Asuntos Públicos: QUITAN A PODER JUDICIAL MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

Se la pasaron de humo al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández, y se enteró que le habían cercenado la función hasta que el Congreso local aprobó el pasado 8 de mayo la nueva ley de medios alternativos de solución es de conflictos enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Aunque la medición y conciliación en conflictos jurídicos no es directamente una función jurisdiccional, sino una instancia extra procesal en la que las partes de un una controversia de orden civil, mercantil, penal en delitos de querella, laboral y otras, llegan a un acuerdo precisamente para evitar un juicio, la anterior legislación que data del 2005 confería la tarea del Poder Judicial que más le viene desarrollando con su propio personal desde junio del 2006. Estos recursos del Poder Judicial -humanos, materiales y financieros- por disposición de la ley se transmitirán a un nuevo organismo.

No está clara la motivación de la nueva ley y ni las razones de la creación de una nueva estructura burocrática que tenderá a inflarse para entender un procedimiento conciliatorio que no es demandado por la población en sus conflictos legales. Pero lo que no deja duda es que no hubo confianza en que dicha tarea sigue a cargo directo del Poder Judicial, concretamente de su Consejo de la Judicatura, que creó el Centro para la Mediación de Conflictos (CEMCO) y se encarga de la supervisión de sus resultados.

Sorprendidos tanto como el magistrado presidente del Tribunal, encontramos que la nueva ley crea un organismo público descentralizado (OPD) con personalidad jurídica y patrimonio propio, que en el desempeño de sus atribuciones gozará de autonomía de gestión, técnica y administrativa denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz.

Si bien es cierto que la ley se indica que dicho Centro estará adscrito al Poder Judicial, su naturaleza de OPD excluye a este poder de toda injerencia; es decir, de casi todo, porque al Poder Judicial le tocará pagar los gastos que erogue el nuevo organismo. El presupuesto del Centro, que aprobará su Consejo Directivo, será enviado al presidente del Tribunal Superior de Justicia para su integración al presupuesto del Poder Judicial. Lo creamos acá (en el Ejecutivo) y que paguen allá (en el Poder Judicial).

NOMBRARÁN TRES CONSEJEROS

confirma la exclusión del Poder Judicial -salvo como pagador del presupuesto- la integración y nombramiento del Consejo Directivo del nuevo organismo. La facultad de nombramientos de los tres consejos, quienes deben cumplir lo mismos requisitos que los magistrdos, se atribuyen al Congreso local y la propuesta al Gobernador del Estado.

Ni a oler se la dieron al magistrado Sosa. Quizá por eso, y ante el asombro de sus colegas a quienes les ha presumido que tiene al gobernador en la bolsa y bloffea que se enfila sin problemas para su reelección en diciembre próximo, intenta desesperado cambiar la imagen de haber sido ninguneado e influir en la designación de los consejeros. Tiene -dicen- dos caras para proponer, dos de sus auxiliares directos, no mete las manos por la actual coordinadora del centro; ella, emparentada con otro magistrado, busca por su lado apoyos para que se hayan elegido los tres nuevos consejeros.

En su versión, Sosa dice que cedió y que por ello merece el colocar a los consejeros. Más bien se dio cuenta cuando ya se había aprobado la nueva ley. ¿Quiénes se apuntan, del lado del Ejecutivo, para los tres nuevos huesos?

OPORTUNIDADES, DEL PAN

no descubre el hilo negro del uso electoral de los programas sociales federales que hizo el PAN durante el periodo en que gobernó en el país, el investigador de la UNAM. Emilio Villazaretea; ha sido documentado antes en otras investigaciones y señalado infinidad de veces por partido infinidad de veces por partidos rivales en el marco de las competencias electorales. Sin embargo, su estudio Partidos Políticos, Programas Sociales y Elecciones Locales tiene el valor de estar sustentando por datos recientes, que corroboran el trafico clientelar con recursos públicos, la correlación entre beneficiarios y el padrón de militantes del PAN. Entrevistado ayer en un programa radiofónico, el investigador de la UNAM hizo un recuento del manejo electoral desde el gobierno de Fox con Josefina Vázquez Mota a cargo de la Sedesol y llevado a las cifras actuales y concretamente a Veracruz, informó que casi el 20 por ciento de los beneficiarios de oportunidades están afiliados al PAN. De los 17 mil 193 que le quedaron al PAN, luego de la desbandada de fin de año, 3 mil 348 están en el padrón de beneficiarios. Otro dato relevante que aportó es que la reducción de la militancia nacional del PAN a 205 mil militantes lo colocó en un número inferior al que la legislación electoral exige a los partidos políticos para conservar su registro. Claro, como son parte del Pacto por México, no se esperaria una acción legal para pedir se les cancele su derecho al registro y a la millonada que reciben de financiamiento público. Aunque sí deja en evidencia su escasa representatividad una vez que dejaron el poder.