Asuntos Públicos: REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

No es claro para los ciudadanos el sentido de urgencia que los dirigentes de los partidos de oposición, PAN y PRD, con la complacencia de la Presidencia de la República, en el marco del Pacto por México, han introducido a la promoción de una nueva reforma político-electoral.

A menos de un año del más reciente proceso electoral federal en el que se eligió Presidente de la República, senadores y diputados al Congreso de la Unión, y cuando no habrá elecciones federales sino hasta 2015, dentro de más de dos años que se renovará la Cámara de Diputados, los partidos de oposición, tanto sus dirigencias como sus legisladores en el Congreso de la Unión, aceleran los tiempos y, para desconcierto de los ciudadanos, intentan colocar la reforma electoral entre las prioridades nacionales de hoy.

Si bien es cierto que el tema de la gobernabilidad democrática, asociado a la reforma político-electoral, se incluyó en el paquete de acuerdos suscritos por el presidente de la República en los primeros días de su gobierno con los dirigentes nacionales, las quejas de la oposición por el supuesto uso electoral de programas federales forzó la re-programación de ese tema, al insertarlo en el llamado adendum o anexo al Pacto por México, junto con los nuevos compromisos para garantizar la limpieza y legalidad de las autoridades y actores en los 14 procesos electorales que se desarrollan en los estados de la República. Este asunto por demás mostró las divisiones en la cúpula de los dos partidos políticos de oposición, ya que como es sabido, una coalición de senadores del PAN y el PRD desafió y sigue desafiando a sus líderes partidistas y va por la libre en su propia agenda de reforma electoral, al margen de los acuerdos del Pacto por México.

Es larga la historia contemporánea de reformas político-electorales en México y, debido a ellas, en su reflejo de las transformaciones de la sociedad hacia una mayor participación y democratización del sistema político. A lo largo del siglo XX nuestro país transitó de una ficción democrática, de un régimen de partido único, el postrevolucionario, a otro de hegemonía de partido, en el último tramo del siglo, hasta un pluralismo y la alternancia en el gobierno de la República consumada en 2000. En ese lapso, fruto de luchas sociales y políticas, se amplió la representación política y, entre otros logros, se constituyó una autoridad electoral independiente del gobierno, el IFE, y se instaló un Tribunal Electoral del Poder Judicial federal garante de la legalidad; sucesivas reformas establecieron tipos delictivos electorales y prohibiciones a autoridades para intervenir a favor de partidos y candidatos, administración de los tiempos y formas de la propaganda electoral en medios electrónicos, el recuento voto por voto y casilla por casilla, reglas que en general han contribuido a construir un sistema democrático formal y competitivo que promueve la imparcialidad y la equidad, y busca el respeto la voluntad popular expresada en el voto. No se cree que se trate de un sistema acabado, siempre son perfectibles las instituciones, pero tampoco puede decirse que se trate de un sistema antidemocrático y autoritario y menos que todavía estemos en una transición a la democracia, como ahora gustan en decir los de la oposición, especialmente los del PAN, que gracias a las reformas previas pudieron alcanzar la Presidencia de la República y gobernar durante dos sexenios.

Pareciera que la oposición estuvo en otro mundo y apenas ha regresado a México. Hoy que se ven derrotados en las elecciones se hacen los sorprendidos y buscan acomodarse con nuevas reglas que les permitan recuperarse de sus debacles. Claman por una «transición a la democracia», desempolvando un discurso académico-político antiguo de pasadas olas democráticas en el mundo.

La nueva agenda (de la oposición)

Aparte de la reglamentación de reformas ya incorporadas a la Constitución, producto de la última reforma política, mismas que deben realizarse, como a las candidaturas independientes, iniciativa ciudadana preferente y la consulta popular, las propuestas de la oposición no se ven urgentes y muchas ni siquiera viables. Por ejemplo, incorporar a la Constitución las fórmula de «gobierno de coalición» que prevea un acuerdo del presidente y su partido con otras fuerzas en una «coalición legislativa y de gobierno» que comprometería a los coaligados a ratificar un programa de gobierno y una agenda legislativa preferente y a integrar un gabinete de coalición, son extrañas a la cultura política nacional y quizá irrealizable en la práctica.

Por otro lado, reinciden en la segunda vuelta presidencial y en la reelección legislativa, ambas rechazadas en la pasada reforma político-electoral de los tiempos de Calderón.

La pretensión de prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral como materiales plásticos y textiles, despensas y materiales de construcción, responden a que ahora no son gobierno, y dolencias de la pasada elección es querer prohibir el uso de esquemas financieros para inducir o coaccionar el voto. También quieren reducir el gasto de partidos y de topes de campaña. Todavía más controvertida es la propuesta de introducir nuevas causales de nulidad como rebase de topes, utilización de recursos al margen de normas, compra de cobertura informativa, que harían aún más conflictiva la aceptación de los resultados y complicaría la fase post electoral.

Entre todas se destaca como centro de la nueva ofensiva de la oposición un planteamiento contrario a los principios del federalismo: la creación de una autoridad electoral nacional y una legislación uniforme para todos los procesos electorales del país. Esto no sólo implica la supresión de los órganos electorales estatales, sino un centralismo indebido violatorio de las soberanías de las entidades federativas, ajeno por tanto a los principios del sistema federal previsto en la Constitución de la República. La propuesta responde a estrategias de partidos derrotados conforme a las reglas iguales para todos, pero que necesitan hoy reconstituirse desde las elecciones estatales y por ello ponen en entredicho la imparcialidad de los órganos electorales locales y sobre todo de los gobernadores, la mayoría del PRI. No encontramos, en cambio, que intenten reducir el financiamiento público, proveniente de los contribuyentes y del que viven las camarillas de los partidos políticos; tampoco la sobre-representación en las cámaras ni la eliminación o reducción de los legisladores electos sin que obtengan mayoría, tales como los de representación plurinominal o de las primeras minorías, principios que permiten abultadas legislaturas y el arribo de los cuadros privilegiados de los partidos políticos. A ver en qué acaba esta «nueva reforma político-electoral», y en qué se logran poner de acuerdo.

Cambio en la procuraduría del medio ambiente

Rescatan a un cartucho quemado del priismo xalapeño –Dalos Ulises Rodríguez–, al parecer, para que no desertara y se fuera a apoyar la elección municipal del candidato del PAN. Para acomodarlo, despiden a un niño verde, Eduardo Aubry, pagado sobradamente, como otros, con más de dos años en la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. Si la razón fuera que ya cobraron –y de más–, precarios apoyos electorales de 2010, tocaría el turno de salida al secretario de gobierno, Gerardo Buganza, y al secretario de Desarrollo Económico, Erick Porres, incrustados en el gabinete sin resultados tangibles en su función desde el principio del actual gobierno estatal.