Asuntos Públicos: LA DECISIÓN SOBRE EX GOBERNADOR

Todavía hay muchas interrogantes acerca de la decisión del gobierno del priista Enrique Peña Nieto de tomar como propio el caso de corrupción del ex gobernador del PRI en Tabasco, Andrés Granier Melo (2006-2012), y si tal medida será excepcional –de coyuntura– o será una política que podría ser aplicada en otros casos de ex gobernadores igualmente acusados de malversar el presupuesto público en beneficio personal y, a futuro, a los altos funcionarios de los estados que eventualmente sean foco de investigaciones ministeriales.

El tema de la acusación por desvíos al el ex gobernador de Tabasco llevaba la lógica de la situación de la alternancia partidista, modelo en el que el sucesor de partido distinto llama a cuentas al saliente de partido rival, similar al que hoy enfrentan los ex gobernadores panistas de Aguascalientes y Jalisco por parte de sus sucesores del PRI, y no distinto a las imputaciones al ex gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, que le hizo en su momento Gabino Cué, aliancista del PRD, MC y PAN. En esa lógica de ajustes de cuentas entre grupos políticos estatales no figuraba en la época reciente de la alternancia panista en el Gobierno Federal la intervención de la Presidencia de la República.

Es por ello inédita la injerencia del Gobierno Federal y todavía más porque el gobierno de Tabasco ejerció originalmente las acciones penales, que están en curso, en contra del ex gobernador y varios de sus colaboradores, entre otras por un daño patrimonial cercano a los 2 mil millones de pesos y por el cual están detenidos en Tabasco el ex tesorero y otros operadores de las transacciones financieras. Sin embargo, extrañamente el Gobierno Federal les ha quitado el reo principal; a su ingenuo retorno del extranjero, Granier compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR), luego fue arraigado por el gobierno de Tabasco, pero ayer se conoció que la PGR le formuló acusaciones por delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por los cuales un juez federal concedió la formal prisión en contra de Granier.

¿Por qué meterse el Gobierno Federal cuando ya había acusación del Gobierno del Estado de Tabasco por los delitos de peculado e incumplimiento del deber legal, que son del fuero común y competencia de la autoridad estatal? La respuesta que viene más inmediata es que intenta colgarse ante la opinión pública la medalla del combate a la corrupción, tomando a un político desacreditado en los medios, donde ya ha sido juzgado por sus excesos en adquisición de bienes y en especial su guardarropa y zapatos. Otro elemento es que Granier no sólo perdió su propia sucesión, sino también la elección de Peña en su estado, lo que agregaría el ingrediente de la sanción por ineficaz.

Agotado el caso del encarcelamiento de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, en prisión por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero en el olvido de los medios, la nueva acusación a Granier reavivaría la imagen del gobierno de Peña como implacable con los corruptos.

Otra hipótesis sería enseñar el garrote a los gobernadores, especialmente a los del PRI, que se vean en el espejo de Granier a fin de profundizar la subordinación en que los ha colocado la restauración de la presidencia priista, nugatoria del federalismo.

ROMPE PREMISA DE ALTERNANCIA ESTATAL

Pero aparte del bono de imagen temporal –y el castigo por torpeza electoral–, meterse en con el ex gobernador de Tabasco expondrá al Gobierno Federal a juicios de congruencia. ¿Participará también la PGR en las investigaciones contra los otros ex gobernadores hoy acusados de enriquecerse en el cargo, como son los de Aguascalientes y Jalisco, y en su caso acusará a los panistas Luis Armando Reynoso y Emilio González, respectivamente, de lavado de dinero y defraudación fiscal? Y si se rompió la premisa de la alternancia en el gobierno estatal para proceder a las acusaciones, ¿llamaría a cuentas a los ex gobernadores de Coahuila y Veracruz, Humberto Moreira y Fidel Herrera, señalados de haber endeudado excesivamente a sus respectivos estados?

El precedente más próximo de acusación federal en contra de un gobernador data aún de la era priista, previa a la primera alternancia; el gobierno del priista Ernesto Zedillo acusó de tráfico de drogas y delincuencia organizada en 1999 al gobernador del PRI de Quintana Roo, Mario Villanueva, El Chueco, al final de su mandato; estuvo prófugo un par de años y fue capturado en el primer año de Vicente Fox y años más tarde extraditado a los estados Unidos.

DOS GOLONDRINAS NO HACEN VERANO

No obstante el caso de la maestra Gordillo y ahora el de Granier, el gobierno de Peña no se ha destacado en lo que lleva de gestión por un eficaz y legítimo combate a la corrupción. Al igual que en lo económico, en esa materia van lentos, nada ha pasado aún de la legislación para aumentar la transparencia y penalizar el abuso en los recursos públicos. La banda panista aún está impune –va lenta la caza de los beneficiarios de las fiestas del Bicentenario, la Estela de Luz y las triangulaciones del Turissste, los fraudes a Pemex y otros más. El botón de evidencia, ahí sigue congelada la denuncia presentada por el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, en contra del ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, y su hijo, ex delegado de Oportunidades de Sedesol, por enriquecimiento ilícito. Ambos con un ostentoso patrimonio, por todos conocido en Veracruz, tan sólo sus mansiones y numerosos bienes, que no se corresponde con sus declaraciones e ingresos en cargos públicos, fácilmente tipificables en los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. ¿Por qué Granier y no los demás?