Asuntos Públicos: SEUDODELITOS ELECTORALES

En las elecciones del país, en las que no suele prevalecer la civilidad entre los partidos políticos, candidatos a los cargos de representación y sus seguidores, como tampoco la observancia estricta de la ley, las autoridades organizadoras y órganos penales han dejado correr confusiones sobre algunos tipos de delitos electorales de muy frecuente denuncia, como los llamados compra y coacción del voto, cuya indebida comprensión –de buena o mala fe– contribuye a generar choques entre los militantes contendientes e incluso abusos de autoridad.

En ese marco de imputaciones del supuesto delito de compra y coacción del voto se han satanizado el almacenamiento y distribución de artículos utilitarios o de bienes de consumo o uso doméstico, incluidos alimentarios, tales como despensas, cobertores, láminas o cemento, creándose el falso estereotipo de que la conducta en sí misma de almacenar o repartir dichos bienes es delictiva.

Aunque no hay en la legislación electoral y penal de la República o del estado ninguna prohibición para que un partido o candidato almacene y regale esos productos a sus simpatizantes o al público en general, cada elección está plagada de incidentes de supuesta «caza de mapaches» o «lucradores de la necesidad» y no son pocos los casos en que se incurre en delitos de hacer justicia por propia mano y hasta se involucran autoridades ignorantes en detenciones en presunta flagrancia. En el actual proceso electoral ya se cuentan varios de esos excesos, y no de uno sino de varios partidos políticos. Las notas informativas han dado cuenta en varios puntos del estado de intercepciones de tráileres de cemento (en Coatzacoalcos), detección de bodegas (en Boca del Río, además en Xico y en Xalapa); otro caso sucedió esta semana en Catemaco, donde hubo grupos que saquearon las bodegas y se apropiaron de los productos del partido rival; el colmo del absurdo, en Chicontepec, hace un par de días, policías municipales dispararon e hirieron a presuntos delincuentes electorales que descargaban «despensas» con fines de «compra de voto», en grave error, pues resultó que las víctimas no eran sino campesinos que bajaban fertilizante de un camión.

Necesario, el condicionamiento del intercambio

En realidad, el tipo delictivo en el que puede estar involucrada la entrega de bienes está condicionado y no opera por el simple hecho de hacer el regalo. De acuerdo al Código Penal del estado, incurre en delito electoral quien «solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa», es decir, debe haber un claro intercambio del bien por el voto, lo que, es cierto, no resulta fácil de probar. Similar es el caso del delito para quien el día de la elección organice la «reunión y traslado de votantes con el objeto de influir en el sentido de su voto». No es el traslado, conocido despectivamente como «acarreo de votantes», sino que éste se dé «con el objeto de influir en el sentido de su voto». Por su parte, el código federal tipifica al que obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto o bien que mediante amenaza o promesa de paga o dádiva comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato.

Mientras no exista en la legislación la prohibición expresa de entregar como propaganda determinados bienes, partidos y candidatos son libres de obsequiarlos a quien quieran, siempre y cuando no estén condicionando el sentido del voto. En otras campañas electorales los candidatos de menores recursos recomendaban, especialmente a la población de gran necesidad, tomar lo que les dieran, pero votar por ellos.

La ignorancia de la ley a nadie exime de su cumplimiento ni libera de responsabilidad, pero las autoridades electorales y los integrantes del Pacto por Veracruz que difundieron información sobre delitos electorales, fallaron en precisar las condiciones en que regalar despensas o el cemento son constitutivos de delitos. Despense usted.

La otra elección, en vacaciones

Esta semana, con la publicación de la convocatoria a postular aspirantes, arrancó la elección de rector de la Universidad Veracruzana (UV), un proceso controlado por su Junta de Gobierno compuesta de 9 integrantes, que por más barnices y maquillaje de participación que le quieran dar, no es más que una designación cupular y oligárquica.

Las solicitudes de inscripción de aspirantes están abiertas y se cerrarán el miércoles de la semana próxima. Algunos ya manifestaron su intención de registrarse, entre ellos, la directora del Museo de Antropología, Sara Ladrón Guevara, y el director de la Facultad de Derecho, Manlio Fabio Cazarín, y del grupo del rector saliente, Raúl Arias Lovillo, su secretaria general Leticia Rodríguez Audirac, su secretario académico Porfirio Carrillo y su secretario de administración Víctor Aguilar Pizarro. Obviamente se inscribirá el ex rector Víctor Arredondo Álvarez y se menciona también al dirigente del Fesapauv, el diputado Enrique Levet Gorozpe.

La próxima semana se sabrá cuáles dados quedan dentro del cubilete de la Junta de Gobierno, por cierto, con un miembro menos, por ahora, debido a la renuncia de uno de ellos, lo que no será problema, pues la ley de autonomía les confiere facultades para designar el reemplazo sin tener que pasar por la molestia de que lo nombre el Consejo Universitario.

No es un secreto que la polarización de la competencia tiene hasta ahora dos principales contendientes, el que emerja del grupo del rector saliente –Carrillo, Rodríguez Audirac, o Víctor Aguilar Pizarro, y del otro lado el que tiene ansías de regresar –que no devolver–, Víctor Arredondo. Se sabe que se intenta una negociación entre ambos grupos rectorales, que alguna vez fueron aliados pero después rompieron, y de que si no se arreglan podría haber un tercero en discordia, que no necesariamente sería veracruzano, pero si ex integrante de la Junta de Gobierno y con respaldo en el Gobierno Federal, concretamente en la Secretaría de Educación Pública.

Conforme al calendario del proceso, la Junta de Gobierno recibirá «opiniones» de la comunidad universitaria del 5 al 15 de agosto, al día siguiente emitirá la lista de los aceptados y los entrevistarán individualmente. El 28 de agosto habrá el humo blanco.

La designación del rector, como se sabe, requiere de la mayoría calificada de los miembros de la junta, es decir, sólo seis votos de los grandes electores del destino de la dirección universitaria para los siguientes 4 años. No hay para que darle más vueltas, ganará el que controle a seis de los miembros de la Junta de Gobierno.

Para que sea más intensa y democrática la participación de la comunidad universitaria, la elección de su rector se desarrollará durante el periodo vacacional.