Asuntos Públicos: CONTRATOS DE SALUD

Con el precedente del tormentoso y cuestionado contrato celebrado por el Gobierno del Estado en la anterior administración en 2008, con la empresa Finamed, para proveer equipo médico e insumos al sector salud por un periodo de 12 años, como se sabe aún en litigio, es inevitable que suene la alerta con el nuevo contrato ayer autorizado en el Congreso local también a largo plazo e igualmente para equipamiento de los hospitales.

Sin que todavía se haya finiquitado o resuelto el conflicto con Finamed de reclamos mutuos de la empresa y la Secretaría de Salud, por incumplimiento de contrato y diferencias en el valor de las prestaciones, ni avanzado la expropiación anunciada o que se sepa cuál es su estado del servicio, el nuevo contrato en puerta, pese a algunas diferencias en sus modalidades de contratación, resuena en similitudes.

El nuevo contrato, se dice, es de «arrendamiento puro» (el previo es de asociación privada-pública), se pagaría una cantidad mensual, tomada como renta, y a su término los bienes arrendados pasarían al patrimonio del estado, estaría comprometido hasta 8 años según la aprobación, 7 declaró el secretario del ramo. Además de la modalidad a plazo, en ambos se recurrió a la aprobación del Congreso y a la licitación pública como medio para seleccionar al proveedor, lo que ya se vio no es ninguna garantía de cumplimiento o buen servicio. La justificación de ambos es muy parecida y se ponderan «los esquemas novedosos» o «innovadores», así como las oportunidades de adquirir sin desembolsos extra presupuestales un equipamiento «de alta tecnología» o «tecnología de punta» para mejorar el servicio en los hospitales de Veracruz. Una diferencia es en el monto, el de servicios complementarios con Finamed fue de 6 mil 400 millones de pesos y el de arrendamiento será de 1,600 millones. En uno se pagarían 533 millones anuales y en el otro 228 millones cada año de vigencia.

No queda claro el alcance de los bienes del nuevo contrato y en qué medida sustituirá –si lo hará– al de los servicios complementarios de salud. Nadie se ha ocupado de aclararlo.

El secretario Nemi Dib destaca que sería para equipo de alta tecnología, aunque en sus ejemplos menciona hasta camas de hospitales. Asimismo, indica que se arrendarán 6 mil 500 piezas «para sustitución o faltantes», en cambio, el dictamen aprobado por los diputados apenas enumera 10 tipos de equipos, «entre otros», sin que se precise, además, ninguna relación con el contrato de «servicios complementarios de salud» de Finamed, pese a que entre las menciones, por ejemplo, Esterilizadores, Sistema de densitometría, Unidad de anestesia intermedia, Unidad para ultrasonografía, se sugiere que podrían tener la misma materia ambos contratos. Si este contrato de «arrendamiento» tiene que ver con el reemplazo del otro, es cosa que sólo los de Salud saben (a los diputados ni preguntarles), al igual que el destino de la operación con Finamed. ¿En qué quedaron, por fin?

Aprobada la celebración del contrato multianual y próxima a verificarse la licitación pública –ya se verá quién se lo adjudica–, esperemos que esta vez funcione el servicio contratado y no que dentro de unos años la siguiente administración venga a encontrar los vicios de las operaciones atadas a largo plazo, pero que en su momento se presentaron como grandes oportunidades de modernizar los servicios de salud.

REFORMA A PEMEX

Los preliminares de calentamiento de la reforma energética, principalmente al régimen de explotación del petróleo y de la paraestatal que se encarga de su administración, la principal fuente de ingresos del país, comienza de nuevo a polarizar las posiciones. Aunque el presidente Enrique Peña propuso el punto en su programa inicial de gobierno y se incluyó en el Pacto por México, todavía no ha generado su iniciativa, pero se sabe que contempla la apertura de Pemex a una mayor inversión privada, sin que el Estado, supuestamente, pierda la propiedad de los recursos petrolíferos. La dirigencia del PAN –al margen del Pacto–, ya anunció la propia, que incluye formas de participación para la inversión privada, en un presunto arreglo con el PRI y el gobierno de Peña para sacar la reforma constitucional que aperture más la zona de capital privado en la explotación petrolera. En cambio, en el PRD, la tercera fuerza, hay marcada división y polémica, la vieja resistencia a permitir la inversión privada, y ni se diga del grupo escindido del PRD, el ala ultra radical de López Obrador en su nueva organización Morena, que alerta con su reiterado y conocido discurso de la «entrega del patrimonio nacional». No será fácil sacar la reforma y quizá ese tema sea la liquidación del Pacto por México y el retorno en el corto plazo a las movilizaciones de protesta. El Senado comenzará una consulta –aunque algunos legisladores proponen se haga un referéndum nacional sobre el tema– previa a la discusión de las iniciativas que se presenten, las que se esperan para el próximo periodo de sesiones del Congreso que inicia en septiembre.

Entretanto, se suma a la polémica una encuesta (telefónica) recién elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que no le hizo ninguna gracia al presidente de la Mesa Directiva. Entre otros «hallazgos principales», la encuesta indica que el 54% de los entrevistados está en desacuerdo con que se permita la inversión privada en Pemex, y 36% de acuerdo; 55% está de acuerdo con la frase «la inversión extranjera en materia petrolera es un ataque a la soberanía nacional» y 32% en desacuerdo; En cuanto a la extracción de petróleo, 47% de acuerdo con que Pemex se asocie con otras empresas y 43% en desacuerdo; sobre la explotación de petróleo en aguas profundas, 73% opinó que Pemex debe desarrollar su tecnología y 24% prefiere que se asocie con empresas internacionales. Otros datos relevantes son que el 88% opina que existe corrupción en Pemex, 53% que la administración es mala, 40% quiere que mantenga el subsidio a las gasolinas; 60% piensa que Pemex es una empresa del gobierno, 34% que es de los mexicanos. El 67% sabe que se habla de una reforma a Pemex y el 80% que son los líderes sindicales los beneficiarios del sindicato.
Todavía habrá mucho sobre el tema.