Asuntos Públicos: PEÑA Y LA SEGURIDAD

La visita del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ayer a Veracruz tuvo muy poco que ver con la agenda local, al menos de manera abierta. Aunque fue recibido por el Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, quien lo acompañó en el acto de graduación de los cadetes de la Escuela Naval Militar, uno de los temas de la gira –además de la firma de un convenio entre la Marina y Pemex para la fabricación de buques–, la prioridad discursiva del presidente Peña estuvo centrada en los asuntos de seguridad pública.

Y no es para menos. En las últimas dos semanas la situación de la seguridad del país ha tenido profundos altibajos. La anterior de éxito, y la actual de alarma. En la primera, la Marina Armada de México capturó a Miguel Ángel Treviño, el Z-40, líder de la organización criminal conocida como Los Zetas, y por ello, en la ceremonia naval el Presidente hizo el merecido reconocimiento a la institución. Sin embargo, a partir de este lunes se recrudeció la violencia en el estado de Michoacán, mostrando que ahí se vive todavía un estado de guerra, de desafío abierto al estado mexicano y al régimen de derecho, no obstante que desde el pasado sexenio se han emprendido intensas campañas de las fuerzas armadas, continuadas hasta hoy, sin mucho éxito, por el actual Gobierno de la República. Como se ha registrado en los medios, la escalada de violencia comenzó con los ataques arteros de una de las organizaciones criminales allá asentadas, supuestamente los «Caballeros Templarios» a la población civil, organizada ya en «grupos de autodefensa», seguidos de una serie de emboscadas a la fuerzas federales con un saldo de más de 40 muertos y más de 20 heridos, cuya contabilidad dudosa reporta la mayoría de los caídos a los delincuentes. La intensificación de la guerra en Michoacán tapó inclusive otros incidentes de violencia criminal en otras entidades, como Guerrero, Zacatecas y Oaxaca, pero refutan las versiones oficiales anticipadas de que la criminalidad comenzaba a ceder.

Se descompuso el escenario. La ofensiva criminal de Michoacán –tras el éxito de la captura de un líder de cártel– revela que el sometimiento de la delincuencia y la baja en la violencia, objetivos de la política de seguridad, están todavía lejos de cumplirse y que el combate es aún en muchos frentes. Obligado por la coyuntura, el presidente se refirió al asunto: «En Michoacán, el Gobierno de la República está trabajando para regresar la paz y la tranquilidad a todos sus habitantes. Tiene y tendrá todo el respaldo para asegurar el estado de derecho en todas sus regiones», además de referir que ha dado instrucciones a las instancias federales de seguridad para reforzar el apoyo a las autoridades locales. La respuesta inmediata ha sido el envío de tropas, otros 2 mil elementos más.

No hubo de parte del presidente Peña alusión alguna a temas del estado de Veracruz, aunque posiblemente el Gobernador Duarte haya podido tratar alguno, pero en forma privada. Con todo, en el contraste, afortunadamente nuestro estado no es en esta ocasión noticia de los partes de guerra. Ya no es foco rojo, desde el norte hasta el sur existe tranquilidad, confirmó ayer el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, mientras hacía tiempo en un café del Puerto esperando la hora de la ceremonia oficial con el presidente Peña en Antón Lizardo. Ojalá y así siga.

ANTILAVADO

Hace una semana entraron en vigor las disposiciones de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida coloquialmente como ley contra el lavado o «blanqueo» de dinero. Esta legislación aprobada en el último año del gobierno de Calderón agotó la vacatio legis prevista para iniciar su vigencia y ya no hay vuelta para la serie de nuevos controles dispuestos para identificar operaciones «sospechosas» (sólo falta el inminente reglamento), aunque muchos de ellos serán cargas de obligaciones de informar o ser investigado que involucrarán a personas que posiblemente no tengan que ver con el lavado de dinero.

Lo principal de las nuevas reglas son la extensión de los obligados en las actividades reportables, así como la disminución de los montos para hacerlo y la prohibición de efectuar transacciones con dinero en efectivo hasta cierto tope. Además de reiterar la inclusión del sistema bancario, se establecen nuevos informantes regulares de operaciones reportables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre ellos, vendedores, prestadores de servicios, notarios y corredores públicos. Con ello, mucha gente que no realizaba operaciones «reportables» en el marco legal anterior ahora verá sus datos transmitirse a la Secretaría de Hacienda, y será susceptible de ser investigado por presunto lavado de dinero. Por ejemplo, recibir un premio de juegos y sorteos por más de 41 mil 770 pesos, gastar en tarjeta de crédito más de 83 mil 208 pesos al mes, o comercializar tarjetas de prepago por 52 mil 131 pesos, comprar cheques de viajero por 41 mil 770 pesos, comprar joyería por más de 52 mil 131pesos o adquirir un vehículo de cualquier tipo por más de 415 mil pesos, contratar un traslado de valores por 311 mil 819 pesos o comprar un inmuebles por más de 519 mil 699 pesos. Si con la anterior ley la Secretaría de Hacienda recibió de 2004 a 2012 más de 40 millones de casos, hay que imaginar la multiplicación de los avisos que ahora tendrá y a ver si sirven de algo, además de para causar engorro a los obligados a reportar.

Por otro lado, es nueva la prohibición expresa de realizar y aceptar pagos en efectivo en moneda nacional o extranjera y «metales preciosos» en las operaciones y montos definidos, estableciendo sanciones administrativas y penales para los infractores. Está prohibido usar efectivo en la compra venta de inmuebles con valor de más de 519 mil 699 pesos y hay un tope de 207 mil 879 pesos para las operaciones de compra-venta de vehículos, joyería, pagos de premios de sorteos y toda transacción accionaria.

La ingeniería financiera del lavado de dinero de procedencia ilegal tiene demasiada especialización e ingenios, esperemos que la nueva ley contribuya a pegarle a la delincuencia organizada en una de sus ramas más intocadas, sus finanzas. Sólo así se justificarán las obstrucciones y molestias que ahora deberán tolerar los ciudadanos ajenos al blanqueo de dinero.