Asuntos Públicos: MUTILAN TAMBIÉN AL TRIBUNAL LABORAL

Mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial del Estado, magistrado Alberto Sosa Hernández, hundió su cabeza de pocos pelos, como el avestruz, frente a la promulgación de la nueva Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos que borró de sus funciones la conciliación en controversias jurídicas, tuvo que sacar la cara y exponer la queja públicamente el magistrado Andrés Salomón Rodríguez.

Aprovechando la celebración del aniversario 21 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual tiene competencia para resolver las controversias laborales en la administración estatal –entre los poderes del estado, órganos autónomos y ayuntamientos con sus trabajadores– el magistrado Salomón lamentó que el Poder Judicial haya sido ignorado por el Ejecutivo en la citada ley por la que se creará un órgano descentralizado para efectuar la conciliación extrajudicial en diversas materias legales, civil, penal, mercantil y otras, incluyendo la rama laboral.

No le falta razón al magistrado Salomón, pues aunque a primera vista la principal área del poder judicial afectada es el llamado Centro de Mediación, que será absorbido por el nuevo órgano –el Centro Estatal de Justicia Alternativa–, más profunda y delicada es la mutilación al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Lo que para el Centro de Mediación, dependiente del Consejo de la Judicatura, significa sólo su encuadre en otra estructura burocrática más pomposa –una OPD que tendrá 3 consejeros con rango de magistrados–, seguirán haciendo lo mismo pues ya realizaba la función de mediación en todas las materias, para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje representa un cercenamiento en su procedimiento ordinario.

Como es sabido, en el modelo procesal mexicano del derecho del trabajo, mismo adoptado para las controversias laborales en la burocracia de Veracruz, contiene en sus primeras fases la instancia de la conciliación entre trabajadores y patrones. No por casualidad la primera audiencia que sigue a la demanda se llama de conciliación, demanda y excepciones.

DILATARÁ EL PROCEDIMIENTO

La nueva ley aprobada el pasado mes de mayo dispone que «tratándose de conflictos laborales competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el órgano jurisdiccional, una vez recibida la demanda, la remitirá de inmediato al centro estatal para que desarrolle el procedimiento de conciliación previsto en esta ley». La demora que introducirá la intervención del Centro en el procedimiento laboral de la burocracia local es evidente. Ahora el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en vez de iniciar de inmediato la conciliación (¿se renombrará tras la mutilación?) tendrá que abstenerse de hacerlo, no obstante contar con una unidad de conciliación y los servicios al trabajador de una Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores. Remitida la demanda al Centro, éste desahogará sus invitaciones a las partes, para quienes no es obligatoria la conciliación, por lo que pueden no asistir, pero dicho centro tendrá que esperar hasta tres invitaciones desairadas o 4 sesiones sin llegar a un acuerdo para terminar su procedimiento. Hasta entonces, la demanda sería devuelta al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Sin que se tenga aún clara la motivación del Ejecutivo (y sus asesores) al desplazar la función de mediación al ámbito administrativo (la que por demás no es muy recurrida para la solución de conflictos legales en nuestro medio), pero con cargo al presupuesto del Judicial, salvo la presunción de falta de confianza en ese poder o la pretensión de acomodar a los de la lista de espera, la inclusión como obligatoria de la materia laboral en el nuevo Centro de Justicia Alternativa resulta desacertada y revela ignorancia de su procedimiento.

Salomón no se quedó callado, pues la nueva ley le pega directamente a su materia. En cambio, el magistrado Sosa, quien por cierto desairó a Salomón en su aniversario, anda más ocupado en presumir su inminente reelección como presidente del Tribunal Superior de Justicia y en colocar a dos de sus auxiliares entre los nuevos y flamantes consejeros del Centro que serán propuestos por el gobernador y aprobados por el congreso local.

DELITOS ELECTORALES

Con el tiempo encima para la celebración de las elecciones locales de 212 ayuntamientos y de diputados al Congreso local, faltan tres semanas para la jornada del 7 de julio, no se esperan muchos resultados del acuerdo ayer suscrito entre el Gobierno del Estado y la representante del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) con Alfredo Orellana Moyao, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Supuestamente, llevarán a cabo coordinadamente cursos y talleres en materia de difusión y prevención de delitos electorales, capacitación a servidores públicos y ciudadanía para que conozcan las reglas y funciones «que marca la ley Federal Electoral» (y suponemos que también del Código Penal del Estado, particularmente en su título «Delitos contra la Función Electoral», aplicable en la elección en curso).

Más que la capacitación, para la que no hay tiempo, se trataría de difundir mediante una campaña informativa el extenso catálogo de conductas delictivas en materia electoral en la que pueden incurrir ciudadanos, ministros de cultos, funcionarios electorales, servidores públicos y militantes de partidos en contra de la libertad de sufragio y el voto secreto, el uso de recursos públicos, la certeza y legalidad de la elección. Sin embargo, en el escenario de cada elección se repiten las prácticas de la compra del voto, la coacción al votante, la recolección de credenciales de elector, desvío de fondos públicos en apoyo a candidatos y partidos, el acarreo de votantes, y hasta la negociación de las actas de cómputo; no por ignorancia de la ley, sino por «estrategia electoral». Se trata de que no los cachen. A ver si sirve de algo el convenio con la Fepade, aparte de tomarse la foto.