Asuntos Públicos: REFORMA JUDICIAL

Cuando ya no se esperaba y era previsible que la congelaran como había sucedido en otras legislaturas a iniciativas similares, este martes el Congreso local aprobó en primera ronda una recortada reforma constitucional al Poder Judicial del Estado.

Finalmente se dictaminó, rasuró y modificó la iniciativa presentada en diciembre de 2011 por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, misma que, aunque el magistrado presidente Alberto Sosa manejó por su cuenta y generó malestar interno en su momento, había recogido algunos antiguos planteamientos del cuerpo de magistrados. Dos de las añejas demandas del Poder Judicial quedaron zanjadas en la reforma; la económica fue rechazada y la política pasó.

En definitiva le dieron palo a la reiterada pretensión de establecer en la Constitución Política el mandato de que el presupuesto de ese poder no debería ser inferior al 3 por ciento del presupuesto del Estado –lo que implicaba cuando menos duplicar su monto actual– y de pasada al absurdo del actual presidente del Tribunal de querer saltar al Ejecutivo en la integración del presupuesto y presentarlo directamente, haciendo gala de poder, al Congreso local. Los argumentos del dictamen, obviamente de la mano del Ejecutivo, bajaron los humos de exigencia de mayores recursos inmediatos bajo la consideración de que invadía la esfera de competencia constitucional del Congreso, órgano que sería limitado, de concederse, en su facultad de aprobar los presupuestos de egresos anuales. Asimismo, sin mayor chiste, desecharon que el Poder Judicial presentara por su cuenta su presupuesto, ésta por pretender restar atribuciones al Ejecutivo para equilibrar los ingresos y gastos generales del estado. Palo dado a la equivocada conceptualización de la división de poderes y más al error de cálculo elemental de la factibilidad política.

Democratizan elección de presidente

La que sí salió fue la reforma para la elección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, actualmente electo por el llamado minipleno, compuesto únicamente por los 8 presidentes de las salas de ese tribunal, un mecanismo oligárquico, plasmado en la Constitución reformada del 2000, que excluye de tan importante decisión al resto de los magistrados. No tiene objeción considerar más democrático conceder la figura de un pleno electivo en el que participen los 30 magistrados integrantes del Tribunal Superior, en vez de sólo 8 de ellos, aunque esta nueva regla –de ser confirmada por el Congreso en su siguiente periodo ordinario de sesiones– introduce escenarios políticos aún imprevisibles para la renovación de su presidencia. Al respecto, lo primero a considerar es que las premisas de aplicación de la nueva regla del pleno-pleno son hoy inciertas. Por procedimiento constitucional están condicionadas a que sean aprobadas nuevamente en el siguiente periodo ordinario del Congreso –por mayoría calificada de dos terceras partes de sus miembros, 34 de 50, y después por las mayoría de los ayuntamientos en sesiones de sus cabildos. No le toca a los mismos, pues quedará sujeta a la próxima legislatura y a la composición de ayuntamientos que emanará del proceso electoral del 7 de julio. Si bien no debería haber ninguna resistencia a la ratificación, y más porque ha sido bien recibida por los magistrados, se cumple al menos con una de sus viejas demandas razonables, nada garantiza como se dará la composición política tanto del Congreso como de los ayuntamientos y cuál será su actitud frente a este tema de interés en el poder judicial.

Celebran la zanahoria

Tanto celebraron los magistrados el cambio de la regla electiva de su presidente, acaso fue la zanahoria, que poco caso hicieron del revés en sus aspiraciones presupuestales.

Por lo pronto, no pocos anticiparon la descomposición de los arreglos reelectivos de Alberto Sosa, cuyo periodo concluye a principios de diciembre, dedicado a cortejar al minipleno y a manipular las próximas designaciones de presidentes de salas (no torres) y a desdeñar y agraviar al resto de sus compañeros magistrados. De confirmarse la reforma, habrá aspirantes a la presidencia para dar y prestar; la campaña para la sucesión no sólo será más participativa, sino más compleja por los mayores amarres que tendrán que hacerse.

Los destapes ya comenzaron y, una de ellas, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, quien presumió tener los atributos y las faldas para ocupar la presidencia, una vez que se quite el control al «grupito» que hasta hoy decide.

ME ESTÁS OYENDO INÚTIL
En la euforia del festejo, como Paquita la del Barrio, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda le dedicó a Sosa «Me estás oyendo inútil». Declaró –sin nombrarlo, pues no hacía falta– que «muchas veces no se elige por capacidad sino que se elige como si se estuviera buscando a la reina de la primavera. Ahora tenemos que buscar a la persona más capaz, que conozca la realidad judicial y sobre todo que sea honesta y recta». Seguramente sabe, como otros tantos del Poder Judicial, entre otras de aquella adjudicación amañada para favorecer a una empresa sin experiencia y al precio exagerado de 181.9 millones de pesos, el estigma de Sosa, para construir en Xalapa el nuevo edificio judicial aun sin terminar. Encarrerada le dio la puntilla: «Cuando el ser humano no tiene la suficiente inteligencia, al subirse en un papel se marea, y muchas veces se tiene que soportar este tipo de vértigos que le da al ser humano, cuando las personas se sienten empoderadas se sienten dueños de la creación».

Se ve que dolió a Sosa la intervención de la magistrada, se le pusieron los pocos pelos de punta que de inmediato arremetió en contra de ella y le envió un mensajero en los medios con cargo al presupuesto del Poder Judicial.

Lo de menos

acostumbrados a la extravagante creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa como organismo público descentralizado que quitó recientemente por ley al Poder Judicial la función de conciliación y mediación en conflictos jurídicos, no se percibió al menos públicamente ninguna objeción. La reforma constitucional colocó extrañamente a dicho Centro como uno de los depositarios del Poder Judicial, no obstante que estrictamente, de acuerdo a la doctrina jurídica, no realiza una función jurisdiccional. Por más que pueda concluir un conflicto y se le considere «cosa juzgada» al acuerdo, no realiza actos de jurisdicción. Es claro que no aplica la ley normas específicas a un caso concreto para resolver un conflicto o litis entre las partes, característico de esa función, según los clásicos de las escuelas de Derecho, sino que efectúa una amigable composición; dicen los que saben, no es lo mismo. Aunque estará adscrito ese Centro al Poder Judicial, lo será únicamente para efectos presupuestales, insuficiente para considerarlo uno de los depositarios del Poder Judicial del Estado. Por cierto que no se aprovechó para renombrar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al que le mutilaron las funciones de conciliación para otorgárselas al Centro. Le hubieran puesto Tribunal Laboral o de lo Contencioso laboral, pero no de Conciliación, pues ya no concilia, ni es arbitro, sino únicamente juez.

Por otro lado, se sabe que en la operación del Centro –donde aún aparecen los tres consejeros, con rango de magistrados, que serán nombrados por el Congreso a propuesta del gobernador– andan hechos bolas por los numerosos asuntos laborales que les han comenzado a mandar para que concilien. Al ver la burocracia que se avecina en la integración del nuevo Centro de Justicia Alternativa, en el medio judicial, además de preguntarse a quién se le ocurrió tal disparate, se cuestiona para quién fue el diseño, mientras la rumorología propala que el presidente del Tribunal, Alberto Sosa, intenta compensar el desplazamiento, asegurando que cuando menos colocará a dos de los suyos como consejeros magistrados de la justicia alternativa. ¿Será?