Asuntos Públicos: CENTRALISMO LEGISLATIVO

El fugaz periodo extraordinario de sesiones celebrado en los dos días pasados por la Cámara federal de Diputados, además de mostrar las rivalidades entre las cámaras del Congreso de la Unión, especialmente en el tema del la regulación de la deuda pública, exhibió la tendencia al centralismo legislativo que se abre paso en la República.

Los tres asuntos aprobados tienen que ver con el establecimiento de marcos legales por parte del Congreso de la Unión a los que deberán someterse las entidades federativas y no por casualidad en todos ellos se otorgan al Congreso federal facultades expresas o se amplían las existentes, cambiando el balance de atribuciones entre ambos órdenes de gobierno en cuanto al principio según el cual las facultades que no tiene conferidas la Federación expresamente, se entienden reservadas a los estados.

En materia penal, fue aprobada la reforma a la Constitución proveniente del Senado, que concede facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las esferas de gobierno. También se incluyó la atribución al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Esta reforma se enviará a las legislaturas de los estados para su aprobación y concluir el proceso de cambio a la Constitución, y una vez cerrado, su consecuencia para Veracruz es que derogará el Código de Procedimientos Penales de la autoría del diputado Eduardo Andrade, mismo que se ha comenzado apenas aplicar en los juicios orales en algunos distritos judiciales del estado, e igual suerte tendrá la recién aprobada Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, que todavía ni siquiera ha integrado el Consejo previsto por esa ley para el nuevo organismo descentralizado, denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa.

La segunda reforma aprobada en la Cámara de Diputados y que regresará al Senado por cambios menores es en materia de Registro Público de la Propiedad. Por ella, tendrá el Congreso de la Unión facultades para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de entidades federativas y catastros municipales. Habrá que conocer la legislación secundaria que aprueben para ver el alcance de los cambios a la legislación estatal, pero de lo que no hay duda es que las directrices de la materia las dará ahora el centro.

Control de deuda pública en estados y municipios

La tercera reforma a la Constitución es en materia de «disciplina financiera de los estados y municipios», la cual incrementa los controles existentes para la contratación de deuda pública y concede mayor intervención a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión.

Esta reforma, que responde a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de ordenar y contener los crecientes niveles de endeudamiento en los estados y municipios, incluida en su programa de gobierno y en la agenda del Pacto por México, aunque consensuada en su contenido, ha derivado en fricciones entre el Senado y los diputados. Procesada como cámara de origen en el Senado, en el primer periodo ordinario se remitió a los diputados, quienes se molestaron al considerar que la facultad de iniciativa es exclusivamente suya, entrando a un debate de competencia constitucional al ahora pretenden haber dado salida. Los diputados hicieron mínimas reformas, concentradas en atribuirse las facultades de supervisión a los programas de endeudamiento que se había arrogado el Senado y manteniendo la mayoría de los puntos, a la que le llamaron una «iniciativa espejo», replica de la enviada por el Senado, adonde ahora enviaron «su reforma aprobada».

A ver qué hacen en el Senado (hasta septiembre) cuando reciban la reforma aprobada por los diputados, que salvo la sustitución de éstos donde antes eran los senadores, es prácticamente la misma. La jefatura de ambas cámaras tendrá que meter orden para que de una vez salga y no se la pasen en el ping pong, discutiendo a que cámara del Congreso le son propias y exclusivas las facultades.

Entre las innovaciones que pretenden ser marco constitucional que obligue a estados y municipios se encuentran nuevas las bases para que la Federación, estados y municipios puedan contratar empréstitos e incurrir en endeudamiento, afectar las participaciones o pagar deudas con fondos públicos; se impone la obligación de inscribir y publicar la totalidad de empréstitos en un registro público único, crear un sistema de alertas sobre manejo de deudas, así como sanciones aplicables a los servidores públicos. Limita el destino de la deuda a inversiones públicas productivas, prohibiendo expresamente se use para gasto corriente, condiciona el refinanciamiento o reestructura a que se haga bajo condiciones de mercado y somete los convenios basados en garantías de fondos federales a la sanción de la Cámara de Diputados, a la vez que faculta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar la aplicación debida de dichos créditos.

Asimismo, dispone que, en los estados, la autorización de sus congresos para contratar deuda se haga por mayoría calificada de diputados y no por mayoría simple, y ordena que los créditos de corto plazo de estados y municipios se liquiden tres meses antes de la conclusión del periodo, no pudiendo volver a contratarlos en los meses finales.

El nuevo federalismo

Después de los excesos en estados y municipios –que alegan sin gran credibilidad pública que el endeudamiento se ha debido a reducciones de ingresos y a cargas por servicios transferidos por la Federación, como salud y educación– les llega un trato de menores. El poder central se erige como el responsable de meter orden en la casa y las reformas a la Constitución para crear nuevos balances de poder que limitan a los estados es el instrumento. En esa dirección ya se asoma la pretensión de crear un órgano electoral único y desaparecer los órganos estatales, entre otros embates antifederalistas.

La autonomía de los gobernadores, en su mayoría del PRI, acrecentada durante los 12 años de gobiernos panistas, viene en retroceso con la restauración de la presidencia priista. Sin embargo, el otro riesgo es la supresión de las esferas de las entidades federativas, la instauración del centralismo a ultranza. Es momento de revisar y replantear nuestro federalismo, antes de que se legitime constitucionalmente la república centralista, con gobiernos locales sólo de nombre.