Acusan empleados de Gobierno Federal a Yunes Linares por fraude de más de 500 mdp

Más de mil 180 empleados de dependencias federales como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras, acusaron al exdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes Linares, por un fraude que asciende a más de 500 millones de pesos.

Los inconformes comentaron que este monto fue otorgado a través de créditos para viviendas en 2007, por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), y exigieron que el exdirector del ISSSTE sea castigado por la sobrevaluación y alteración de los talones de pago.

Es importante recordar que en octubre de 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 60-2012, con el fin de que las juntas directivas del ISSSTE y del Fovissste crearan mejores condiciones para el pago de los créditos hipotecarios.

Los empleados inconformes aseguraron que Yunes Linares, quien recientemente ha sido acusado por enriquecimiento ilícito, es el responsable de que el porcentaje que debían pagar a un plazo máximo de 30 años, y que equivalía al 30 por ciento de sus percepciones, no les fuera respetado.

Informaron que 4 mil 846 trabajadores fueron amenazados de que procederían en su contra, pues en 2011 el organismo de vivienda les exigió liquidar en un solo pago el excedente del adeudo y no pudieron cumplir con el mismo.

Incluso recordaron que 46 trabajadores de la PGR y dos de Conaculta que fueron acusados, y a quienes se les siguió un proceso penal por un presunto fraude y falsificación de documentos, quedaron libres por falta de pruebas.

La integrante de la Unión de Trabajadores y afectados del Fovissste, Patricia Flores Rangel, exigió que las investigaciones previas sean desestimadas y que los funcionarios involucrados en el presunto fraude por más de 500 millones de pesos sean castigados.

También aseguró que les han ofrecido el retiro de las órdenes de aprehensión y el “perdón” si aceptaban un convenio, con el cual están en desacuerdo, pues los términos del mismo no son claros, además de que les piden a cada uno de ellos pagar montos de 100 mil hasta 300 mil pesos.