Asuntos Públicos: EX GOBERNADORES

El caso del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, del PRI, ahora arraigado en el DF, acusado de peculado y ejercicio indebido del poder por su sucesor, Arturo Núñez, del PRD, de abre un nuevo capítulo en el país del tratamiento de la justicia a servidores públicos bajo condiciones de reveló del poder de los estados.

Previamente expuesto en los medios, no sólo de los montos del presunto desvío, sino de los signos de su riqueza y ostentación -su guardarropa, incluido zapatos-, además de la captura de sus tesorero de Ferraris, igualmente balconeado en sus lujos y el paquete de dinero en efectivo confiscado, el ex gobernador de Granier, un apestado hoy hasta para sus correligionarios del PRI que ya marcaron distancia, viene a confirmar las viejas reglas del sistema respecto a la rendición punitiva de cuentas. Excepcional, aunque no imposible que se produzca en sucesiones entre miembros del mismo partido, cuando se trate de grupos enfrentados, la regla no deja de ser que las acusaciones provengan de una alternancia partidista en el poder del Estado.

Por ello no es casual que además de Granier, al menos otros dos ex gobernadores, aunque sin los reflectores de éste, también enfrenten imputaciones por desvío de sus sucesores de otro partido en el Gobierno del Estado. El panista Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, tienen una orden de aprehensión -detenida temporalmente por juicio de amparo-, acusado de peculado por el gobierno del prrista Carlos Lozano de la Torre, y en Jalisco no demoran en enjuiciar al panista ex gobernador Emilio Gonzáles -varios de sus colaboradores ya están presos-, a quien el gobierno del PRI de Aristóteles tiene en la mira y cómo pasó previo el Congreso local y su órgano de fiscalización le señalan un daño patrimonial por varios miles de millones de pesos.

A pesar de las escaramuzas en Oaxaca en el predio pasado entre el saliente Ulises Ruiz, del PRI (2004- 2010), y su sucesor Gabino Cué de la alianza PRD-PAN, los amagos de enjuiciamiento se desvanecieron bajo sospecha de haberse negociado el carpetazo.

En cambio, otros gobernadores condenados mediáticamente, pero sin que se haya dado la condición de la alternancia partidista, como los priistas Humberto Moreira de Coahuila y Fidel Herrera de Veracruz, la libraron sin mayores problemas legales.

ENTRE LA MISMA FAMILIA

La otra variante de ejecuciones de ex gobernadores de sucesión dentro del mismo partido, aunque menos común, también registra algunos casos. En el pasado reciente, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, (2000-2006) fue procesado en 2011 por su sucesor Juan Sabines (2006-2012), quien lo acusó de diversos ilícitos patrimoniales inclusive hasta de la muerte de unos bebés en un hospital del estado. Salió exonerado en diciembre pasado.

Ambos procedían de la colisión PRD-PT-Convergencia, pero sus intereses políticos chocaron en la coyuntura electoral chiapaneca.

De la misma categoría, el ajuste de cuentas entre grupos políticos, lo ocurrido en Veracruz con la detención y proceso en 1996 al ex gobernador sustituto Dante Delgado Rannauro (1988-1992) junto con dos de sus secretarios de despacho, aplicada por su sucesor priísta Patricio Chirinos Calero (1992-1998), por cierto, instrumentada gozosamente por el entonces también del PRI secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares. Aunque había elementos para la causa de Dante Delgado por peculado y daño patrimonial del Estado, la acusación se presentó hasta que esté rompió con el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, y se metió a formar otro partido político, cuando la acción penal ya había prescrito y por ello salió libre en 1998.

El caso Grenier forma parte del paquete de juicios penales a ex gobernador es que se desarrolla bajo la presidencia del priista Enrique Peña Nieto. La ausencia de contrapeso en los estados, así como los amplios márgenes de autonomía ganados por estos -en su mayoría del PRI- durante los dos sexenios en que gobernó el PAN en la República, han permitido los excesos en el ejercicio del poder público. El ingrediente del retorno del PRI a la Presidencia de la República introducen nuevos elementos en la estructura del poder que tienden a subordinar a los gobernadores al eje presidencial, ya se irá viendo cómo evoluciona este reacomodo de poderes; lo saludable para el avance democrático es que se limiten los virreinatos, pero tenían la monarquía.

Hasta ahora la rendición de cuentas de los gobernadores está condicionada no a los controles institucionales, sino a las motivaciones de venganza política, alternancias partidistas, ajustes de cuentas con negociaciones entre los grupos en el poder. El caso Granier confirma la regla.

TOMA PARTIDO LA UV EN LA ELECCIÓN MUNICIPAL

Más que tendenciosas se observa la encuesta sobre preferencias electorales para la presidencia municipal de Xalapa elaborada por la Universidad Veracruzana (UV), publicada ayer en un medio local. El supuesto estudio elaborado por el Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística de la Facultad Estadística de la UV coloca en el primer sitio a Dulce Dauzón, de Movimiento Ciudadano con 27.8%, seguido de Américo Zúñiga, del PRI, con un 26.8%, en empate técnico; en el tercer lugar ubica a Abel Cuevas del PAN con 20.8%, luego a Marcos Salas del PRD, con un 5.2% y a Edith Rodríguez del PT, con 1.2%.

Lo curioso de la encuesta, de la que se dice tomó una muestra de 1,108 personas, y tener una confiabilidad de 95%, es que omite toda mención de la fecha en que fue levantada -omisión también admitida por el diario que la insertó-, además del aval malintencionado de los datos a que se ha prestado.