peor del caso es su ineficacia legislativa. La presumida voluntad reformista de Peña y sus dos partidos aliados (el PRI está sometido), al término del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso en abril, tuvo escasos resultados. Signo de que el Congreso de la Unión es otra cosa muy distinta al pacto. De sus 93 compromisos contenidos en el Pacto por México, sólo pasaron dos reformas constitucionales, la Educativa, a la que le falta su ley secundaria, y la de Telecomunicaciones, aún por ser aprobada por las legislaturas locales. A ese paso, se le augura no muy lejos el mismo destino de otros tantos pactos políticos con la partidocracia, hoy sólo rescatados en memoria como precedentes de la ilusión de una gobernabilidad a través de una micro-cúpula.
