Asuntos Públicos: REFORMA ENERGÉTICA

Finalmente este lunes el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la tan anunciada iniciativa de reforma energética –misma que ya remitió al Senado de la República como cámara de origen–, centrada en la modificación del régimen de explotación de hidrocarburos y energía eléctrica, administrados por dos monopolios paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente.

Como se esperaba, el objeto central de la reforma es abrir la inversión privada en actividades de explotación petrolera y generación de energía eléctrica, hasta hoy reservadas en forma exclusiva a la Nación, por conducto de las empresas públicas y precisamente remover los candados legales previstos desde la década de los 50 en los artículos 27 y 28 de la Constitución de la República. Conocida desde su inicio la intención del nuevo gobierno de impulsar la apertura al capital privado, preferentemente extranjero, la duda, ahora despejada hasta cierto punto, era la forma y los alcances en que emprendería esa reforma al marco jurídico regulatorio del petróleo y la electricidad.

La reforma en esas materias ha sido desde hace tiempo tema de polémicas que involucran posiciones ideologizadas en las que los actores políticos se polarizan entre los que se rasgan vestiduras nacionalistas y los extremos del liberalismo económico en una discusión de difícil consenso que remite a los problemas de solvencia y sustentabilidad de las empresas públicas, especialmente en cuanto a Pemex, el principal sostén de los ingresos públicos en el país. Por ello, no extraña la reaparición del conflicto ideológico con motivo de su nueva inclusión en la agenda nacional, aunque esta vez las posiciones del PRI y del PAN, con cierta franja de afinidades, podrían superar legalmente la resistencia reiterada de los grupos de la izquierda, principalmente del PRD.

Con todo y que no se duda de la necesidad de mayores inversiones en los ramos energéticos para alcanzar una mayor competitividad y colocar a las empresas paraestatales en condiciones menos críticas a las que ahora presentan, la discusión sobre la reforma en sus aspectos políticos y técnicos todavía tiene mucho camino por andar y mucho más para alcanzar las expectativas difundidas por el propio Gobierno Federal, que a primera vista suenan exageradas y publicitarias. El presidente Peña, al dar a conocer su iniciativa, no se midió al ofrecer que con esa reforma se generarán cientos de miles de empleos, bajará el precio del gas y de la electricidad. Por otra parte, la iniciativa que se apropia de la figura de Lázaro Cárdenas, cuyo modelo de explotación petrolero de 1940 dice seguir, enfatiza que se mantendrá la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos, como himno «El petróleo es nuestro y lo seguirá siendo», se mantendrá el papel rector del estado en materia energética y que sólo se abre la oportunidad de celebrar contratos con particulares en una figura de «utilidades compartidas» para exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas y en yacimientos geológicos terrestres. Como Tata Lázaro lo dispuso en su época –eso dicen– poco después de expropiar el petróleo a compañías inglesas y norteamericanas en 1938.

LA INICIATIVA

Del documento se destaca el contraste, demasiada exposición de motivos para sólo unas líneas de cambio en el texto constitucional, las relativas a los contratos privados y la terminación del monopolio eléctrico.

Entre objetivos, diagnósticos y beneficios esperados –los retos en materia de hidrocarburos: exploración y extracción–, disminución de reservas y de producción, importación de gasolinas, elevadas inversiones necesarias para modernizar la empresa –y la situación de la industria eléctrica–, la revisión histórica al marco jurídico con especial cita del modelo Cárdenas y sus coincidencias y la explicación de las reformas, se echan 26 páginas para abrir boca. Además se anticipan fórmulas contractuales –contratos para exploración y extracción de petróleo, que las empresas realicen operaciones en aguas profundas con esfuerzos compartido, participación de terceros en toda la cadena de valor, pero no se incluyen en el texto legal que se propone, como tampoco la modificación al régimen fiscal de Pemex, del que se explica tendrá un pago de derechos más bajo que en la actualidad y que los remanentes podrán ser invertidos, indicándose que dicho cambio se presentará dentro de la reforma fiscal.

En cambio, la reforma va en un texto escueto de cambios en dos párrafos en sendos artículos de la Constitución, el primero al 27 y el segundo al 29. Lo sustancial de la reforma al párrafo sexto del 27 en cuanto al petróleo, es que si bien mantiene la propiedad de la Nación sobre hidrocarburos y prohíbe las concesiones, suprime la prohibición («ni contratos») en estos rubros, permisividad que se regulará en la ley reglamentaria, y sobre electricidad, que elimina la exclusividad de la Nación para «generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público», redacción que se reemplaza con «corresponde a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica», mantiene la prohibición de concesiones, pero agrega «sin perjuicio de que el estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes». De nueva cuenta manda la regulación a la legislación reglamentaria. La reforma al párrafo cuarto del artículo 28 relativo a los monopolios adiciona en su parte final: «tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución», el antes comentado.

JUEGO POLÍTICO

Al margen del debate y las movilizaciones que se anticipan, el proceso de reforma constitucional y de sus leyes reglamentarias abierto por la iniciativa presidencial, se resolverá principalmente en el Congreso de la Unión y por tanto el resultado depende de las composiciones partidarias y posibles alianzas legislativas para impulsarlas, modificarlas o frenarlas. Dados los pesos partidistas en las dos cámaras y el requerimiento de una votación de las dos terceras partes de sus miembros para pasar la reforma constitucional, el PRI, que es mayoría en ambas, pero insuficiente para esa reforma, necesita forzosamente de sumar a otras fuerzas partidistas. La izquierda, el PRD, PT y MC, son contrarios a la reforma, así que su aliado natural en este asunto es el PAN, que sin embargo tiene una propuesta aún mas privatizadora que la del PRI. La iniciativa panista considera las concesiones y sus líderes han opinado que la iniciativa del PRI se quedó corta. En el Senado el PRI y su aliado el PVEM cuentan con 62 legisladores, por lo que los 38 senadores del PAN son claves para alcanzar la mayoría calificada de 86 votos. De igual forma, el PRI, sumado al Verde, tienen 241 diputados y requieren de 334 votos, siendo por ello indispensable adicionar una buena parte de los 114 diputados del PAN. El valor concedido por el presidente y su partido a la reforma energética sube los bonos de la alianza con el PAN, que como se sabe pretende colocar por delante la reforma electoral. Así las cosas, no se duda en que les saldrá caro el voto panista para la reforma energética, proyecto milagroso que no ha convencido a la Bolsa Mexicana de Valores, a los ciudadanos escépticos, a los inversionistas extranjeros, ni a los medios internacionales. ¿Será que no son del PRI?